Las 'herencias' del anterior Gobierno limitarán la acción del primer año de mandato socialista

La capacidad de acción del Gobierno socialista durante el año próximo estará limitada, ya que los presupuestos de varios departamentos ministeriales para 1983 están comprometidos en casi un 80%, según afirmaron ayer altos responsables del PSOE para el proceso de transferencia de poderes.

Aunque se han venido registrando contactos preliminares desde hace seis días -sin contar los contactos previos entre Felipe González y Leopoldo Calvo Sotelo-, el verdadero proceso de transferencias, ministerio a ministerio, comenzó ayer. Comisiones ad hoc para cada departamento ministerial, compuestas por dos miembros cada una de ellas, comenzaron ya sus entrevistas paralelas con altos cargos de la Administración."Hasta ahora, no parecen haberse descubierto grandes bultos bajo la alfombra", comentó, gráficamente, un futuro responsable de la Administración socialista. Sin embargo, medios del PSOE indicaron que "había parecido innecesaria" la celebración de los tres últimos consejos de ministros -de uno de los cuales ni siquiera se ofreció la habitual referencia-. En alguno de estos consejos se trató un número de temas desacostumbrado por lo abultado, por más que muchos de ellos fuesen calificados oficialmente como irrelevantes (entre tales temas se incluyó, según informaciones aparecidas en la Prensa, la declaración de interés artístico nacional para dos viviendas de la ministra de Cultura, Soledad Becerril).

En un discurso pronunciado ayer ante el plenario de los grupos parlamentarios socialistas del Congreso y el Senado, reunidos ayer en un hotel madrileño, Felipe González se refirió a las dificultades que halla el traspaso de poderes: "nos encontramos con un Estado prácticamente inexistente, con las instituciones desarticuladas", dijo. "El verdadero reto es reformar lo que apenas existe, hacer un esfuerzo por organizar bien el Estado, que sea eficaz, honrado y al servicio del ciudadano". Dando las pautas de lo que será la actuación parlamentaria socialista, González dijo a sus diputados y senadores que "no debemos caer en la tentación del decreto-ley, ni pasar como un rodillo, como en alguna ocasión hicieron con nosotros, sobre la oposición".

Dos cuestionarios

Pero, en general, y salvo la dificultad de partida que supone el hecho de que algunos ministerios hayan comprometido ya gran parte de sus inversiones para el año próximo, sin hablar de las carencias del Estado, el proceso de transferencias se ha iniciado, dijeron las Fuentes del PSOE, con toda normalidad. Estos mismos medios subrayaron que, en realidad, en la sede central del partido socialista comenzaron a recibirse informes y dossiers a partir de la primavera de 1981; estos informes procedían de funcionarios simpatizantes de la UGT o el PSOE, "y muchos de ellos han resultado de gran utilidad para la elaboración del programa de Gobierno del partido, que se viene elaborando desde enero de 1981".Las comisiones de transferencias impulsadas por los socialistas trabajan de acuerdo con dos cuestionarios, uno genérico y otro más específico, elaborados bajo la supervisión de Joaquín Almunia -director de la parte económica del programa del PSOE- y Ciriaco de Vicente más tarde, encargado específicamente de las áreas de Sanidad y Consumo. Alfonso Guerra, que planea recorrer personalmente varios departamentos, es el máximo responsable de cuanto se refiere al proceso de transferencias.

Estas transferencias se conciben por el PSOE como un primer paso hacia la reforma administrativa, y en este mismo sentido se orientan las preguntas de los cuestionarios. "En una primera fase, se trata de hacer cuantificaciones presupuestarias, número de personal en cada departamento, temas en marcha y temas pendientes, etcétera. También se trata de elaborar un calendario de aplicación de las nuevas medidas, para evitar que ocurra, por ejemplo, lo mismo que en Francia, donde, por poner todos los problemas al tiempo sobre la mesa, se ha producido un atasco". De acuerdo con informaciones solventes, esta primera fase ha sido puesta bajo la responsabilidad de Joaquín Almunia.

La segunda fase se refiere a la concreción de las medidas en proyectos de ley, lo que será atrubuido a Virgilio Zapatero, presumible próximo secretario general del Grupo Parlamentario socialista. Por fin, la tercera fase tiene como finalidad la reforma de la función pública, y correrá a cargo de Joan Prat, actualmente secretario ejecutivo del PSOE.

En este último campo, se prevén reformas importantes, pero, a corto plazo, resulta poco probable un cambio sensible en el número y denominación de cada ministerio (aunque se da por segura, por ejemplo, una refundición de los departamentos de Economía y de Hacienda). A medio plazo, el PSOE piensa en dar nuevos pasos, como la desaparición del Ministerio de Cultura, cuyas competencias pasarán a depender, en buena medida, de Educación, el Departamento a cuyo frente estará, con mucha probabilidad, José María Maravall. Sin embargo, sí habrá variaciones, a plazo más corto, en la estructura interna de varios ministerios, y se sabe que varias subsecretarías, consideradas innecesarias, podrían quedar suprimidas dentro de no muchos meses.

En todo caso, la idea general que parece mover a los socialistas consiste en acelerar al máximo el inicio de todo el proceso: la propia sesión de investidura quedará adelantada en algunos días sobre el calendario previsto -si bien aún no se ha fijado la fecha definitiva- y ya existe un principio de consenso con la oposición para suprimir las tradicionales vacaciones parlamentarias de enero.

Pese a la declaración general de intenciones formulada ayer por Felipe González en su discurso ante los diputados y senadores, parece probable que en los primeros cien días del gabinete socialista sí se emplee con cierta profusión el decreto-ley, para impulsar las reformas de la Administración más urgentes.