Las lluvias de Lérida

Los MINISTROS de Agricultura y Obras Públicas del Gabinete de Calvo Sotelo se personarán hoy, por primera vez, en las zonas catalanas afectadas por las lluvias torrenciales y las inundaciones catastróficas de hace ocho días. Para mañana se anuncia el viaje del titular de Industria. En este retraso se halla una de las claves del profundo disgusto que existe en estos momentos en Cataluña por lo que ha estado sucediendo desde el día del desastre. Estas inundaciones se han producido cuando ya ha concluido la campaña electoral, y el despliegue de ministros centristas -con el presidente Calvo Sotelo al frente- que vivió el País Valenciano ha brillado en esta ocasión por su ausencia. En la sensación de agravio que se detecta en Cataluña no hay recelo por las ayudas que se movilizaron hacia las provincias de Alicante y Valencia, pero es continuo el ejercicio de la comparación.Las primeras estimaciones del carácter de los daños que ha sufrido Cataluña establecen que los perjuicios serán más duraderos que los de Valencia, porque, mientras en esta última provincia las zonas afectadas son esencialmente huertas que pierden una campaña agrícola, los territorios frutales arrasados en la provincia de Lérida tardarán tres años o más en recobrar su potencialidad. También han salido a la luz las deficiencias de funcionamiento de Protección Civil. El responsable de la provincia de Lérida se jubilé hace seis meses, sin que se considerara urgente cubrir la plaza. Ante una situación como la vivida, ni existía una red prevista de información ni se habían ensayado procedimientos. Todo ha tenido que hacerse, por consiguiente, como si Protección Civil no existiera.

No ha salido tampoco demasiado airosa la Administración autónoma. Han existido quejas sobre su respuesta ante el drama, una respuesta que ha sido también más voluntarista que estudiada. Se han detectado desconexiones entre la Generalitat y la Administración central, por un lado, y en algunos servicios autonómicos entre sí. Como telón de fondo, continúan enfrentándose las diferentes interpretaciones que existen sobre algunos traspasos de competencias, al tiempo que queda en evidencia la política de premiosidad a la hora de hacerlos efectivos con todas sus consecuencias. Esos contenciosos afloran ahora, tras las inundaciones, en la delicada determinación de quién debe hacer frente a los gastos de reconstrucción de lo destruido, porque una buena parte de Cataluña ha quedado con la red viaria seriamente cercenada y con la infraestructura agrícola gravemente afectada.

En momentos que resultan dramáticos para miles y miles de ciudadanos, la sensación de que entre el Gobiemo de Madrid y la Generalitat se abre previamente la discusión sobre a quien compete el remedio, sin que el remedio llegue, resulta desalentadora. La descentralización se ha hecho con más verbalismo que autenticidad, y lo que ahora se echa de menos es una política nítida de transferencias que no sólo cubra los servicios territoriales, sino que abarque también una dotación de medios suficientes para que las administraciones autonómicas tengan la posibilidad de absorber sus competencias.

Alfonso Guerra denunció ayer en Lérida, después de estudiar sobre el terreno lo sucedido, el trato adversamente discriminatorio que están recibiendo las zonas afectadas por las últimas inundaciones. Han coincidido para ello cosas tan diversas como la desbandada gubernamental tras las elecciones, el cansancio psicológico de la sociedad española tras el choque similar vivido días atrás por Valencia y la falta de experiencia en la cooperación entre las administraciones. La discriminación que ha vivido Cataluña tiene un marco concreto que es la pésima organización de los servicios del Estado. Algo que los ciudadanos han denunciado antes de que cayeran estas lluvias.