Las responsabilidades penales por la insolvencia del Banco de los Pirineos pueden alcanzar a todo el consejo de administración

La totalidad del Consejo de Administración del Banco de los Pirineos, así como sus administradores, en total más de veinte personas, pueden verse directamente implicados en responsabilidades de tipo penal tras el descubrimiento de nuevas pruebas contenidas en veintiún documentos que comprometen seriamente a los hermanos Torras Majem, que ostentaban la presidencia del Banco y detentaban el principal paquete de acciones.

Esta documentación, que se halla depositada desde hace una semana en la Audiencia de Barcelona y que está siendo objeto de investigación por parte del fiscal general, revela la existencia de numerosas órdenes de pago, por un valor total próximo a los ochenta millones de pesetas, emitidas por el administrador del banco a favor de los hermanos Juan e Higinio Torras Majem. También ha aparecido un documento de reconocimiento de deuda por valor de setenta millones de pesetas, suscrito por Higinio Torras a favor de la sociedad Fomento de Iniciativas Empresariales Sociedad Anónima (Fomine), de la que también era presidente. La salida de estas cantidades de las arcas del banco, se produjo tan sólo unos meses antes de que la entidad presentase expediente de suspensión de pagos.

Pagos sin justificar

Las sospechas que recaen sobre las posibles irregularidades de estas operaciones se fundamentan en el hecho de que no iban seguidas de las correspondientes inversiones o pagos que las pudieran justificar. Es decir, se trata de unas sumas de dinero que se repartían graciosamente los tres hermanos Torras entre sí. Según el resultado de las investigaciones del fiscal, toda esta nueva documentación podría ser presentada próximamente en el Juzgado de Guardia.En el mismo paquete de documentos figura una denuncia que afirma la existencia de una sociedad paralela, Industrial Pirineos Sociedad Anónima, que tenía como objetivo el control de las inversiones realizadas por el banco. Completan toda esta documentación numerosas fotocopias de avales de letras y efectos que no aparecen registrados en los libros de contabilidad del banco.

Paralelamente a estos hechos, el magistrado titular del Juzgado número 7 de Primera Instancia de Barcelona que entiende la suspensión de pagos del banco hizo público el pasado día 12 un edicto por el que emplazaba a los acreedores del banco a que formularan acusación en la pieza separada del expediente formada especialmente para "la depuración de responsabilidades en que hayan podido incurrir los consejeros o gerentes del banco".

Al parecer, además del fiscal y los interventores judiciales se presentarán como demandantes de responsabilidades la Caja de Ahorros de Logroño, el Banco General y la Caja Nacional Rural.

Aparte de estos acontecimientos, el expediente de suspensión de pagos continúa desarrollándose con toda normalidad, estando los perjudicados a la espera de que se formalice cuanto antes el convenio de acreedores para poder empezar a resarcirse de sus deudas. El plazo para la elaboración del convenio termina a finales de diciembre.

Inhibición de la Generalitat

En este sentido, el administrador judicial del banco, Laureano Humberto Ruiz de San Pedro, ha señalado que desde que se hizo cargo de la entidad se han recuperado 1.400 millones de pesetas efectivas y otros seiscientos millones en hipotecas de bienes realizables.Además, se han interpuesto 130 ejecutivos que junto a otros doscientos que se están tramitando en estos momentos pueden suponer la recuperación de quinientos millones de pesetas más.

El banco permanece con las puertas abiertas, en todas sus oficinas, a la espera de que se materialice alguna oferta de compra o absorción, operaciones en las que estuvieron interesados algunos bancos extranjeros.

Humberto Ruiz señaló que estaba recibiendo numerosas quejas por parte de acreedores del banco que manifestaban su indignación por el trato discriminatorio con que las autoridades monetarias habían abordado el asunto del Banco de los Pirineos en relación con el de Banca Catalana.

Para muchos perjudicados es difícilmente explicable que el Fondo de Garantías de Depósitos no haya podido equilibrar el desbalance del Banco de los Pirineos que presentaba unas pérdidas de 2.061 millones de pesetas, mientras que ha concedido una auténtica fortuna, próxima a los 100.000 millones de pesetas, para rescatar a Banca Catalana de una crisis, financiera mucho más aguda.

El administrador judicial se quejó del comportamiento de la Generalitat en la crisis del Banco de los Pirineos, siendo especialmente crítico con el conseller de Economía de la Generalitat, Ramon Trias Fargas, que "ha mostrado un extraordinario celo y preocupación por Banca Catalana dejando en el olvido a los perjudicados del Banco de los Pirineos". Por el contrario, elogió el apoyo que había recibido por parte del diputado socialista Ernest Lluch, que en vanas ocasiones había ofrecido su colaboración para buscar soluciones al conflicto.

El distinto tratamiento jurídico de que están siendo objeto las dos entidades bancarias en crisis fue también seriamente criticado por el administrador judicial del Banco de los Pirineos.

Humberto Ruiz señaló "la necesidad de que se desencadenen las responsabilidades pertinentes para estos delitos de tipo económico, puesto que las entidades que pasan al Fondo de Garantía de Depósitos por mala gestión o mala administración deben tener la misma consideración de orden jurídico que las que no estaban acogidas a aquellos beneficios. Lo que no se puede tolerar es que el Fondo de Garantías sea utilizado como paraguas protector que libere de las responsabilidades penales".