Hacia una policía universitaria

La ley de la Policía, de 4 de diciembre de 1978, creó una nueva corporación policial, integrada por los miembros del hasta entonces denominado Cuerpo General de Policía, y el adjetivo superior, yuxtapuesto al sustantivo cuerpo no fue una concesión demagógica ni gratuita. Obedeció, por imperativo de coherencia, a una elevación del carácter y naturaleza de las funciones con que quiso dotar el legislador a dicho colectivo.Esa ley, significativamente coetánea con la Constitución española, asignaba al Cuerpo Superior de Policía la misión de dirigir y coordinar los servicios policiales en general; y, específicamente, le atribuía las funciones, entre otras, de captación y análisis de las informaciones esenciales para el mantenimiento del orden y la seguridad pública; el estudio, planificación, y ejecución de los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia y demás comportamientos antisociales; la investigación de los delitos y la elaboración de informes técnicos y periciales en tal materia.

Un colectivo en el desempeño de funciones tan vitales para el buen desenvolvimiento de la convivencia social -funciones de evidente carácter técnico y entidad superior- precisa disponer de un personal adecuadamente preparado. Y esa preparación no se improvisa ni se adquiere en un cursillo de formación acelerada. Se requiere el mismo tiempo que se invierte en cualquier carrera de nivel superior. De ahí el acierto del real decreto que comentamos al determinar que los estudios en la Escuela Superior de Policía, para cuyo ingreso se exige titulación que posibilite el acceso a la universidad, constarán de cinco cursos académicos, los tres primeros comprensivos del ciclo selectivo y básico, y los dos últimos, del ciclo de especialización técnica.

Formación profesional

Como también parece elogiable que se introduzca un procedimiento de acceso a la escala de mando que conjugue más coherentemente que hasta ahora los valores de la experiencia con los de la capacidad y el afán de superación. Y, asimismo, que se prevea la realización de cursos permanentes de actualización y perfeccionamiento profesional, e igualmente la impartición de cursos complementarios, encaminados a equipar los conocimientos del actual funcionariado que no posea titulación universitaria ni de comisario con quienes cursen el nuevo plan de estudios.Una sociedad democrática y moderna, conturbada por la violencia terrorista y la amenaza del golpismo, sometida a los peligros de una criminalidad cada día más organizada y sofisticada, necesita ser protegida por un cuerpo de funcionarios capaces de conducirse como verdaderos técnicos y directivos de la función policial y que a unas profundas convicciones de servicio a las libertades públicas y a los derechos constitucionales de los ciudadanos unan un aceptable grado de formación humanística, jurídica, sociológica y científico-policial. El Estatuto de la Policía, redactado por el Consejo de Europa, es muy claro y pormenorizador a este respecto: "El funcionario de policía", dice, "debe recibir una formación general y profesional profunda, antes y durante su servicio, así como una enseñanza apropiada en materia de problemas sociales, libertades públicas y derechos humanos (...). La responsabilidad individual de un funcionario de policía es a menudo más pesada que toda responsabilidad delegada o asumida por cualquiera que ejerza una profesión comparable. Ello exige, para ser ejercida convenientemente y con discernimiento, un sentido elevado y una capacidad de juicio sin fisuras. La formación del personal de policía desempeña a este respecto un papel primordial". La acomodación del texto decretado a esta doctrina del Consejo de Europa es irrefutable.

Por lo demás, el actual equipo de dirección política y profesional de la policía ha venido efectuando notables esfuerzos dirigidos a acercar la institución policial al estamento universitario. Dan fe de ello la participación docente de catedráticos en los cursos de comisarios y el convenio de cooperación, en el área de la criminalística, establecido entre la Dirección General de la Policía y la Universidad Complutense. A partir de ahora, con esta reforma de la enseñanza a que estamos aludiendo se abren unas expectativas de intercomunicación policía-universidad que deben ser saludadas por toda la ciudadanía en razón a los beneficios que a ésta le depararán sin duda. En efecto, una policía adecuadamente formada será la mejor garantía de cabal ejercicio de la defensa de los derechos, libertades y seguridad ciudadana.

Hoy ya no es válido el detectivismo meramente artesanal, empírico e intuitivo. Nuestra sociedad necesita una policía moderna, altamente tecnificada e impregnada de los saberes universitarios. Y si algún lector, leyendo esto, se sintiera inclinado al fácil chascarrillo por recordar la presencia policial de otras épocas en los recintos universitarios, yo le invitaría a que reflexionara seriamente sobre la aportación policial en España al asentamiento de la democracia.