Todos los sindicatos representativos recibirán una parte proporcional de los 800 millones

Todos los sindicatos que ostenten representatividad -aunque ésta fuera de un solo delegado- recibirán una parte proporcional de los ochocientos millones de pesetas de subvención sindical establecidos como consecuencia del pacto firmado entre el Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT paralelamente al Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE). El Ministerio de Trabajo dictará nuevas instrucciones de acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba nulas las anteriores instrucciones para reparto de estos fondos.

Los sindicatos reconocidos oficialmente en el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC) rondan aproximadamente los trescientos, y de ellos pueden ser más de doscientos los que tengan algún delegado. Estos serán los que, durante tres años, recibirán su parte proporcional de los 2.400 millones de pesetas entregados a los sindicatos para atender servicios socioculturales.Con ello, se dará el caso de que sindicatos de escasa implantación, calificados de amarillos, o que se encuentran en el extremismo de izquierda o derecha recibirán por la vía de los Presupuestos Generales del Estado fondos destinados a su consolidación.

En cuanto a las cantidades ya repartidas, según informaron fuentes de la Administración, no parece que hayan de ser devueltas por los sindicatos que las han percibido hasta ahora, CC OO, UGT, USO, ELA-STV e INTG. Los fondos librados hasta el momento, y tras unos someros cálculos, no cubren su parte proporcional.

En cualquier caso, si alguno de los sindicatos hubiera recibido una cifra superior a la que le correspondería, le sería descontado de las anualidades siguientes.

El abogado Rafael Burlos, que en nombre de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) ha llevado el recurso interpuesto por esta organización contra los criterios con que la Administración ha distribuido los ochocientos millones de pesetas de consolidación sindical, señaló ayer que tal como recoge la sentencia de la Audiencia Nacional, el sistema empleado es atentatorio contra el principio de igualdad reconocido en la Constitución.

Los criterios de representatividad utilizados en este caso, los reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, "sólo tienen efectos", puntualizó el abogado, "para las elecciones sindicales y representación institucional. La Administración, y no hay que olvidar que existe un vacío en legislación sindical, tendrá que establecer el marco jurídico adecuado que establezca que se entiende por representatividad y cómo se controla ésta".

Un pacto no confirmado oficialmente

Las subvención a los sindicatos, consecuencia del pacto firmado en solitario por Gobierno, UGT y CC OO, en paralelo con las negociaciones del ANE, no ha sido hecho público salvo a través de las filtraciones efectuadas a diversos medios de información. Y aunque nunca ha sido negado del todo, no ha tenido confirmación oficial ni en cuanto a su contenido ni en cuanto a su alcance.Sin embargo, en los términos del pacto, tal y como ha sido conocido por la Prensa, se incluía que serían las centrales firmantes quienes aportarían los criterios con que habrían de repartirse los citados fondos. Medios de la Administración señalaron que la existencia de este compromiso "ha pesado de forma muy importante a la hora de dictar las instrucciones ahora anuladas por la Audiencia Nacional".

La fórmula bajo la que finalmente aparecieron en los Presupuestos no recogía fielmente el contenido de los acuerdos, y así, en lugar de reconocer el objetivo de consolidación sindical con que fueron negociados, se subrayaba que habían de ser destinados a actividades socioculturales y de formación.

Los 2.400 millones de pesetas comprometidos por el Gobierno en tres años, tienen, en el texto suscrito por las partes, carácter de a cuenta del patrimonio sindical acumulado. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT renunciaban, a cambio, a no presentar durante ese período reclamación alguna sobre el citado patrimonio acumulado.