Las poblaciones afectadas por las inundaciones recuperan paulatinamente la normalidad

Las poblaciones afectadas por las inundaciones del río Júcar recuperan paulatinamente las condiciones de habitabilidad y las comunicaciones, mientras sus vecinos permanecen abastecidos de ropa, víveres y medicamentos para hacer frente a la rehabilitación definitiva de sus viviendas y reanudación de la actividad laboral en los centros de trabajo de la comarca. Los políticos locales, por su parte, reclaman mayor celeridad y concreción a las medidas prometidas por el Gobierno para reconstruir la vida económica de las comarcas siniestradas.

Una semana después de la riada, todos los municipios contaban con servicio telefónico, en algunos casos restringido, con agua potable bajo control sanitario -incluso Carcagente, que la recibió en la tarde del martes- y con la comunicación por carreteras comarcales restablecida, a excepción de la que lleva a Millares. Los trabajos de limpieza, tarea que actualmente preocupa más, se están realizando con intensidad, y las redes de alcantarillado existentes van a ser revisadas por 20 equipos de saneamiento cedidos por el ayuntamiento de Madrid.Por otro lado, Protección Civil informó que en seis días se habían recibido más de 15.000 toneladas de alimentos, ropas y otras ayudas materiales para los damnificados. Sólo quedan por reparar dos vías de comunicación ferroviaria. La primera afecta es la línea que enlaza Silla con Cullera, con tres kilómetros destrozados, y la segunda, un tramo del trazado del tren de vía estrecha que enlaza Alberique con Villanueva de Castellón, en el que han desaparecido tres kilómetros, e incluso el puente metálico sobre el Júcar.

El aspecto más difícil, por la falta de expertos en la materia, es la reconstrucción psicológica. La gente, después de afanarse por comer, vestir, tener noticias de sus familiares y limpiar la vivienda, se encuentra ahora desmoralizada ante el cúmulo de dificultades, principalmente económicas, para volver a su ritmo de vida anterior.

Decepción por las medidas legales

El presidente de la Diputación Provincial de Valencia, el socialista Manuel Girona, manifestaba su decepción por el real decreto-ley que regula las medidas para los damnificados, porque "no suponen, en definitiva, ninguna ayuda concreta para los afectados; ninguna de las medidas supone la entrega del dinero contante y sonante que se necesita". Para Girona, el decreto-ley 20 / 82 no responde a la gravedad de la situación ni a las espectativas que los medios de difusión han divulgado pues "sus ambigüedades, sus inconcreciones y el marco de las medidas tomadas no ofrecen una esperanza de reconstrucción, rápida y eficaz".En su opinión el real decreto ley de enero de 1981 recoge una gama de actuaciones mucho más amplia de las que se han producido en el real decreto que "por su jerarquía normativa, puede y debe exceder de este marco regulador ordinario". Las ayudas a los damnificados particulares son, en su opinión, "mínimas". "Calvo Sotelo dijo que se aprobarían todos los decretos leyes que hicieran falta. Pues yo le digo", afirmó Girona, "que sí que hacen falta, porque lo único que ha habido hasta ahora ha sido apresuramiento y ayudas demasiado generales".

Estas manifestaciones coincidían con la entrega al Gobierno Civil de un escrito para que sea remitido a Luis Ortiz, ministro de Obras Públicas y Urbanismo, por el que la Diputación solicita vista y audiencia de a los expedientes sobre construcción de la presa de Tous y sobre la determinación de las causas de su rotura, "hecho que ha influido sin duda", en opinión de Girona, "en la agravación de la catástrofe; el primer expediente es solicitado para determinar el ejercicio de acciones judiciales en legítima defensa de los intereses de los pueblos afectados de la provincia.

Por otro lado, el gobernador civil de Valencia, José María Fernándel del Río, cuya actuación a lo largo de las inundaciones quedó en entredicho, ha manifestado que entre las ocho de la mañana y las 15.30 horas del miércoles, día 20, dio instrucción a las autoridades locales de veinte municipios sobre los peligros de la situación.