Un juez de Mataró toma declaración a 2.000 negros que trabajan en Ias explotaciones agrarias del Maresme
Unos dos mil trabajadores negros, empleados en las plantaciones agrícolas del Maresme, prestaron declaración ayer sobre su situación jurídica y laboral ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró. El colapso organizado, por la magnitud del número de declarantes, obligó a suspender los trámites, por lo que hoy y mañana se seguirán tomando declaraciones. La iniciativa ha partido del juez Rafael Gimeno, con la intención de abrir un proceso "contra el esclavismo y los negreros", en una clara denuncia a diversos empresarios agrícolas que tienen contratados ilegalmente a cerca de cuatro mil negros en la comarca del Maresme.
La situación de "ilegalidad y opresión laboral" en la que se desenvuelven los cuatro mil trabajadores de raza negra asentados en la comarca ha sido denunciada repetidamente en medios políticos y sindicales del Maresme. Simultáneamente a este movimiento de protesta, el juez instructor del Juzgado número 2 de Mataró, Rafael Gimeno, inició, hace unas semanas una serie de actuaciones, que culminaron el pasado viernes con una batida, a cargo de efectivos de la Policía Judicial y la Guardia Civil de toda la comarca, a fin de tomar declaración a todos los trabajadores de raza negra que se pudieran localizar, según ha explicado a este periódico el mismo juez.Los intentos de tomar declaración a los trabajadores negros en los mismos campos donde están empleados resultaron especialmente árduos, ya que muchos huían aterrorizados al ver los vehículos de la Guardia Civil. Pese a estos inconvenientes y a las aglomeraciones que se han registrado hoy en los juzgados, se estima que se ha conseguido tomar declaración a unos dos mil personas, lo que viene a suponer un 50% de la población negra del Maresme. Durante todo el día de ayer se registró un movimiento inusual en las estaciones de ferrocarril del Maresme, originado por el temor de muchos negros a prestar declaración, por lo que abandonaron sus habituales lugares de residencia.
Múltiples situaciones
La situación de estos trabajadores es diversa. Mientras una minoría se encuentra en condiciones de completa normalidad (con contratos, cartas de residencia y sueldos según convenios), otro pequeño grupo se encuentra en una situación paradójica: los empresarios que les dan trabajo están dispuestos a someterse a la legislación laboral, pero la ilegalidad de su estancia en España impide la solución. El mayor contingente lo constituyen quienes viven en la más absoluta ilegalidad, en condiciones calificadas por el juez de "esclavistas".Rafael Gimeno, que ha recorrido los campos del Maresme antes de decidir las acciones legales iniciadas ayer, explicó a EL PAIS que vivió experiencias espeluznantes, como el hecho de comprobar que algunos empresarios descuentan a los trabajadores dos mil pesetas diarias en concepto de comida, a pesar de que les alimentan sólo con arroz "porque la carne les hace daño". El juez está dispuesto a abrir expedientes individuales a cada empresario, con especial rigor en aquellos en los que se observe intencionalidad. Las penas por un delito de violación de los derechos laborales de la persona (artículo 499, bis, del código penal) oscilan entre uno y seis meses de prisión, y de veinte mil a cuatrocientas mil pesetas de multa. En medios sindicales del Maresme se especulaba ayer con la posibilidad de que una supuesta sentencia contraria a los empresarios podría obligar a estos a indemnizar a sus asalariados, equiparando las pagas al salario completando las pagas para equilibrarlas al salario mínimo. El juez afirmó que en su recorrido por los campos de la comarca comprobó que los trabajadores negros suelen recibir sueldos de 125 pesetas por hora y, en algunos casos, de cien pesetas por hora. La mayoría de estos trabajadores ilegales proviene de Gambia, Senegal, Nigeria y Camerún. Rafael Gimeno afirma que cualquier despido constará en el expediente abierto al empresario, y que la detención, por parte de la policía, de alguno de los trabajadores llamados a declarar significaría una violación de la Ley, ya que se hallan bajo protección judicial.
Fuentes del sindicato Unió de Pagesos han señalado que están de acuerdo con la acción judicial y que, a pesar de que el sindicato ha promovido entre sus afiliados la idea de que no se contrate a trabajadores negros cediendo a la tentación de la rentabilidad económica, obligará a cualquiera de sus miembros que hayan contratado trabajadores en estas condiciones a legalizar su situación.
