México emprenderá un rígido programa de austeridad, siguiendo las exigencias del FMI

El Gobierno mexicano ha decidido someterse a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para tener acceso a dos líneas de crédito por un importe total de 5.300 millones de dólares. Esto supone, entre otras cosas, una drástica reducción del déficit presupuestario, que este año puede llegar al 18% del producto interior bruto, y una gradual eliminación del control de cambios, pieza maestra de la nueva política económica instrumentada por López Portillo.

El director gerente del FMI, Jacques de Larosière, recibió ayer en su despacho de Washington, la carta de intención del Gobierno mexicano, firmada por el secretario de Hacienda, Jesús Silva. En un documento de dieciocho folios, éste analiza la coyuntura económica de su país, anuncia un rígido programa de austeridad y solicita la concesión de dos líneas crediticias bajo las fórmulas de servicio ampliado y financiamiento compensatorio.En el primer caso, el monto del préstamo se obtiene de multiplicar por 4,5 la cuota mexicana al FMI, que es de 805 millones de derechos especiales de giro (885 millones de dólares). Esto supondría una cantidad cercana a los 4.000 millones de dólares, que México podría disponer en un plazo de tres años. Este tipo de crédito es el normal que concede el FMI, y se prevé que pueda concretarse en el curso de los próximos diez días. El financiamiento compensatorio, que surge de multiplicar la cuota por 1,5 (serían otros 1.300 millones de dólares), se hace efectivo en dieciocho meses, pero su concesión suele ser más difícil, y parece problemático que México pueda acceder a él.

Quizá para aumentar sus escasas posibilidades de cara a este crédito, la carta de intención anuncia de hecho todo un plan estabilizador que pasa. por el establecimiento de topes salariales, eliminación de subsidios, revisión del sistema fiscal, fijación de topes al endeudamiento externo y eliminación de barreras comerciales. En líneas generales puede decirse que es justamente lo contrario de lo que ha venido haciendo el Gobierno mexicano en las últimas semanas.

El único punto que la misión negociadora del FMI no ha tocado es la nacionalización de la banca, por entender que se trata de una decisión que compete al ámbito de la soberanía nacional. Pero esta medida fue justificada mayormente por la necesidad de controlar el nuevo sistema cambiario, que deberá liberalizarse nuevamente en un plazo de tres años.

Esto explica que la oposición de izquierda haya criticado severamente los términos del convenio, por entender que se trata de dar marcha atrás al proceso iniciado el 1 de septiembre, con la nacionalización de la banca. El convenio con el FMI abarca, por otra parte, un período de tres años, lo que, evidentemente, supone maniatar al próximo presidente, Miguel de la Madrid, durante la mitad de su mandato.

Recurso de la banca privada

La publicación de los términos generales del convenio coincide con una decisión judicial por la que se admite a trámite el recurso de amparo presentado por diecisiete bancos privados contra la nacionalización. La demanda va dirigida contra el presidente y todo su Gabinete, como firmantes del correspondiente decreto.En el plazo de un mes puede dictarse sentencia, pero aunque ésta sea favorable a los banqueros no podrá darse marcha atrás a la nacionalización, ya que el Congreso de los Diputados ya aprobó una revisión constitucional por la que se reserva al Estado, exclusivamente, el servicio de banca y crédito.

El sector más afectado por las exigencias del Fondo Monetario Internacional va a ser, sin duda, el obrero. El plan de austeridad coincide con una etapa de particular efervescencia social.