Consejo de Estado dictamina el nuevo reglamento del impuesto de sociedades

El Consejo de Estado ha dictaminado el nuevo reglamento del impuesto general de sociedades, que podría ser aprobado en el Consejo de Ministros de mañana. La urgencia de su tramitación en las últimas semanas, tras varios meses de estar aparcado en el Consejo, y la inclusión de una buena parte de los planteamientos históricos defendidos por el empresariado y la banca han causado un malestar en el Ministerio de Hacienda que se ha concretado en la dimisión de una buena parte de los funcionarios de la subdirección general del impuesto en cuestión.

Este reglamento ha conocido múltiples borradores a lo largo de los dos últimos años y numerosas negociaciones entre Hacienda y los sectores económicos afectados por él. El texto se encontraba en el Consejo de Estado, desde hace varios meses. En las últimas semanas, sin embargo, se ha tramitado su dictamen con carácter de urgencia, y en menos de un mes se han visto los cuatrocientos artículos que integran el reglamento. El Ministerio de Hacienda, que se había opuesto de forma reiterada a algunas de las tesis introducidas por el Consejo de Estado, parece dispuesto ahora a aceptar el dictamen, aunque no está obligado a ello, y a proceder a la inmediata aprobación del reglamento. Según diversos catedráticos consultados por este periódico, la aplicación de este reglamento supondría una merma de la eficacia recaudatoria del impuesto de sociedades y una ruptura con la trayectoria mantenida por el Ministerio de Hacienda con respecto al impuesto. De ahí el malestar producido en los últimos días entre los funcionarios competentes. La práctica totalidad del equipo de la subdirección general del impuesto de sociedades, según informaron fuentes de la inspección, presentó hace uños días su dimisión por este asunto.Entre otros puntos favorables a las tesis defendidas por la Asociación Española de Banca (AEB) que en su día no fueron aceptados, por Hacienda y hoy figuran en el dictamen se encuentra el reconocimiento de hecho de la eficacia fiscal de las normas de carácter financiero dictadas por el Banco de España. Esto supone, a juicio de los expertos, una cesión de las facultades interpretativas y reglamentarias que corresponde al Consejo de Ministros y al ministro de Hacienda, posibilitando el reconocimiento de constitución de reservas libres de impuestos. Todos los créditos de dudoso cobro, calificados así por los bancos, tendrían, según el dictamen, su correspondiente dotación de provisión para insolvencias, y en el caso de créditos de muy dudoso cobro podrían ser dados de baja de forma inmediata en el activo del balance.

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