El Consejo Nacional de Minusválidos pide soluciones no electoralistas
Diversas organizaciones de las distintas minusvalías físicas, psíquicas y sensoriales han constituido el Consejo Nacional de Minusválidos, que aglutina a 1.200.000 personas disminuidas, con una repercusión familiar en unos cuatro millones y medio de ciudadanos.
Ante el actual período electoral, y en vista de los incumplimientos políticos anteriores, han redactado un manifiesto de bases de colaboración política en el que señalan que la solución de los problemas que plantean las diferentes minusvalías sólo puede ser abordada desde planteamientos responsables que huyan de declaraciones meramente electoralistas sin despertar expectativas cuyo incumplimiento aumente el grado de frustración de los minusválidos.El consejo manifiesta estar dispuesto a colaborar con todos los grupos políticos y los poderes que se establezcan como resultado de las eleciones, sobre las siguientes bases:
a). Desarrollo puntual, amplio y eficaz de la Ley de Integración Social de Minusválidos, dotándola presupuestariamente de los recursos adecuados.
b). Ejecución y puesta en práctica de la ley de acuerdo con los principios de integración, normalización, sectorialización y coordinación establecidos en la misma y formulados en los Planes Nacionales de Prevención, Educación y Empleo.
c). Apoyo y potenciación del Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes como el órgano nacional idóneo para el impulso de la ley, la planificación del sector y la coordinación de la iniciativa privada y pública, tanto en la esfera estatal como en la autonómica.
El manifiesto está firmado por la Federación Española de Asociaciones pro Subnormales, la Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos, la Organización Nacional de Ciegos, la Asociación de Padres de Niños Autistas, la Asociación Nacional de Lucha contra la Poliomielitis, la Federación Nacional de Asociaciones de Sordos y la Asociación de Padres de Niños afectados de Espina Bífida.
La Ley de integración social de los minusválidos fue aprobada el pasado día 7 de abril. En ella se determinan los titulares de los derechos de dicha integración, la prevención de las minusvalías, su diagnóstico y valoración, el sistema de prestaciones sociales y económicas, los tipos de rehabilitación, la integración laboral y otros aspectos de atención a los minusválidos (como los referentes a movilidad y barreras arquitectónicas, así como del personal de los distintos servicios de atención), la gestión y financiación, y varias disposiciones sobre el desarrollo de la ley.
"Los principios que inspiran la presente Ley", dice, "se fundamentan en los derechos que el artículo cuarenta y nueve de la Constitución reconoce, en razón de la dignidad que les es propia, a los disminuidos".
