Los golpistas denominaban 'MN' a la sedición del 27 de octubre

Viene de la página primera

Las personas que se relacionaban eran objetivos a controlar, y no de los que se pudiera esperar colaboración. El control y cerco de la capital se pensaba desarrollar mediante tres cinturones o anillos de seguridad -el centro, el suburbio y la periferia-, cerrando carreteras, aeropuertos y líneas férreas, y bloqueando todo tipo de comunicación telefónica o mediante ondas. En los documentos se hace referencia a una "Operación Marte", que parece el nombre que la conspiración recibe fuera de Madrid, y existe una referencia constante a todo el plan que se quiere poner en marcha denominándole "M. N.". Algunos pretenden relacionar estas siglas con la eventualidad de que la rebelión recibiera el nombre de Movimiento Nacional. También existe la sospecha de que existiría una central de comandos, o mando unificado de la operación, aunque se desconoce por el momento quién lo ostentaría y dónde estaría ubicado. Las fuentes informantes no pudieron explicar cómo se había elegido la fecha del 27 para el golpe, cuando tanto la policía como unidades del Ejército tendrán que mantenerse en estado de alerta especial dentro del plan normal de seguridad para las elecciones del día 28. De todas maneras subrayaron que de los documentos no se desprende ninguna sospecha sobre la pretensión de los conspiradores de utilizar algunos de estos dipositivos de seguridad en su propio beneficio.

Del estudio minucioso de los papeles ahora en poder del juez, funcionarios del Gobierno han concluido que el golpe que se preparaba era exclusivamente militar, con planteamiento y dirección militar, pero responsables políticos no descartan la existencia de complicidades civiles. Llama la atención la elección, entre los ministerios a ocupar, del de Cultura, además del de Interior, Asuntos Exteriores y Defensa, y se supone que la decisión arranca del hecho de que todavía existen allí sistemas de comunicación, de cuando el edificio del Ministerio albergaba el de Información del franquismo.

Las mismas fuentes confirmaron que el seguimiento de los tres procesados se venía realizando desde hace meses, aunque no especificaron cuántos. También reconocieron que los ahora acusados mantuvieron diversos contactos con los militares detenidos el pasado mes de junio y a los que se aplicó la ley antiterrorista, siendo después puestos en libertad por el juez. Testigos presenciales confirmaron que habían visto hace menos de tres semanas al coronel Muñoz entrevistarse con el coronel Sicre Canut en una cafetería de Madrid. Este último, a raíz de su detención por los informes que obraron en poder de la policía como presunto participante en una intentona en la onomástica del Rey, pidió la excendencia en el Ejército y actualmente es director de los servicios ténicos especiales de la Compañía Telefónica Nacional de España. Sicre ha desarrollado su carrrera militar como experto en transmisiones y cifras y ha causado estupor en ambientes oficiales el destino del ahora paisano, que tiene acceso privilegiado al normal funcionamiento de la red telefónica civil.

El coronel Muñoz Gutiérrez, al que se le encontraron los 504 folios es compañero de promoción del teniente coronel San Martín, y el teniente coronel Crespo Cuspineda fue su colaborador próximo cuando era jefe del servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno.

Los informantes insistieron en que la documentación intervenida lo había sido en el domicilio particular del coronel Mufloz, y no en el maletero de ningún coche; que fue el CESID quien dirigio la operación y que la policía sólo intervino en las detenciones por orden del juez y con mandamiento de registro. No obstante, EL PAÍS ha podido saber que alguno de los procesados venía siendo vigilado por la Briga Antigolpe, dependiente del Ministerio del Interior. El Gobierno, por otra parte, no ha querido aclarar hasta ahora cuál es el detonante de las detenciones, ni las pruebas que se exhiben para mantener la acusación, toda vez que sólo se encontraron documentos inculpatorios en casa del coronel Muñoz y no en las de los hermanos Crespo. Según ha trascendido de fuente oficiosa, estos tres jefes mantuvieron días atrás, quizá la semana pasada, varias reuniones con asistencia de otros militares, en las que habrían, tratado de definir el plan y se habría recogido la colección de documentos encontrada más tarde. En efecto, dichos documentos por separado no parecen probar nada, mientras que en su conjunto ofrecen suficientes indicios como para que el juez haya determinado el procesamiento.

Según estas versiones, son de esperar nuevas detenciones en los próximos días, y es probable que el juez llame a declarar a un gran número de personas. A la vista de la amplitud de objetivos a tomar que habían establecido los golpistas, se supone que varios cientos de personas tendrían que haber colaborado activamente en la intentona. Por otra parte, los indicios son de que tanto el coronel Muñoz como los hermanos Crespo no eran los cabecillas del MN que se preparaba, sino más bien el hilo conductor de una trama más amplia. En ningún momento la asonada recibe el nombre de operación Cervantes.

Fuentes oficiosas señalaron al respecto que la documentación obtenida es sólo una parte del plan y que se está investigando para hacerse con el resto del mismo. Reconocieron, por lo demás, que entre los papeles hallados en casa del coronel Muñoz se encuentra propaganda de la Unión Militar Española (UME), organización ilegal que agrupa a militares profesionales de ultraderecha, y que recuerda a un movimiento sedicioso similar que ayudó a preparar el levantamiento franquista y la guerra civil consecuente. Los informantes desmintieron en cambio que el golpe tenga relación alguna con los rumores de la preparación de un supuesto atentado contra el ex presidente Suárez, y negaron que existiera la posibilidad de que las recientes explosiones atribuidas a los GRAPO puedan haber sido provocadas por elementos golpistas. Es cierto, indicaron, que los papeles de referencia hablan de aprovechar cualquier acción terrorista como caldo de cultivo para el golpe, e incluso de provocar acciones de ese género. Pero añadieron que no creían en absoluto que los GRAPO pudieran estar manejados por esos sectores.

Las fuentes informantes confirmaron también que no había relación de personas civiles colaboradoras en el intento y que no es cierto que existiera apoyo de algún banquero.

El diseño militar del golpe partía del juicio crítico del intento del 23 de febrero y suponía todo un planteamiento para colapsar la capital del Estado y todos los centros de decisión y aprovechar el factor sorpresa.