Nacionalizacion de la banca, control de divisas y nuevas leyes anticorrupción, medidas contra la crisis mexicana

Riguroso control de divisas, nacionalización de la banca y nuevas leyes anticorrupción (con penas de cárcel que van hasta los doce años) son los tres paquetes de medidas que López Portillo ha puesto en marcha en el mes de septiembre para que el Estado pueda recuperar las riendas de la economía, sin que ello contribuya a aumentar aún más el enriquecimiento ¡lícito de los funcionarios.Antes del 5 de agosto, México tenía una total libertad de cambios, sin ninguna restricción para la circulación monetaria. En plena crisis devaluatoria, un empleado de Bancomer (principal institución bancaria del país antes de la nacionalización) se presentó en el aeropuerto con cinco millones de dólares en su maletín. Tras una breve retención para evacuar consultas a la superioridad, el empleado se fue con su dinero a Estados Unidos. No había leyes para impedirlo.

Este lujo, que no pueden permitirse los países europeos desarrollados, era un paro disparate en una nación como México, que tiene 3.000 -kilómetros de frontera con Estados Unidos y una inflación que, en el mejor de los casos, triplicaba a la de su vecino. Por si fuera poco, el Gobierno mantenía una paridad artificialmente alta del peso, por el desprestigio político que acarrean las devaluaciones.

"Soy mexicano, pero no pendejo"

El propio Gobierno estaba favoreciendo así la conversión de pesos a dólares, paso previo a una evasión legal. A las reiteradas invitaciones del presidente para que se ahorrase en pesos contestaba así un conserje: "Soy mexicano, pero no pendejo". Hasta el pequeño limpiabotas callejero retogía sus bártulos a mediodía para ir al banco a convertir sus pesos en dólares.El resultado de este paraíso cambiario lo explicó López Portillo en su último informe a la nación: en los tres últimos años, México, un país subdesarrollado, inyectó en el sistema bancario estadounidense más de 14.000 millones de dólares; otros 8.000 millones fueron pagados a compaftías inmobiliarias de Estados Unidos para comprar fincas y apartamentos, cuyo pago final exigió, además, la contratación de créditos hipotecarios aún no pagados, por importe de 20.000 millones de dólares, cifras en cualquier caso escalofriantes, que superan la mitad de la deuda externa total contraída por el país. En esta situación, aun los economistas liberales admiten que no había otra salida que el establecimiento de un riguroso sistema de control de divisas, que incluyera fuertes sanciones contra la evasión. Mucho más cuando en las arcas del Banco de México no había dólares para pagar su deuda externa ni para respaldar las importaciones ineludibles.

No han faltado, sin embargo, algunos mexicanos que han interpretado estas medidas como un recorte a las libertades individuales, en una curiosa inclusión del libre cambio y la circulación del dinero entre los derechos fundamentales de la persona.

Fronteras cerradas para el dinero

Pero una vez establecido el control de divisas, López Portillo entendió que para llevarlo a cabo con todas sus consecuencias, no le quedaba otra salida que la nacionalización de la banca. De otro modo, los banqueros seguirían ingeniándoselas para hacer fluir el gran dinero fuera de las fronteras.

A tres meses del término de su mandato, el presidente mexicano, que ha sostenido durante casi seis años un evidente idilio con la iniciativa privada, destapó el puño izquierdo y acusó a los banqueros de saqueadores y traidores a la nación. Hace sólo unos días les llamaba cínicos.

Al interior de México no faltaron quienes vieron en esta medida un paso hacia un régimen de capitalismo de Estado. Algunos empresarios blandieron el fantasma del comunismo, y la Iglesia decretó una semana de oración para reflexionar sobre el destino nacional.

En el gesto de López Portillo han visto algunos un rapto de megalomanía para buscarse un lugar en la historia, junto a Cárdenas, que nacionalizó el petróleo. Pero un rápido análisis de las cuentas de la banca privada invita a pensar que probablemente la nacionalización era necesaria para un Estado al que la Constitución adjudica taxativamente la misión de regir la economía.

Los 64 bancos privados de México manejaban más de tres billones de pesos en depósitos. Sólo Bancomer y Banamex controlaban una tercera parte, y los seis primeros sumaban el 65%, del ahorro. La concesión estatal a la banca establecía que su misión fundamental era la intermediación entre ahorradores e inversores. Los balances señalan que los bancos se habían convertido en los principales mecanismos para la fuga de capitales (siempre en términos legales) y que sus créditos estaban dirigidos mayoritariamente a sus propias empresas. En lo que va de año, la captación bancaria aumentó en un billón de pesos, en tanto que disminuyeron los créditos.

El poder de la banca

En menos de una década, la banca mexicana se había introducido en todos los sectores de la economía: industria química, minería, electrónica, industria automovilística, grandes almacenes hostelería, construcción, siderometalurgia, papel, hostelería y un largo etcétera. No había dinero para el campo ni para la pequeña industria.

Juicios de intenciones aparte, dentro de México, son cada vez menos los que critican la nacionalización. Incluso en Estados Unidos, la gran banca reaccionó con cierto alivio, porque existía temor ante una posible quiebra en cadena de bancos mexicanos, que había avalado demasiadas operaciones con el exterior. Fue como otorgar de pronto un aval del Estado a créditos de dudoso cobro.

Se ha especulado mucho con un posible disgusto del presidente electo, Miguel de la Madrid, que se había enterado de la nacionalización la tarde anterior. El nuevo mandatario tiene un talante liberal, como economista formado en Harvard. pero a lo largo de su campaña insistió siempre en el importante papel del Estado, y es indudable que su poder como rector de la economía ha aumentado ahora. Para acallar rumores hizo pública su propia declaración apoyando la medida, a la que califica de irreversible.

Lo que no parece claro es el futuro de más de quinientas empresas que al nacionalizarse la banca quedaron también automáticamente nacionalizadas. Los sindicatos ya reclaman una parte de este botín. El equipo del próximo presidente parece decidido a desprenderse de todas las industrias que no pertenezcan a sectores estratégicos de la economía.

La herencia de un presidente

A Miguel de la Madrid le quedará un toro difícil de lidiar: fijar la indemnización a los banqueros. Algunos piensan que el valor real de la banca está en sus libros contables: activos frente a pasivos. La cifra resultante es 76.000 millones de pesos (unos 125.000 millones de pesetas). La banca, que tenía unos depósitos de 666.000 millones de pesos, el año pasado tuvo beneficios netos de 4.000 millones y es propietaria de 121 millones de acciones distribuidas en 160 empresas. Sea cual sea el monto final de la indemnización, cuyo pago se efectuará en diez años, lo que sí han perdido los banqueros es la esperanza de recuperar sus bancos por vía legal. El recurso de amparo está muerto antes de nacer, una vez que se ha enviado al Congreso una reforma constitucional que reserva para el Estado el servicio bancario.

Algunos defensores de la nacionalización bancaria temen que las ventajas de esta medida pueden perderse en el laberinto de la corrupción administrativa. No en vano se señala que la Administración de López Portillo ha sido la más corrupta porque fue la que más dinero tuvo por medio del petróleo. La banca aporta nuevos fondos al Estado y aumenta así el riesgo de que contribuyan al enriquecimiento de los funcionarios.

Miguel de la Madrid hizo de la lucha contra la corrupción uno de los ejes de su campaña. Tiene seis años para demostrar que no fue una promesa para ganar votos. Algunos teóricos sospechan que la corrupción es el aceite que necesita el sistema unipartidista mexicano para sobrevivir.

Pero las cifras son tan escandalosas, que ya no -hay sistema que pueda aguantarlas. Mucho menos cuando desde las alturas se pide austeridad a la población para superar la crisis.

La revista Proceso publicó recientemente que, durante el mandato de López Portillo se habían presentado denuncias formales contra funcionarios por apropiación indebida de 81.000. millones de pesos, que antes de la primera devaluación eran. más de 300.000 millones de pesetas. Sólo se recuperaron 11.000 millones. Un fiscal comentaba con desesperanza que esto era "sólo un 1%" de ese enorme iceberg que es en México la corrupción.

Pero medidas como la nacionalización de la banca, a la que se ha rodeado de una retórica populista sin precedentes, carecen de sentido si no hay una clarificación en el manejo de los fondos públicos.

Uno de los banqueros que asistió al informe último de López Portillo apuntaba a los diputados que aplaudían de pie la nacionalización de la banca diciendo: "Muchos de ellos tienen cuentas millonarias en Estados Unidos". Tal vez por eso las listas de sacadólares no lleguen a hacerse públicas.

Elevada corrupción

Los únicos que, por ahora, parecen empeñados en luchar a fondo contra la corrupción parecen ser los redactores de la revista Proceso, que, a pesar del anatema del Gobierno, que les quitó toda publicidad oficial, han publicado un extenso reportaje sobre tres casas calificadas de inquietantes.

Una de ellas, estilo Tudor, situada en New Canaan (Connecticut) pertenece a Carlos Hank González, regente de la ciudad de México. Su compra le incluiría de lleno en la lista de quienes evadieron divisas. Sólo la valla que rodea la casa costó 400.000 dólares.

Las otras dos casas se encuentran en México. Una, junto a la playa de Zihuatanejo: es un palacio de pretensiones griegas, al que los vecinos llaman el partenón. Costó 700.000 dólares y es propiedad del jefe de la policía capitalina, general Arturo Durazo, quien confiesa unos ingresos mensuales por su cargo de 39.000 pesos (unas Y 65.000 pesetas). Se disculpa diciendo que tiene dinero porque siempre tuvo negocios con gente importante, "ya que si tuviera que vivir del sueldo de la policía esta ría muerto de hambre".

La tercera casa, situada en una loma junto a la carretera de México a Toluca, será el refugio de López Portillo. Cinco enormes residencias y una fortaleza central almenada. Sólo la obra pública parece haber costado más de 1.500 millones de pesos. El presidente está demasiado atareado en hacer frente a la crisis nacional para con testar a estas acusaciones.

La corrupción llega también a los escalones más bajos. Los cajeros de los bancos guardan su propio dinero en caja para que los pocos dólares que se cambian vayan a su bolsillo y no al banco. Ante la dificultad de sacar dólares, los mexicanos sacan ahora millones de pesos, que en Estados Unidos convierten en dólares a precios superiores a cien (el cambio oficial está a setenta). Otros muchos cobran, en fin, sus facturas exteriores en Estados Unidos.