España, en la crisis financiera mundial / y 2

La deuda externa española ha crecido de manera vertiginosa durante los últimos años: desde unos 3.500 millones de dólares a finales de 1973 hasta unos 27.200 a finales de 1981, importe que equivale a cerca de un 15% del PIB y que nos sitúa entre las doce o quince primeras potencias deudoras.A la vista de ello, no dejaría de plantearse la pregunta de para qué y cómo nos hemos endeudado tan de prisa. La política española de endeudamiento externo, si ha existido, constituye un secreto de Estado muy bien guardado; o bien habría que considerarla como una de las asignaturas más pendientes de nuestra política económica. Una simple inspección de la información publicada sobre prestatarios -que han sido, en su amplia mayoría, el sector público y empresas como la Compañía Telefónica y las eléctricas que, de hecho, forman parte de él o casi- llevaría a la conclusión -caricaturizando, pero no mucho- de que España ha debido estar endeudándose sobre todo para seguir pagando nóminas públicas y privadas y seguir atendiendo costes financieros resultantes de la deuda ya contraída.

La contrapartida más deseable del endeudamiento consiste en la inversión productiva, y en España, aquél ha aumentado mientras ésta descendía.

Todo ello, no obstante, conviene subrayar -y con trazo grueso- que la deuda externa española figura claramente por ahora entre las que hay que calificar de soportables e incluso entre las comparativamente muy soportables. No alcanza todavía nuestra deuda ninguna de las cotas que se suelen empezar a considerar señales de alarma, alarma todavía leve. Queda todavía bastante por debajo del valor de las exportaciones anuales de bienes y servicios; la carga de su servicio sobre estos ingresos corrientes debe estar aún en tomo a un tolerable 20% las reservas brutas (contabilizando el oro a 42 dólares la onza) constituían a finales de 1981 dos quintos de la deuda total, proporción esta última muy alta.

Que esta soportable, manejable y encajable deuda externa española continúe siendo tal parece que constituye el objetivo más prioritario de todos -por importantes que sean otros pendientes- en la materia. No va a ser ello tan simple, en la complicada situación financiera internacional actual. Cualquier accidente, cualquier torpeza -que, por ejemplo, provoque o propicie una oleada especulativa contra la peseta- podría ahora fácilmente agigantar sus repercusiones, a través de la puesta en duda de nuestra solvencia. El arte de gobierno de nuestra balanza de pagos ha de ejercerse en el futuro próximo con gran finura, para que no nos sorprenda el gran toro que forman esos casi 30.000 millones de dólares que debemos.

Nuestra posición acreedora

La posición acreedora de España es mucho más modesta o menos inmodesta, pero tiene también su significación. Su componente fundamental viene dado por el crédito a la exportación asegurado por CESCE (aunque hay créditos al exterior no asegurados, y créditos oficiales procedentes del Fondo de Ayuda al Desarrollo). El capital que sumaban las operaciones aseguradas por CESCE, deducidas las salidas de riesgo ya registradas, alcanzaba, a finales del. último año, unos 630.000 millones de pesetas, cifra ciertamente muy importante (aunque en ella se incluye un alto porcentaje de operaciones en curso de ejecución que todavía no han dado origen a deudas propiamente dichas o no han entrado en fase de amortización). Los vencimientos que tienen lugar en cada ejercicio representan sólo una fracción de este gran total que se acaba de mencionar: se proyectan en unos 80.000 millones de pesetas para el presente año.

También el crédito español a la exportación ha estado creciendo muy rápidamente, bastante más, de hecho, que la exportación misma. También respecto a él hay algunos interrogantes que se podrían considerar muy pendientes. No hay más remedio que financiar la exportación, pero la experiencia general y también la nuestra nos dicen que cuando las ventas al exterior se ultrafinancian, lo que se acaba fomentando sobre todo es la exportación... de crédito a la exportación. Se vende lo mismo que ya se iba probablemente a vender, o poco más, pero a plazos más largos, en condiciones más blandas y asumiendo riesgos mayores. Liberalidad menos defendible cuando el país que concede el crédito tiene que endeudarse a su vez, y en condiciones nada blandas ni concesionarias.

Pero -dejando aparte consideraciones como las anteriores- el problema urgente que tienen hoy planteado el crédito a la exportación y su seguro es el intenso aumento en la siniestralidad que está generando la presente crisis. Si el futuro inmediato repite el pasado también inmediato y su excepcional siniestralidad, entra dentro de lo posible que el seguro de crédito a la exportación agote las reservas constituidas y haya de recurrir a los mecanismos y procedimientos extraordinarios -por otra parte, ya previstos en la ley- que le permitan incrementar sus recursos para hacer frente a una situación ciertamente extraordinaria. El que ello ocurra -si así acaba ocurriendo- no será desde luego motivo para que nadie se felicite, y sí ocasión justificada para lamentar que se hayan tomado ciertos riesgos que desde el principio parecían malos y eran evitables. Con todo, conviene subrayar que un período de déficit no equivale a una quiebra del sistema. Es más bien consecuencia de su funcionamiento. El seguro de crédito a la exportación se ha inventado para que acumule excedentes de primas sobre indemnizaciones en períodos más o menos normales (lo que ha hecho CESCE desde el comienzo de sus actividades en 1972 hasta 1981, decenio durante el cual las indemnizaciones equivalieron a sólo un 37% de las primas). Tales excedentes acumulados están destinados a desacumularse y desaparecer durante los períodos de siniestralidad intensa, y si ésta es excepcional, habrán de complementarse con aportaciones asimismo excepcionales. Según lo que hoy cabe prever, por lo demás, estas aportaciones no sobrepasarían en el caso español algunos miles de millones de pesetas (no decenas de miles) por ejercicio durante algunos años, cifra encajable cuando los gastos e ingresos públicos se miden en billones de pesetas (y el déficit entre unos y otros, también, por desgracia).

Por otra parte, el pago de indemnizaciones será, en lo sustancial, la contrapartida de las operaciones de salvamento -o refinanciaciones en el seno del Club de París- en que participe España juntamente con otros países; es decir, de nuestra contribución a la estabilización o reestabilización del sistema financiero internacional.

Hay todavía otro componente muy singular de lo que cabe entender -en sentido muy amplio- posición acreedora española. Se trata de los créditos que la banca española que actúa en el mercado de eurodólares haya concedido con cargo a los depósitos en él recogidos y, en especial, de los que estén otorgados a países con problemas de solvencia. Da la impresión de que puede tratarse de nuevo de miles de millones, y esta vez de dólares, pero la falta de información (en todo caso, la del, autor de estas líneas) no permite aquí comentarios. Sin embargo, es seguro que resultará más barato para España y nuestros intereses ayudar y refinanciar aquellos bancos que puedan verse en dificultades que permitir que sus dificultades se conviertan en insuperables. También en este sector, lo primero que hay que hacer al oír la señal de alarma es no asustarse.