El PSOE considera ilegal el retraso en el nombramiento de Joan Lerma

El secretario de política institucional del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), Felipe Guardiola, acusé ayer al Gobierno de retrasar ilegalmente el nombramiento de Joan Lerma como presidente de la Generalitat valenciana, cargo para el que fue elegido el pasado día 12 por la Asamblea provisional autonómica. A juicio de Guardiola, con su conducta; el Gobierno estaría implicando a la Corona en una maniobra partidista, con la intención de dilatar en el tiempo la toma de. posesión de Lerma, secretario -general del PSV, que está pendiente de la' sanción real para que sea efectiva.Esta situación se produce en función de las discrepancias entre centristas y socialistas sobre la forma de elección del' presidente de la Generalitat y ante la falta de concreción del estatuto de autonomía sobre el procedimiento para nombrarlo en la etapa provisional que finalizará con las elecciones regionales, que se han de celebrar entre febrero y mayo próximos.

Mientras que los socialistas interpretan que la Asamblea debía elegir presidente; tal como lo ha hecho, los centristas opinan que su compañero de partido Enrique Monsonís, presidente del Consell preautonómico, debería ocupar sin solución de continuidad la presidencia de la Generalitat. En este momento se da la circunstancia de que Monsonís continúa en su despacho de Presidencia del. Consell, en el, palacio de la Generalitat, donde sé ha comenzado a recibir correspondencia destinada a Lerma como presidente.

Según anunció recientemente Monsonís, el Gobierno, antes de pasar a la firma del Rey el nombramiento de Lerma, ha elevado una consulta al Consejo de Estado sobré dicha elección.

Este trámite, sin embargo, según señala Guardiola, no debe retrasar la sanción real de la decisión tomada por la Asamblea provisional, puesto que, de acuerdo con el artículo 161.2 de la Constitución española, sólo tendría este efecto un recurso gubernamental ante el Tribunal Constitucional. El citado apartado indica literalmente que "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las, comunidades autónómas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a, cinco meses".

Para Guardiola, "el informe pedido al Consejo de Estado no retrasa nada y hay que destacar que el Gobierno no se ha atrevido a recurrir ante el Tribunal Constitucional". A juicio de los socialistas, se intenta dilatar la sanción real con fines electoralistas, ya que el retraso puede dar lugar a que Monsonís continúe ocupando la presidencia durante la campaña.