El CDS controla totalmente el Gobierno autónomo de la Rioja
Seis políticos del Centro Democrático y Social (CDS) y tres empresarios independientes forman el nuevo Gobierno autónomo de La Rioja, que ayer tomó posesión de su cargo. A este acto debería haber asistido el ministro de Administración Territorial, Luis Cosculluela, pero éste se disculpó horas antes alegando que estaba enfermo. Tanto el presidente como los consejeros políticos de la comunidad autónoma habían abandonado en los últimos días UCD para engrosar el nuevo partido centrista, motivo este que está indudablemente en el origen de la actitud del ministro al negarse a asistir.El presidente de la comunidad, Rodríguez Moroy, afirmó ayer en una conferencia de Prensa que 47 miembros del consejo político provincia¡ de UCD han pasado al CDS. En este grupo se incluye la matoría del comité ejecutivo provincial y de los diputados provinciales, lo que supone que prácticamente la totalidad de los dirigentes centristas riojanos han pasado al CDS.
El único consejero que por ahora permanece en UCD, Andrés Castellanos, presentó su cese pocas horas antes de jurar el cargo, siendo sustituido por el diputado Angel Jaime Baró, que también se ha pasado al CDS. Se trata, de este modo, del primer Gobierno autónomo integrado en su totalidad por políticos que militan ya en la nueva formación política de Adolfo Suárez.
Todavía está sin resolver a nivel legal si el actual régimen de incompatibilidades va a afectar a los presidentes y consejeros de las comunidades autónomas que quieran presentarse a las próximas elecciones.
Los actuales presidentes de La Rioja, Cantabria y Comunidad Valenciana unen esta condición a la de diputado a Cortes, por lo que, de no salir nuevamente elegidos para el Congreso o el Senado, tendrían que abandonar su cargo de presidentes.
Según el ministro Luis Cosculluela, esta situación ambigua habrá de quedar resuelta en los próximos días, aunque rehusó emitir su juicio respecto al sentido de tal decisión.
La actual ley de incompatibilidades, que data de 1977, no recoge, obviamente, el caso de las comunidades autónomas, aunque sí aclara que habrán de renunciar a su cargo los presidentes de las Diputaciones Provinciales.
