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El Gobierno vasco pide garantías sobre la intervención de Lemóniz

Cuando tan solo faltan 55 días para la celebración de las elecciones generales, el Gobierno vasco realizó ayer un llamamiento público a la Administración central pidiendo "garantías de viabilidad" al decreto ley que regula la intervención del Estado en la central nuclear de Lemóniz. Por otra parte, la empresa propietaria de la central nuclear, Iberduero, hizo público un comunicado en el que dice que la intervención de Lemóniz por el Estado es una solución impuesta por razones de interés público cuya valoración corresponde al Gobierno y que Iberduero debe acatar.En un documento dado a conocer ayer, el Ejecutivo vasco califica de "coherente con los acuerdos de Vitoria" la decisión de crear el consejo de intervención, aunque mantiene sus "naturales reservas" frente a la eficacia del mencionado organismo. Asimismo, según pudo saber EL PAIS, el Gobierno vasco no oculta sus reticencias ante el posible nombramiento del actual gobernador civil de Alava, Fernando Jiménez, como presidente del Consejo de Intervención de Lemóniz.

Los acuerdos políticos firmados en Vitoria el pasado 22 de marzo entre las Administración central y el Gobierno vasco, mediante los cuales se contempló la creación de tres sociedades públicas -el Ente Vasco de la Energía, la Sociedad de Gestión de Lemóniz, y la sociedad distribuidora de gas- no quedan desdibujados, en opinión del Gobierno vasco, por el consejo de intervención de Lemóniz, creado por decreto ley.

En una conferencia de Prensa el representante del Gobierno vasco recordaba que en los acuerdos se señalaba que una sociedad pública vasca asumiría la gestión de la central nuclear de Lemóniz, cuya construcción correspondería a la empresa propietaria. Asimismo el portavoz del Ejecutivo abundaba en que "la construcción ha sido suspendida por la empresa propietaria, Iberduero, SA, que entiende que las circunstancias de violencia existentes rebasan la capacidad de la empresa".

Decisión del Estado de reanudar las obras

La decisión del Estado de crear un consejo de intervención con autoridad para contratar personal, a fin de que se reanuden las obras en el plazo más breve posible, ha sido calificada por el Gobierno vasco de "coherente con los acuerdos de Vitoria", aunque reconoce que no conoce con la suficiente profundidad las modalidades de intervención y financiación del mencionado organismo.Cierto escepticismo se dejaba entrever en el documento del Gobierno vasco en relación a la eficacia del consejo de intervención de cara a una posible reanudación de las obras de Lemóniz. "Consideramos básico tanto el conseguir un nivel de seguridad suficiente para las personas que vayan a desempeñar su trabajo, como la garantía de viabilidad o futuro político del propio decreto ley, por parte del Gobierno actual o del que le sustituya en un futuro inmediato".

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