El 23-F y la moción de censura contra Suárez, hechos claves de las últimas Cortes

Los cuarenta meses largos de la legislatura que ahora concluye han contribuido, con vacilaciones, a la consolidación del sistema democrático establecido en la Constitución de 1978. Junto a la puesta en marcha de Importantes mecanismos políticos, como las mociones de censura y confianza y el relevo en la presidencia del Gobierno, el Parlamento sufrió el más duro embate contra la misma entraña del nuevo régimen, en forma del intento golpista del 23 de febrero de 1981, durante el que fueron secuestrados los legítimos representantes de la soberanía popular. La entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional sirvió, por su parte, para el afianzamiento de las nuevas instituciones.

La legislatura, que se inició oficialmente en mayo de 1979 con el mensaje de don Juan Carlos, tuvo como prolegómenos las consultas del Rey para la presentación al Congreso de los Diputados de un candidato a la presidencia del Gobierno. De acuerdo con la relativa victoria electoral de Unión de Centro Democrático (UCD), su líder, Adolfo Suárez, fue el elegido y resultó investido como jefe de Gobierno. Antes de que pasaran dos años, el 29 de enero de 1981, Suárez se creyó en la necesidad de dimitir, y iras las correspondientes consultas del Rey a los representantes de los grupos políticos, fue propuesto Leopoldo Calvo-Sotelo, quien también resultó investido.Durante la sesión de investidura de Calvo-Sotelo se produjo el asalto a la sede de la Cámara baja por parte de varios centenares de guardias civiles, a las órdenes del teniente coronel Antonio Tejero. El secuestro del Gobierno en funciones y de los parlamentarios concluyó solo al día siguiente, tras largas horas de terror y tensión impuestos por los golpistas. Con motivo del Día de la Constitución, en diciembre de 1981, el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, pronunció un discurso el que rechazó con energía el ataque incivil a la democracia intentado en vano por los golpistas.

En el ámbito del juego de poderes, durante la legislatura que acaba revistió especial importancia el ensayo parlamentario de la moción de censura socialista contra el presidente Suárez, en mayo de 1980, que no prosperó. En cambio, la cuestión de confianza, planteada en septiembre de ese mismo año por Adolfo Suárez, obtuvo el respaldo parlamentario necesario para continuar en el poder. Entre los debates parlamentarios destacó el de la colza, en el que la izquierda no logró reprobar a varios ministros, así como la pugna en torno al director general de RTVE.

Las Cortes Generales que, ahora se disuelven han avanzado, aun qué lentamente, en el levantamiento del edificio institucional del nuevo régimen. Las leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y del Defensor del Pueblo constituyen hitos importantes, si bién solo la primera de estas instituciones ha entrado en funcionamiento -por cierto, con gran rendimiento- con plenitud. El Consejo General del Poder Judicial solo completará su eficacia institucional cuando se apruebe la ley orgánica del Poder Judicial, pendiente para la próxima legislatura. El Defensor del Pueblo permanece inédito, porque las Cortes no encontraron mayoría suficiente para elegir al único candidato propuesto, Joaquín Ruiz-Giménez.

Tarea legislativa inacabada

En otros aspectos legislativo quedaron aprobados la ley del divorcio, que molestó a la derecha; una ley de Incompatibilidades que la izquierda rechaza; el Estatuto de los Trabajadores, pactado básicamente; la llamada ley Antiterrorista, objetada en sectores jurídicos; la de Defensa de la Democracia, contestada por los medios de comunicación social; la de Protección Civil del derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Esta última ley -muy contestada por los partidos nacionalistas- diseña el Estado de las autonomías Pactado por el Gobierno Calvo-Sotelo y los socialistas.Junto a esta ley -cuya entrada en vigor queda en suspenso hasta que se pronuncie sobre ella el Tribunal Constitucional, ante el que han sido presentados varios recursos-, las Cortes Generales han avanzado en la aprobación de los estatutos de autonomía. La disolución de las Cortes ha impedido que los últimos cuatro estatuto pendientes -Baleares, Extremadura, Castílla-León y Madrid- queden aprobados, antes de la elecciones.

Otros muchos proyectos de le, permanecen en el congelador. En cambio, la legislatura no dejó sin incluir entre sus trabajos la autorización al Gobierno para el ingreso en la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN). Esta decisión, y sobre todo la falta de consulta popular previa, fue objeto do intensas críticas por parte de la izquierda. El líder socialista, Felipe González, advirtió que si su partido llega al poder, propondrá la convocatoria de un referéndun sobre el tema.

No habrá nueva ley electoral

Las elecciones, generales habrán de celebrarse con arreglo al decreto-ley de 18 de marzo de 1977. En los aspectos no adaptados a la Constitución, se aplicará directamente la carta magna. Fuentes próximas al Tribunal Constitucional se habían mostrado recientemente favorables a una nueva ley electoral, que la disolución de las Cámaras ha impedido.Una de las leyes esenciales para el funcionamiento del Estado, la de Presupuestos Generales para el próximo año, no podrá ser, obviamente, aprobada por el Parlamento, por lo que los Presupuestos de 1982 quedarán automáticamente prorrogados hasta que se aprueben los nuevos.

En general, la legislatura que ahora termina ha marcado el final de la etapa del consenso, continuación del gran pacto que significó la Constitución, y el comienzo de una confrontación política sistemática entre las fuerzas ideológicamente diferenciadas, que servirá de preludio al encuentro electoral del próximo día 28 de octubre.

Pero en el ámbito parlamentario de la pasada legislatura se ha producido, además, otro fenómeno: el de la disputa entre los afines, cuya materialización más evidente ha estado en la práctica disolución del partido del Gobierno y en el crecimiento progresivo del Grupo Parlamentario Mixto, cajón de sastre en el que han desembocado diputados de las más diversas procedencias.