Hoy será aprobada la intervención del Estado en Lemóniz

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Ayer, el ministro de Industria y Energía, Ignacio Bayón, se entrevistó con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, precisamente para tratar el futuro de la central nuclear de Lemóniz. Tras la entrevista, Mayor Oreja declaró a Efe que era muy probable que el Consejo de Ministros de hoy abordase "la solución definitiva a la central nuclear de Lemóniz", aunque declinó entrar en detalles sobre la fórmula que establece el decreto ley de intervención.

Esta era la primera entrevista que mantenía el delegado general del Gobierno en el País Vasco con el ministro de Industria y Energía desde que el primero tomó posesión de su cargo.

El decreto ley de intervención consta de una exposición de motivos y un articulado por el que se crea el consejo de intervención en el primer artículo. En el segundo se dice quiénes forman parte de este consejo, es decir, los representantes de varios ministerios, entre ellos Industria e Interior, además del representante vasco.

Anteriores posibilidades

Antes de la fórmula de intervención estatal, el Gobierno estudió la posibilidad de íncautar la central nuclear en cuestión, para así poder reemprender las obras de construcción, paralizadas desde el pasado 13 de mayo como consecuencia de la negativa de los técnicos que trabajaban en la central a incorporarse a sus puestos de trabajo, tras el asesinato del ingeniero jefe de diseño, Ángel Pascual, por ETA Militar.

Según aquel proyecto, la incautación se llevaría a cabo a través de un decreto ley, el mismo sistema por el que ahora se aprueba la intervención. Entonces, las compañías eléctricas, a través de su patronal, la Unión Nacional Eléctrica (UNESA), ofrecieron a la Administración la posibilidad de ser ellas quienes financiasen la conclusión de las obras de construcción de la instalación nuclear.

La decisión de UNESA fue interpretada en medios financieros como un claro intento de evitar el precedente que representaba la incautación total de una central nuclear por parte del Estado. En cualquier caso, medios próximos al sector eléctrico reconocían la necesidad de que fuese la propia Administración la que encabezase el reinicio de las obras de la central nuclear de Lemóniz.

La decisión de intervenir la central y posteriormente reanudar las obras de construcción de Lemóniz responde, según medios políticos, al deseo de UCD de acudir a las próximas elecciones con el tema resuelto.

En cuanto a Iberduero, empresa propietaria de Lemóniz, en su junta general de accionistas celebrada a finales del pasado mes de junio, anunció que iniciaba un proceso que culminaría con la segregación de su patrimonio de Lemóniz, para lo que constituiría una sociedad, acogiéndose a todos los beneficios fiscales posibles y participando al 100% en su capital. Gómez de Pablos, su presidente, anunció beneficios de 18.000 millones de pesetas en 1981 en Iberduero, lo que permitía dar un dividendo neto a sus accionistas del 10% del nominal de sus títulos, es decir, cincuenta pesetas por acción.