Los agricultores españoles expropiados por Marruecos hace más de 20 años no han cobrado las indemnizaciones
Los 75 agricultores instalados en el antiguo protectorado español de Marruecos a los que el Gobierno marroquí expropió las tierras unos años después de que este país accediera a la independencia, aún no han cobrado las indemnizaciones que les corresponden. Mientras tanto, se ha desarrollado una negociación entre representantes de los dos países para fijar las cuantía de éstas, que ha sido establecida en 8.000 pesetas por hectárea, cuando las inversiones en los terrenos superaban las 125.000 pesetas por hectárea.
Esta larga historia comienza a principios de siglo, cuando, por el Acta de Algeciras, se concedía la posibilidad a los no marroquíes de poseer fincas en el protectorado español. La compra de tierras por parte de los españoles en esta zona se intensificó al final de la guerra civil."Los agricultores no sólo pudimos comprar tierras como en cualquier otra provincia española, sino que fuimos alentados para ello a fin de servir de ejemplo y guía para los nativos, según se nos dijo entonces. Hubo concursos públicos para la compra de parcelas agrícolas, la compraventa de tierras era libre y estaba reglamentada por una legislación oficial creada a tal efecto por el Gobierno jalifiano, que ostentaba el poder legislativo, y por la Alta Comisaría española, que por aquel entonces obraba en representación del Gobierno español. Asimismo se crearon los registros de la propiedad, en los que fueron inscritas nuestras fincas", ha señalado Francisco Agrela, miembro de la comisión permanente de los agricultores españoles del antiguo protectorado español de Marruecos. Con la independecia de Marruecos allá por la mitad de los años cincuenta, las cosas empezaron a cambiar para los propietarios españoles.
En 1959, el nuevo Gobierno marroquí aprobó un decreto por el que se prohibía a los extranjeros vender sus tierras sin permiso del Gobierno marroquí, a pesar de que en 1957 se había firmado un convenio entre los Gobiernos de los dos países en el que se establecía que las propiedades adquiridas legalmente por los españoles serían respetadas por el Gobierno marroquí.
'Quedamos inmovilizados'
"Las autorizaciones para efectuar ventas de tierras fueron siempre denegadas, por lo que, a partir de ese momento, quedamos inmovilizados en el país. No tuvimos otra opción que continuar con las fincas o abandonarlas, y esto último suponía la pérdida total de nuestras inversiones y trabajos. No tuvimos las ventajas del comercio, la industria u otras actividades, que pudieron vender sus mercancias y maquinaria, recuperando así sus inversiones". Incluso con la marroquización se les daba opción a vender sus negocios o a asociarse con nativos al cincuenta por ciento del mismo. Sin embargo, a los agricultores se nos expropió todo: tierras, material y ganado", según Agrela.En aquella fecha, el Gobierno existente en Marruecos señaló que las indemnizaciones serían negociadas con el Gobierno español. Las negociaciones no comenzaron hasta hace tres años, y, su resultado no ha podido ser más desalentador para los agricultores expropiados, ya que sólo se consiguieron 500 dirham por hectárea, lo que supone 8.000 pesetas, aproximadamente. Esta cifra ha sido calificada de irrisoria por los afectados, ya que muchas de las fincas estaban plantadas de naranjos, lo que supuso un gasto de 125.000 -130.000 pesetas por hectárea.
El número de agricultores afectados por la recuperación realizada por las autoridades marroquíes fue de 75, de los que 31 estaban en Larache, 15 en Alcazarquivir, 9 en Arcila, 11 en Tetúan y 9 en Nador. El total de hectáreas incautadas fue de 4.544,10, de las que 985,90 eran de agrios, 1.211 de huerta y 2.347,20 de secano. El valor aproximado de las tierras era de 350 millones de pesetas.
La reinstalación en España de estos colonos ha sido también objeto de las críticas de los mismos. Las ayudas que el Gobierno les concedió en 1974 no resolvieron el problema, ya que "las condiciones de los préstamos que se nos concedieron para comprar tierras fueron muy duras, por no decir insuperables, para economías débiles como eran en aquel momento las de la mayoría de los que tuvimos que repatriarnos, sin contar con las dificultades de asentamiento, desconocimiento de las tierras y climatología. También hay que tener en cuenta que entre los que volvimos había varias viudas y bastantes propietarios de edad superior a los 60 años".
La situación actual de la mayor parte de ellos es desesperada, ya que no han recibido la indemnización que les correspondía porque está pendiente de la ratificación por parte de Marruecos de un convenio que se comenzó a negociar entre los representantes de los dos Estados en 1979.
Actualmente sólo falta la firma del monarca de Marruecos. Sin embargo, las ayudas aprobadas no van resolver en lo más mínimo los graves problemas económicos que algunos de los ex colonos tienen planteados en la actualidad, asfixiados por los problemas relatados.
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