Nueva acusación del PSOE a la Administración con respecto al ROP

El PSOE difundió ayer un nuevo comunicado en el que responde a las puntualizaciones de la Secretaría de Estado para la Información sobre la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) y sus competencias respecto el Registro Oficial de Periodistas (ROP), las cuales, a juicio de los socialistas "no hacen sino aumentar la confusión"."Resulta inadmisible que un mismo precepto legal sea interpretado de forma distinta según la conveniencia, pues si se preconiza la derogación del artículo 33 de la Ley de Prensa e Imprenta, debe ser con todas sus consecuencias", sostiene el PSOE, que se reafirma en "la exigencia constitucional de la promulgación de un precepto legal para la creación de un colegio profesional y la regulación de las profesiones tituladas. Todo ello, sin perjuicio de que la profesión periodística tenga o no esta consideración".

Los autores del comunicado manifiestan que "la Administración, que, sin enjuiciar los vicios de forma de la resolución adoptada, ha actuado conforme al espíritu de la Constitución y en el marco de sus atribuciones al cancelar el Registro Oficial de Periodistas, carece de prerrogativas para conferir el reconocimiento, a título de colegio profesional, de una organización acogida a la ley de 1977. Reconocimiento que, de forma sibilina, pero no menos explícita, le otorga a la Federación de Asociaciones de la Prensa al 'recordarle' la aplicación del artículo tres de la ya citada ley de Colegios Profesionales al asumir esa federación las obligaciones propias y específicas de un colegio profesional".

Según los socialistas, el acuerdo suscrito el 18 de octubre de 1980 entre UGT, CC OO, Unión de Periodistas y la Federación de Asociaciones de la Prensa -"del que tampoco formó parte el PSOE y, por consiguiente, al que no está vinculado"- constituye "un encomiable principio para la autoorganización de los periodistas, coincidente con las libertades de asociación, información y expresión consagradas en el texto constitucional". Pero insisten en que dicho acuerdo queda desvirtuado "si, como consecuencia de la cancelación del ROP y del vacío legal producido, la Administración atribuye a la FAPE, en exclusividad, la representatividad de todos los periodistas".