La pastoral de los obispos vascos

LA REPERCUSION alcanzada por la pastoral de los obispos vascos en torno al proyecto de ley orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico, pendiente de aprobación en el Senado, muestra que la jerarquía eclesiástica, más allá de su magisterio sobre los fieles en cuestiones que le son propias, continúa aspirando a ejercer su influencia "sobre el conjunto de la vida pública española. El hecho de que el artículo 16 de la Constitución, al referirse a las relaciones de los poderes públicos con las confesiones religiosas, cite de forma expresa a la Iglesia católica ha concedido a los obispos una situación institucional privilegiada para hacer oír su voz y para aspirar a que sus opiniones sean tomadas en consideración por los gobernantes. Cuando la jerarquía eclesiástica se pronuncia sobre el divorcio, sobre el aborto, sobre la enseñanza o sobre la situación del País Vasco no se propone tan sólo aleccionar a los católicos de estricta obediencia sobre sus deberes como hijos de la Iglesia sino que aspira, sobre todo, a que los poderes de un Estado no confesional legislen, gobiernen o juzguen de acuerdo con las opiniones o con las instrucciones expresadas por la Conferencia Episcopal o por un grupo de obispos.Los medios conservadores acogen con aplausos que la jerarquía actúe como un grupo de presión sobre las Cortes Generales y el Gobierno para proteger la financiación de los colegios religiosos con cargo a los fondos públicos o para subordinar la regulación jurídica del matrimonio y de la interrupción voluntaria del embarazo a las prescripciones de la moral católica tradicional. En cambio, las incursiones de los obispos en terrenos relacionados con la defensa de los derechos humanos o con otros temas legislativos reciben airadas respuestas. Ni hay que rasgarse las vestiduras porque los obispos opinen sobre la educación, el divorcio o la violencia, ni hay que ceder al reflejo césaro-papista de considerar que las ideas expresadas por altos dignatarios eclesiásticos poseen fuerza vinculante, ni siquiera moral, en una sociedad pluralista que garantiza la libertad ideológica y religiosa de los ciudadanos y que elige a sus gobernantes mediante el sufragio universal.

La sociedad española debe aprender a colocar en su debido lugar las actitudes o las apuestas de la Iglesia en cuestiones políticas, sin restarles la importancia que siempre merecen las intervenciones de tan influyente grupo de presión, pero sin considerarlas una coactiva amenaza a la independencia de unas instituciones que reciben su legitimidad de las urnas y no de una transmisión taumatúrgica de poderes.

A principios de abril de 1981 los obispos vascos publicaron una pastoral conjunta, titulada Salvar la libertad, en la que exponían una valiente e inequívoca condena del terrorismo y ponían en guardia, al tiempo, contra los peligros de una política represiva en el País Vasco. Aquel documento provocó una gran indignación en el Gobierno, que presentó incluso una protesta formal ante el Vaticano por esa intromisión eclesiástica, expresión nunca empleada, en cambio, cuando la jerarquía presiona en favor del Estatuto de Centros Docentes o la legislación sobre el matrimonio o el aborto. Ahora, la pastoral Respetar la justicia y salvar la paz, centrada en la crítica a la LOAPA, ha desatado una reacción igualmente desproporcionada y claramente sesgada en la interpretación dé algunas de las afirmaciones del documento.

La pastoral, ciertamente, es insuficientemente analítica y pronuncia su sentencia contra la LOAPA sin exponer los argumentos y los considerandos en los que presumiblemente se apoya el fallo condenatorio. Los obispos dicen que no pretenden "en modo alguno entrar en los aspectos técnicos y jurídicos de la LOAPA", pero resulta sencillamente imposible alcanzar las conclusiones a las que llegan sin realizar esa valoración. En efecto, la pastoral -afirma que la LOAPA constituye "una modificación notable y unilateral del estatuto", representa "un incumplimiento del compromiso del Estado con la comunidad vasca" y significa "una práctica derogación parcial del Estatuto de Autonomía" y "un retorno disimulado hacia el viejo modelo centralista, retocado mediante una cierta descentralización administrativa". A nuestro juicio, hay mucho de cierto en tales afirmaciones, pero la forma de dar apoyatura a esas tajantes tesis no puede ser otra que demostrar, con argumentos técnico-jurídicos, que la LOAPA es una norma anticonstitucional. El esfuerzo por disfrazar de juicio moral una apuesta política conduce a los obispos a un callejón sin salida y transmite a su actitud tintes innecesariamente sospechosos.

En cualquier caso, parece deshonesto, y casi calumnioso, atribuir a la pastoral de los obispos algún grado de connivencia o tolerancia con la violencia terrorista. El documento recuerda que otras pastorales han denunciado los múltiples peligros para la paz y la justicia derivados de la violencia, indica que su preocupación por la LOAPA no significa privilegiar ese tema por encima de otras amenazas, subraya que "los medios violentos contradicen frontalmente el objetivo pretendido de una sociedad pacificada" y afirma que "un pueblo no puede permitir hacer el juego a grupos violentos que manipulan y extrapolan aspiraciones legítimas, poniéndolas al servicio de proyectos partidistas que, por los objetivos propuestos y las estrategias y medios utilizados, constituyen un gravísimo atentado contra la democracia y la paz". Los temores expuestos por la pastoral acerca de los negativos efectos que pudiera producir en el pueblo vasco la aprobación de la LOAPA, en el sentido de reforzar las posiciones de quienes rechazan las vías del diálogo y preconizan el recurso a la presión violenta, no son ni un chantaje ni una amenaza sino una preocupación digna de ser tenida en cuenta. Los obispos, tras condenar la idea de que "las actuaciones al margen de la ley y la violencia terrorista" pudieran ser "el único camino posible", exhorta a las autoridades autonómicas a que pongan en práctica "una denonada voluntad de diálogo y negociación" y, caso de quedar cegada esa vía, no olviden nunca que los procedimientos empleados para combatir la LOAPA deberán estar "siempre acordes con las exigencias de la ética en una sociedad democrática". La pastoral, en suma, se halla muy próxima a las posiciones mantenidas por el PNV a propósito de la LOAPA pero en las antípodas de cualquier justificación de la violencia terrorista. Que el PNV y los obispos vascos tengan la razón o se equivoquen en este asunto es algo que, en cualquier caso, sólo la discusión sensata y el análisis de los argumentos pueden decidir. En último caso será el Tribunal Constitucional quien decida sobre la adecuación de la discutida ley a la norma fundamental del Estado, sin que la arrogancia de las mayorías aritméticas valga para legitimar una norma que desborde o conculque la Constitución española de 1978.