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La CEOE y el vicepresidente económico

CON UNAS pocas horas de intervalo se han producido dos valoraciones asimétricas sobre la situación de la economía española, a cargo del vicepresidente del Gobierno por un lado y del presidente de la organización patronal CEOE por otro. En estas circunstancias cabe incluso pensar que la vecindad de las dos manifestaciones y su antagonismo han contribuido a exagerar la nota en cada caso para defenderse de los mutuos y respectivos ataques.En el informe del vicepresidente se describe el comportamiento de una economía que, sin llegar a alcanzar la tasa de crecimiento del 3%, marcada como objetivo, apunta, sin embargo, una actividad positiva. Si, efectivamente, el estancamiento de la construcción y de la agricultura es un hecho, los indicadores sobre la evolución de la industria y de los servicios permiten estimar un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del orden del 1,5% para 1982. Incremento este inducido por el efecto expansivo del déficit del sector público y, sobre todo, por el crecimiento de las exportaciones de mercancías y servicios turísticos vendidos al exterior. Hasta aquí todo parece correcto y no caben objeciones. El punto crítico radica, no obstante, en lo que el informe trata de soslayar. Y es el grado en que el déficit del sector público ha, repercutido sobre el aumento de la cantidad de dinero existente en el sistema y, en consecuencia, en el aumento de la inflación. Es más, este aumento de la inflación provocado por el déficit del sector público ha obligado a absorber las disponibilidades monetarias mediante la política de elevar los tipos de interés que ha implantado el Banco de España.

Con esta secuencia de aumentos, las empresas han comenzado a verse de nuevo afectadas por el encarecimiento del dinero y cuestionada su rentabilidad. La reacción automática ha sido procurar subir los precios y cargar así finalmente la presión sobre los consumidores.

En definitiva, ese déficit público no ha sido esta vez el benéfico multiplicador keynesiano que con su impulso despierta un crecimiento encadenado de la producción. Sencillamente ha sido el mejor agitador que podía encontrar la causa de la inflación y el más serio adversario de la estrategia pretendida por el ANE. Consecuentemente, la política de distribución de rentas se está convirtiendo así, a partir de este déficit público creciente, en una utopía inalcanzable.

La CEOE, por su parte, ha disparado sus mayores quejas contra el déficit público, pero sin definir muy bien en qué habría de consistir la política de estabilización que dice proponer. Una estabilización, en principio, debe reducir los desembolsos que suponen las subvenciones y transferencias a empresas públicas con excesivas dificultades de reestructuración. Pero sobre este punto no hay ninguna afirmación clara en el discurso del presidente de la CEOE. Tampoco existe ninguna precisión sobre la fiscalidad futura; por ejemplo, respecto a la corrección de las defraudaciones presumibles de muchos profesionales. Profesionales con una situación de privilegio fiscal y que constituyen precisamente las avanzadillas de ese partido conservador que, según la CEOE, se señala como el único calificado para poner orden y disciplina en el mercado. Estas y otras omisiones signíficativas llevan a albergar la duda de si la CEOE está defendiendo un plan de estabilización real o simplemente está agitando un descontento de calado político.

Efectivamente, el desacuerdo de este sector empresarial con la política económica del Gobierno parece por lo demás todo un simulacro. En un país donde los circuitos privilegiados de financiación, las subvenciones, las ayudas estatales y, en suma, el compadreo entre los dueños de las grandes empresas y rectores de las finanzas, de un lado, y los funcionarios del Gobierno y responsables políticos, de otro, está a la orden del día, no resultan verosímiles estas escenificaciones de enfrentamiento. Por lo menos si esto se refiere, como decimos, al grupo empresarial que se erigió en un protagonista político más con motivo de las elecciones andaluzas. No ha de resultar, por tanto, muy aventurado presumir que, si ahora se agita desde estas instancias el déficit público como causa importante de los males económicos, en un futuro, si el equilibrio de fuerzas les proporcionara el poder, su política económica no habría de distanciarse mucho de la actualmente vigente.

Por último, merece atención el hecho de que desde dos sectores de la derecha -la moderada gubernamental y la asilvestrada de la patronal- se hagan análisis tan dispares en torno a cuestiones sobre las que cabe la apelación científica y son ponderables numéricamente los argumentos. Aunque se repita esa sentencia de que en este mundo hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas, el observador no puede hurtarse a la sensación de que dos análisis tan distantes desde sectores tan hermanados en el desempeño del poder sólo pueden responder a particulares conveniencias políticas de uno y otro lado. El Gobierno, pretendiendo demostrar que lleva una gestión económica acertada; la.patronal, propugnando una gestión más a la derecha de Calvo Sotelo y aproximándose a posiciones neoliberales tan sugestivas en la teoría como incompatibles con la realidad española. En suma, una doble exhibición de falta de rigor que los líderes sociales han hecho en sustitución de lo que ha de ser una puntual y solvente información sobre la situación de nuestra economía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 23 de julio de 1982.

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