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Editorial:

Otra muerte en Carabanchel

EL ASESINATO perpetrado el pasado domingo en la cárcel de Carabanchel pone otra vez dramáticamente de relieve la inseguridad -interior y exterior- de las prisiones españolas y abre un grave interrogante sobre la sensibilidad del Gobierno y de una parte de la clase política ante los gravísimos problemas de nuestra Administración penitenciaria. La protección de los derechos humanos -incluido ese derecho básico que es la vida- no puede terminar allí donde comienzan los muros de las penitenciarías. Las cárceles españolas, insuficientes y hacinadas, no sólo no promueven los derechos de los internados "al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad" y a su "reeducación y reinserción social", tal y como ordena el artículo 25 de la Constitución, sino que ni siquiera pueden garantizarles su supervivenciá física. Nuestra norma fundamental establece que los condenados por sentencia firme seguirán gozando de los derechos fundamentales reconocidos en el capítulo segundo del título I, a excepción de las limitaciones expresamente contenidas en el fallo condenatorio, el. sentido de la pena y la ley penitenciaria. Resulta, sin embargo, que hasta los reclusos en prisión preventiva corren peligro de muerte mientras esperan la celebración de la vista oral y se desesperan con las dilación es y retrasos de los juicios. Hace menos de dos semanas (véase EL PAIS de 10 de julio de 1982) dedicamos un pesimista comentario, motivado por las seis muertes violentas producidas en el centro de reclusión madrileño durante los primeros meses de 1982, a la desoladora situación de las cárceles españolas. El deteriorode la vida carcelaria es el último eslabón de una larga cadena de deficiencias y errores que arranca de la legislación restrictiva sobre prisiones preventivas y libertades provisionales, prosigue con la desesperante lentitud de los riminales, continúa con el insuficiente número de magistrados y fiscales en servicio activo y se refuerza con la falta de medios humanos y materiales puestos a disposición delpoder judicial para realizar sus tareas. Pero la culminación de esa secuencia de carencias y negligencias es una política penitenciaria caracterizada por la penuria presupuestaria, la escasez de centros carcelarios, las lamentables condiciones materiales de unas instalaciones atestadas, insalubres y cochambrosas, la inadecuada preparación de una parte del cuerpo de funcionarios de prisiones para llevar a cabo su cometido en una sociedad democrática y la desidia de todos los Gobiernos recientes para concebir e instrumentar los remedios necesarios para acabar con, esta inadmisible situación. Las prisiones españolas se han convertido así en escuelas superiores de delincuencia.

Ahora, Carabanchel -y antes otros centros de reclusión- parece estar en su régimen interior bajo el dominio de peligrosas mafias de matones que trafican con drogas (¿quiénes son sus proveedores y a través de qué redes de complicidades entra la mercancía en la prisión?), imponen la ley de Talión, dictan sentencias, torturan a sus compañeros e incluso ejecutan penas capitales. El hacinamiento de la cárcel madrileña y el insuficiente número de funcionarios tal vez puedan explicar los mecanismos que hacen posibles esas palizas y esos crímenes. Pero resulta asombroso que la Dirección General de Prisiones aluda a la escasez de funcionarios y a las aglómeraciones de reclusos como'si hablase de fenómenos geológicos sobre los que no existe posibilidad alguna de actuación. La dimisión es un arma de denuncia y de protesta que los cargos políticos y los funcionarios de libre designación tienen siempre en sus manos para no convertirse en encubridores o cómplices de las faltas de sus superiores.

La sensibilidad moral y la madurez cultural de una sociedad se reflejan en la capacidad de los ciudadanos instalados para preocuparse por los marginados y para garantizarles el respeto al que tienen derecho como personas que pertenecen a su misma especie. La indiferencia por la suerte de los reclusos hace temer que éstos estén desempeñando el papel de chivos expiatorios sobre los que la sociedad española, incapaz de dar trabajo a dos millones de parados, de buscar salidas a la decepción juvenil, de exigir una sustancial reforma de la Administración penitenciaria y de presionar en favor de unas nuevas leyes penales y procesales, pretende descargar, con hipocresía y crueldad, el peso entero de una responsabilidad que nos abarca a todos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de julio de 1982