El Parlamento autónomo pide al Gobierno que se oponga al vertido de residuos nucleares

El Parlamento de Galicia ha acordado solicitar al Gobierno español que realice una gestión diplomática ante los gobiernos del Reino Unido, Bélgica, Holanda y Suiza para que interrumpan voluntariamente los vertidos de residuos nucleares que las cuatro naciones vienen realizando desde 1967 en una fosa marina situada en el Atlántico, a sólo 380 millas de las costas gallegas y una distancia algo mayor de las de Irlanda. Una resolución en este sentido fue aprobada por unanimidad en la última sesión de la Cámara autónoma, a partir de una proposición no de ley del diputado nacionalista Claudio López Garrido.

La resolución, que incluye varias preguntas sobre la capacidad legal de vigilancia y control de los vertidos por parte del Gobierno español, ha sido aprobada a poco más de una semana del comienzo de la primera de las dos operaciones anuales de lanzamientos de residuos, anunciada el pasado 30 de abril por el Reino Unido. Entre los próximos días 26 y 30, el barco británico Gem arrojará en el rectángulo de 20 por 60 millas náuticas donde se localiza la fosa 3.028 envases que contendrán, según la información facilitada por el Gobierno del Reino Unido, un total de 2.700 toneladas de residuos nucleares.La segunda operación, en la que participarán los barcos holandeses Louise Smits y Kirsten Smits, supone el lanzamiento de 13.075 contenedores, con un peso total de 9.756 toneladas, durante los últimos días del mes de agosto. Los desechos radiactivos procederán en este caso de Holanda, Suiza y Bélgica, aunque la ejecución y supervisión de los vertidos es responsabilidad directa del Ministerio holandés de Sanidad y Medio Ambiente.

La potencial peligrosidad de los residuos, repetidamente denunciada por todas las asociaciones ecologistas y la mayor parte de los ayuntamientos costeros gallegos, ha sido minimizada, sin embargo, por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA), que en un informe emitido en 1976 concluía que es imposible demostrar los efectos de las radiaciones sobre los organismo acuáticos y el ecosistema en general. Según la agencia, resultaría tolerable un vertido máximo anual de 100.000 toneladas por zona a lo largo de un tiempo prácticamente indefinido.

Especialistas americanos entre los que se encuentra el profesor Jackson Davis, director del Instituto del Medio Ambiente de la Universidad de California, cuestionan, pese a todo, este análisis y llaman la atención sobre los peligros de introducción de la radiactividad en la cadena alimentaria a través de los minúsculos animales que ocupan el fondo del mar. Davis, que dirigió la toma de muestras por parte de un equipo americano en la fosa atlántica, llega a poner en duda el cumplimiento de algunas de las normas del Tratado sobre Prevención de la Contaminación Marina firmado en 1972 en Londres, que sirve de marco legal básico para la ralización de los vertidos.

En cualquier caso, la supuesta inocuidad del lanzamiento de residuos radiactivos a los océanos ha sido cuestionada por la Comisión Controladora de la Energía Nuclear de Estados Unidos, que en 1970 recomendó el almacenamiento de los desechos en minas abandonadas o su enterramiento a gran profundidad. Actualmente, tan solo Holanda, Bélgica, Suiza y el Reino Unido continúan arrojando sus residuos al mar dentro de un programa de la Agencia, Nuclear Europea, dependiente de la OCDE.

La organización ecologista Green Peace se ha encargado durante los últimos años de la oposición a los vertidos, utilizando su barco Sirius, para obstaculizar los trabajos de lanzamiento en la fosa. El partido nacionalista Esquerda Galega fletó el pasado mes de septiembre un pesquero, el Xurelo, con el misimo objetivo.