Presentados los recursos de casación contra la sentencia del juicio del 23-F
Nueve de los diez defensores de los condenados por los hechos del 23-F han presentado ya en la sala de lo penal del Tribunal Supremo los recursos de casación contra las sentencias superiores a tres años de prisión. El único que no lo ha hecho aún es Gerardo Quintana, defensor del general Torres Rojas, que lo hará hoy.Según una nota hecha pública por algunos de los abogados, los motivos de casación por quebrantamiento de forma se refieren, principalmente, a la denegación de pruebas propuestas, en particular de algunos testigos, como el general Sabino Fernández Campo y el entonces comandante Agustín Muñoz-Grandes Galilea, ambos de servicio en La Zarzuela. Asimismo, se alegan defectos en la redacción de la sentencia.
En cuanto a los motivos de fondo, se alegan, juntamente con la inexistencia de verdadero delito de rebelión, los efectos eximentes de la obediencia prestada "en la creencia sincera de estar cumpliendo órdenes de quien, en su entender, podía darlas". Ello, unido al "extremo estado de necesidad" impulsó la incruenta operación, debido a la "aflictiva situación límite de una España en trance crítico, víctima, sobre todo, entre otros graves males, del desbordado terrorismo, concentrado muy especialmente sobre el elemento militar, y del incontenido separatismo, no atajados, ni en el uno ni en el otro, por una apariencia de Gobierno inerte e impotente".
Como cuestiones marginales al recurso propiamente dicho, en estricto sentido procesal, se denuncian en el mismo escrito casos que los abogados califican "de nulidad radical". El más importante de ellos es "la flagrante ilegalidad del nombramiento acordado por el Gobierno, desde un principio, de un juez especial para la instrucción de este sumario". Alguno de los recursos solicita se estime como atenuante los "móviles morales, altruistas o patrióticos", y para apoyar esta posibilidad se menciona lo siguiente: "Ya en marzo de 1931, el propio Consejo Supremo de Justicia Militar, por entonces de Guerra y Marina, había aplicado este benigno trato, por el que se imponían seis meses y un día de prisión por rebelión militar a los miembros del comité revolucionario que poco después se erigió en Gobierno provisional de la Segunda República".
