Regresan al Reino Unido los jefes del cuerpo expedicionario en el Atlántico sur

El vicealmirante John Sandy Woodward, comandante en jefe del destacamento naval británico en las Malvinas, regresa hoy al Reino Unido. Ha sido reemplazado en este cargo por el vicealmirante Derek Reffel. Por su parte, el general Jeremy Moore, al mando de las fuerzas en tierra, volverá asimismo en las próximas semanas. Su puesto en Port Stanley lo ocupará el general de división David Thorne.El Ministerio de Defensa en Londres aclaró que estos relevos eran normales, ahora que había terminado la reconquista de las Malvinas. Sin embargo, el vicealmirante Woodward ha sido una personalidad discutida por la Prensa y, según los corresponsales británicos de vuelta de las Malvinas, por sus subalternos. Woodward, señaló John Witherow, de The Times, intentó manipular a la Prensa.

La mayor crítica contra Woodward es que nunca bajó a tierra para visitar a sus tropas en el transcurso de la campaña y recibió el apodo de la estrella de Borneo porque mantuvo su flota a unas cien millas al este de las Malvinas, lejos del alcance de la aviación argentina, sin proporcionar una cobertura aérea adecuada para las fuerzas en tierra. También se achacan a errores de juicio de Woodward el hundimiento por los argentinos de buena parte de los barcos británicos.

El ministro de Defensa, John Nott, anunció esta semana un importante programa para la construcción de aviones Harrier y barcos perdidos en la guerra de las Malvinas. Aunque este programa va algo más allá de las pérdidas, Nott no piensa, por el momento, variar su estrategia defensiva de reducir el número de destructores y fragatas de 50 a 42 para 1985.

Los orígenes de la crisis de las Malvinas comienzan a calentar la vida política británica. La primera ministra, Margaret Thatcher, quiere iniciar una investigación oficial exhaustiva del conflicto, que se remonte a 1965. Los laboristas pretenden sólo analizar los acontecimientos más recientes. El ex primer ministro Edward Heath se enfrentó directamente a Margaret Thatcher, señalando que la jefa del Gobierno no tenía ningún derecho constitucional para utilizar en esta investigación, sin su permiso, los papeles confidenciales de Administraciones anteriores.