El Consejo Europeo acepta evaluar el coste económico de la entrada de España en la CEE antes de proceder a la ampliación

La cumbre europea, que terminó ayer en Bruselas con la asistencia de los jefes de Estado o de Gobierno de los diez, aceptó la tesis francesa según la cual antes de proceder a la ampliación efectiva de la Comunidad Económica Europea (CEE) y admitir a España y a Portugal como nuevos socios hay que evaluar cuidadosamente el coste económico de la operación y saber cuál será la participación de cada Estado miembro en la financiación.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los diez acordaron que la Comisión Europea (organo burocrático y ejecutivo de la CEE) realice un inventario o catálogo de problemas derivados de la ampliación, su coste y eventuales fórmulas de financiación. La comisión realizará su cometido "en el más breve plazo posible" (sin fecha fija), y el Consejo de Ministros estudiará sus propuestas, sin que exista tampoco ningún compromiso por su parte de llegar a conclusiones en un plazo determinado.Tanto el presidente de la Comisión Europea, Gaston Thorn, como el presidente de turno del Consejo Europeo, el primer ministro belga, Wilfried Martens, insistieron en que las negociaciones con España no sufrirían ningun parón porque se desarrollarían de forma "paralela". Thorn añadió que "nadie tiene la intención de retrasar ni enviar ad calendas graecas la adhesión de los países candidatos", pero eludió contestar directamente si será posible empezar a discutir con España sobre los problemas clave del proceso de integración, agricultura y pesca, entre ellos, antes de haber realizado el inventario y de que los diez se hayan puesto de acuerdo sobre cómo financiar los problemas que se deriven de la ampliación.

Mucho más claro fue el presidente francés, François Mitterrand, quien reiteró una vez más que su Gobierno no pone un veto a la adhesión de España, y señaló que los diez están de acuerdo en la necesidad de un "catálogo de problemas". "Si hay una respuesta positiva para esos problemas", añadió Mitterrand, "repito lo que ya dije en Madrid: cuanto antes entre España, mejor".

La decisión del Consejo Europeo de apoyar la petición de Mitterrand supone, por más que sus portavoces pretendan maquillarla, un éxito rotundo para Francia, que ha logrado colocar la pelota en el campo contrario y sacudirse de encima la responsabilidad del indudable retraso que va a experimentar la adhesión de España.

Estrategia francesa

Los expertos franceses, "aburridos de jugar el papel del malo", según la expresión de un diplomático galo, han encontrado la estrategia perfecta: primero, iniciar un proceso de reflexión y análisis en el seno de la CEE, que lógicamente llevará su tiempo. Segundo, colocar a la República Federal de Alemania y los países nórdicos miembros de la Comunidad ante una auténtica factura. Si no hay pago previo no hay ampliación. 0 al menos no hay adhesión de España en un plazo razonable, porque el caso de Portugal presenta características diferentes. Mitterrand afirmó que la adhesión simultánea de los dos países candidatos " no es un principio", aunque inmediatamente añadió que es "deseable", lo que no quiere decir imprescindible.

La posición del Gobierno francés es meridianamente clara: si hay respuesta positiva (condicional), la adhesión de España podrá ir adelante. Si no, es decir, en el caso de que cada cual no cargue con su fardo "por adelantado", París no es el responsable de lo que suceda.

"Estamos felices de tener precisiones al más alto nivel sobre la voluntad de los diez y de llevar adelante la ampliación", dijo Gaston Thorn en la conferencia de Prensa que precedió al Consejo. El presidente de la comisión -que no se dio por aludido ante lo que teóricamente es un tirón de orejas, puesto que la obligación del órgano que preside hubiera sido "preparar ya ese inventario"- estimó que se ha "levantado toda ambigüedad a ese respecto: no existe veto político a la adhesión de España".

La sorpresa de la cumbre clausurada ayer no la constituyó la actitud francesa, repetidamente explicada por sus portavoces a lo largo de varios meses, sino la del canciller Helmut Schmidt, quien hasta ahora se ha presentado como un paladín de la integración de España en la CEE. Ayer el político alemán, absorbido probablemente por problemas más urgentes para su país, como las relaciones con Estados Unidos, se limitó genéricamente a expresar su apoyo político a la ampliación. Curiosamente, fueron Dinamarca -que ocupará la presidencia de la CEE en julio-, los Países Bajos y el Reino Unido quienes levantaron la voz para afirmar que, en su opinión, el calendario inicial para la adhesión de España y de Portugal debía ser mantenido. Italia jugó a dos bandas: apoyó a Francia y pidió que se acuerde un período transitorio, especialmente largo para la agricultura española.