El Parlamento de Navarra aprobó las normas de política industrial y de fomento de empleo

El pleno del Parlamento Foral de Navarra aprobó, en una controvertida sesión, el proyecto de norma sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión y del empleo. No se aprobaron, sin embargo, dos aspectos del mismo relativos a la concesión de beneficios financieros para la modernización de empresas. El proyecto fue aprobado con los votos a favor de los parlamentarios de UCD y UPN, mientras que votaron en contra PSOE, Euskadiko Ezkerra y Partido Carlista. El PNV mantuvo durante todo el debate del proyecto, una postura abstencionista. La Diputación Foral de Navarra queda autorizada para emitir deuda pública, hasta un máximo de mil millones de pesetas, para hacer frente a los compromisos de pagos derivados de la ejecución de esta norma.

Política industrial

La norma aprobada por el Parlamento tiene por objeto regular las actuaciones de la Diputación Foral en materia de política industrial, así como el establecimiento serie de medidas tendentes al fomento de la inversión y del empleo en Navarra.Al objeto de conseguir una promoción industrial armónica entre las diversas comarcas de la provincia y con la finalidad primordial en el momento de crisis económica actual, de conseguir un relanzamiento de la inversión productiva, la creación de nuevos puestos de trabajo, así como el mantenimiento de los existentes, las actuaciones de la Diputación Foral contempladas por esta norma se referirán a: estudios económicos; modernización de la estructura productiva; acciones generales de promoción; investigación y desarrollo tecnológico; acciones de comercialización; ayudas financieras a la inversión y al empleo; medidas crediticias; inversiones anticontaminación y medidas de política fiscal.

Este proyecto de norma había recibido ya antes de ser debatido por el Parlamento muy duras críticas por parte de los sectores de la izquierda, que le imputaban al mismo una filosofía alineada con la derecha. Estos sectores criticaban el proyecto porque se concedían importantes subvenciones, avales, exenciones y beneficios fiscales a las empresas y se recortaban las facultades de control de la diputación sobre estas ayudas.

A juicio de los parlamentarios socialistas que intervinieron en el debate del proyecto, éste adolece de innumerables defectos entre los que destaca la falta de una definición clara de los objetivos sociales, de una cuantificación de los resultados, de una articulación de políticas instrumentales y del establecimiento de una gestión compartida.