Gibraltar y la verja
LOS MINISTROS de Asuntos Exteriores de España y del Reino Unido acordaron ayer en Luxemburgo aplazar el inicio de las conversaciones hispano-británicas sobre Gibraltar, dejando constancia, sin embargo, de que el proceso negociador abierto por la declaración de Lisboa de abril de 1980 sigue abierto. La nota conjunta señala que los ministros seguirán manteniéndose en contacto y que oportunamente se fijará fecha para la reunión suspendida. Oficialmente, ha correspondido al Gobierno español la iniciativa del aplazamiento, tal vez por condenables presiones de medios proargentinos, tal vez por temor a un fracaso del encuentro. En cualquier caso, sólo un desbordante optimismo permitía albergar esperanzas de que la reunión del 25 de junio pudiera haber dado otros resultados que no fueran una sensación, más o menos mitigada, de frustración. La absurda guerra del Atlántico sur, provocada por la agresión militar de la Junta de Buenos Aires, ha soplado sobre los rescoldos, nunca apagados, del jingoísmo británico. Y la victoria de la Task Force en isla Soledad no ha hecho sino reforzar, al menos a corto plazo, el ensueño de que la extensión territorial del Reino Unido no se circunscribe a las islas Británicas, sino que abarca los suelos -cada vez menores y más escasos- en los que ondea todavía la Union Jack. Pese al improvisado trabalenguas del presidente del Gobierno, Gibraltar y las Malvinas no son cuestiones tan distintas y distantes como la historia y el derecho internacional podrían hacer pensar. Dejando aparte las diferencias entre el archipiélago austral y el Peñón, que por supuesto existen, ambos casos son claros ejemplos de territorios ocupados por el Reino Unido durante varias generaciones, que se inscriben en un área geográfica extraña y que están habitados por poblaciones política, cultural y lingüísticamente anglosajonas. Tanto la Roca como las Malvinas tienen también en común que, a diferencia de otros fenómenos colonialistas, no existe una población autóctona dominada y explotada por los ocupantes. El enfrentamiento entre el principio de población, según el cual los derechos de los habitantes prevalecen sobre cualquier otra consideración, y el principio de territorialidad, que hace predominar las consideraciones geográficas sobre cualquier otra razón, confiere al problema de Gibraltar, como antes al de las Malvinas, una complejidad política que no se presta a fórmulas expeditivas. La Junta de Buenos Aires ha tenido ocasión de pagar caro el error de olvidar que la existencia de los 1.800 malvinenses fue precisamente el argumento decisivo que permitió a Margaret Thatcher conseguir el respaldo popular británico para el envío de la Royal Navy al Atlántico sur.Las soluciones de fuerza tienen que ser excluidas en estos contenciosos. Y no sólo por respeto a los principios jurídicos a los que debe ajustarse la comunidad internacional, por el rechazo de las agresiones armadas para dirimir conflictos o por el cínico argumento de la evidente superioridad militar británica. Los derechos de las poblaciones, por reducidas que sean en términos cuantitativos, deben ser tenidos en cuenta en cualquier negociación que esgrima el principio contrapuesto de la integridad territorial. Cuando Franco dijo que Gibraltar no valía la vida de un solo soldado español, seguramente tuvo también en cuenta su vieja experiencia africana y el recuerdo de nuestros compatriotas que habitan al otro lado del Estrecho. Porque sería suicida olvidar que el enclave del Peñón dentro del territorio peninsular es tomado por los marroquíes como retorcido argumento para considerar las ciudades de Ceuta y Melilla, fundadas y habitadas por españoles desde hace siglos, como un caso idéntico o parecido.
La negociación sobre Gibraltar, perjudicada por el insensato aventurerismo del presidente Galtieri y sus compañeros de armas, va a sufrir un grave retroceso. La teoría de la fruta madura, de la que también Franco fue autor, significa, sin embargo, que el Peñón no podrá seguir indefinidamente en su actual situación, irregular e indefendible tanto a la luz del derecho internacional como desde el punto de vista de la política de alianzas del mundo occidental. A diferencia de Argentina, España pertenece ya a una alianza militar en la que también se halla integrada Gran Bretaña, y ha presentado su candidatura al ingreso en la Europa comunitaria, de la que también es miembro el Reino Unido. La entrada de España en la OTAN debe aconsejar a la Alianza Atlántica a buscar una fórmula razonable que permita al Gobierno español participar en el mando y el control de la base militar enclavada en el Peñón, hoy bajo mando exclusivamente británico. Y la eventual entrada de nuestro país en el Mercado Común puede ayudar a derribar los obstáculos a la libre circulación de trabajadores y ciudadanos españoles y británicos en los dos países.
El aplazamiento de las conversaciones llevará consigo la suspensión de la apertura de la frontera entre La Línea de la Concepción y el Peñón. Tal vez la prudencia aconseje esa medida dilatoria, pero, a medio plazo, es absurdo mantener la artificiosa separación entre las dos comunidades, que, para caminar por la senda de la integración, deben, ante todo, sepultar viejos rencores y mejorar su mutuo conocimiento. El cordón sanitario decretado por Castiella hace casi veinte años no ha servido más que para enconar las heridas de los gibraltareños y para perjudicar los intereses materiales -tan respetables como cualesquiera otros- del Campo de Gibraltar. No se ganan las peleas dando coces contra el aguijón ni se consigue rendir una plaza fuerte obligando a los turistas españoles a viajar a Tánger para llegar al Peñón. La sospecha de que presiones de la derecha reaccionaria española unidas a la debilidad congénita del actual Gobierno se han combinado en la decisión de tener la verja cerrada es a la postre más preocupante que la decisión misma. Y es sobre ella, sobre la desorientación de un poder devorado en su interior por los mismos que lo mantienen y se aprovechan de él, por donde transcurren hoy las meditaciones de los políticos.
