Los Presupuestos Generales del Estado para 1983 serán casi una prórroga de los actuales

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros las instrucciones para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 1983. El trabajo estará dominado por las incertidumbres de la situación económica y la perspectiva del eventual anticipo de elecciones generales. Lo más novedoso es que cada ministerio presentará su previsión de gastos en pesetas de 1982, mediante la absorción de obligaciones contraídas, revisable tras el verano. Así, las cuentas del Estado serán una prolongación de las actuales, aún en el caso de que la disolución anticipada de las Cortes no obligue a la simple prórroga de los Presupuestos 1982.

Según noticias de toda solvencia, el Gobierno ha aceptado todas las propuestas de instrucciones que preparó Hacienda, excepto dos. Por la primera, el instrumento será una comunicación del ministro, Jaime García Añoveros, complementaria de la comunicación de marzo pasado y de la orden posterior de 9 de junio sobre normas técnicas de elaboración. La segunda ha consistido en rechazar la propuesta para reducir en un 25% las subvenciones a los gasóleos agrícola y pesquero. Tal reducción estaba prevista dentro de un plan escalonado para eliminar las subvenciones, porque en su día se concibió la medida como transitoria. Su demora costará en 1983 unos 6.000 millones de pesetas.El Ministerio de Hacienda hizo pública ayer una nota en la que se sintetizaban dichas directrices generales que consisten esencialmente en una reducción generalizada de subvenciones, salvo en los casos de la aportación del Estado a la Seguridad Social y prestaciones al desempleo; limitación de ampliación de plantillas señalando que durante el ejercicio de 1983 no se tramitarán expedientes de ampliación de plantillas si el incremento del gasto público derivado no queda compensado mediante la reducción de otros gastos o por la obtención de ingresos adicionales directamente relacionados con dichas ampliaciones. Por último se establece, según la nota oficial del Ministerio de Hacienda, que los organismos autónomos aplicarán en sus presupuestos los criterios y normas establecidos, enmarcándolos en un plan de reforma de la gestión, para racionalizar la toma de decisiones, disminución de gastos y aumento de los recursos generados por la propia actuación.

La absorción de obligaciones pendientes y su cuantificación en pesetas de 1982 supondrá por sí sola incrementar los gastos del Estado en más de 400.000 millones de pesetas, sobre los 3,5 billones presupuestados para el presente ejercicio. A estos aumentos se añadirá después del verano, automáticamente, los que aconsejen las estimaciones oficiales de inflación y crecimiento económico para 1983. Aunque oficiosamente se barajaban incrementos del 9% al 11% en precios y del 2% al 3% en la producción de bienes y servicios, el Gobierno ha preferido precisar la estimación de estas magnitudes cuando disponga de más datos sobre la coyuntura internacional y nacional.

Los primeros 400.000 millones de pesetas adicionales procederán de consolidar o aflorar obligaciones contraídas. He aquí algunos de ellos:

- Inversión pública. Los 50.000 millones de pesetas aprobados hace varios meses para sumar a los 825.000 de los Presupuestros de 1982. Con las posteriores correcciones automáticas, se espera que el total para 1983 supere el billón de pesetas, lo que supondría un crecimiento real del 3%.

- Coste de la deuda interior y exterior. Los intereses pasarán de 83.000 millones de pesetas previstos para 1982 a 180.000 millones. Las devoluciones, de 58.000 a 121.000 millones.

- Cobertura de la Seguridad Social y desempleo. Por el programa de racionalización de la Seguridad Social, la aportación del Estado al sistema aumentará de 350.000 millones de pesetas a unos 440.000; es decir, del actual 15% al 17% (el objetivo es 20% en 1984), aunque para ello hay todavía varias hipótesis. Asimismo, la aportación al desempleo (40% a cargo del Estado y 60% del sistema) crecerá de 174.000 a unos 200.000 ó 224.000 millones. Esta última alternativa dependerá de si el empleo comunitario, en lugar de ser financiado todo por el Estado, pasa al sistema general del 40%-60%.

- Aumentos de plantillas. Como resultado de recientes disposiciones, el incremento de plantillas costará unos 8.000 millones y procederá casi todo de Educación y Universidades y Administración de Justicia. Naturalmente, esto es independiente del traslado de pesetas 1982 a pesetas de 1983 por los incrementos salariales. Hasta ahora las hipótesis han ido del 9% al 11%, pero arrastrarán mayor volumen por su incidencia en Seguridad Social y pensiones.

- Reconocimiento de derechos. Aquí hay dos partidas fundamentales. Una, de 15.000 a 20.000 millones de pesetas, por el primer pago de trienios, reconocido y luego dejado en suspenso por decreto ley el año pasado. La otra, 13.000 millones de pesetas, por el reciente decreto de homologación de trato del personal docente con el civil.

En compensación, aunque la incidencia de esta medida no será grande, el crecimiento de los gastos corrientes (muebles, útiles de trabajo, etcétera) tratará de colocarse algún punto por debajo del aumento de la producción a precios de mercado.

Cifras definitivas

Para fijar las cifras definitivas por cada ministerio, de cara a lo cual se han celebrado numerosas reuniones en los últimos meses, la instrucciones aprobadas ayer preven que, antes del próximo 30 de junio, los respectivos departamentos elevarán sus propuestas. En un apartado deberán especificar las créditos necesarios en pesetas 1982 una vez absorbidas las obligaciones contraídas. En otro, las nuevas propuestas de gasto. Todo ello será analizado y ajustado individualmente.

En consecuencia, todavía no hay estimaciones concretas de déficit presupuestado para 1983. En gran medida, dependerán de la evolución de los ingresos, que a su vez está relacionada con el pulso de la economía. Para mediados de julio Hacienda espera estar en mejores condiciones, una vez conocidas las entradas por Renta. No obstante, las primeras cifras aventuradas apuntan a que los ingresos pasen de 2,8 a 3,2 billones de pesetas, con aumento algo superior al medio punto en la presión fiscal (porcentaje de impuestos sobre el Producto Interior Bruto (PIB), avance similar al de los últimos años. Así, el déficit presupuestado, que partió inicialmente para 1982 de 700.000 millones de pesetas, podría pasar los 800.000 millones, sin llegar a exceder 3,5 puntos del PIB (para 1982 era 3,4). De todas formas, para medios solventes de Hacienda está claro que el margen de maniobra para la programación de 1983 es muy pequeño. No obstante, se ha esbozado el criterio de seguir fomentando la inversión pública en términos reales.