La primera autoridad del Poder Judicial informa al Parlamento sobre la situación de la Justicia

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Federico Carlos Sainz de Robles, compareció ayer ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación de la Administración de Justicia e iniciar el contacto institucional de la más, alta representación del poder judicial con el poder legislativo. Los representantes de los grupos parlamentarios se felicitaron por la presencia de Sainz de Robles en el Parlamento, coincidieron con él en la necesidad de dotar de suficientes medios materiales y humanos a la justicia y dialogaron con él sobre la necesidad de aumentar definitivamente la credibilidad popular en los jueces.

Durante la primera parte de la sesión, el titular del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, actuó de presidente y posteriormente condujo la sesión el titular de la Comisión, Oscar Alzaga. Tanto Lavilla y Alzaga como el propio Sainz de Robles y los representantes de los grupos parlamentarios destacaron el valor histórico de la sesión, y su significación política, dado el carácter de poderes del Estado que ostentan tanto la Justicia como el Parlamento.Federico Carlos Sainz de Robles expuso ante la Comisión una serie de comentarios a la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 1981, y anunció algunos datos sobre la de 1982, de inminente publicación. Destacó la importancia de la ley orgánica del Poder Judicial, pendiente de tramitación en el Parlamento y calificó la situación presupuestaria de la Justicia como de "no precisamente bollante". Junto a la falta de medios materiales, explicó el propósito del consejo de impulsar una racional utilización de las disponibilidades existentes.

Reconoció como un hecho que, no debe ocultarse el bajo índice de credibilidad en la Justicia por parte de los ciudadanos, a pesar de la honestidad de las personas que la administran. Dió cuenta de los resultados de una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Sociológicas que muestra la credibilidad insuficiente en la Justicia. Añadió que es preciso que se administre una Justicia eficaz, transparente y barata, en cumplimiento del precepto constitucional de que nadie debe dejar de ser atendido por falta de medios económicos. Entre otras soluciones, Sainz de Robles manifestó que el Consejo afina la selección de los funcionarios judiciales y se esfuerza por adaptar a los jueces y modernizarles, mediante contactos con instituciones homólogas europeas y con la propia sociedad española.

El portavoz socialista Antonio Sotillo manifestó que el Parlamento necesita conocer la situación de la Administración de Justicia, pero también decidir sobre las propuestas que desde la misma se formulen. Expresó el agradecimiento por la colaboración del poder judicial con el legislativo, pero recordó que el único representante de la soberanía popular es el Parlamento. Asimismo, señaló que la reforma de la Justicia debe enfocarse funda mentalmente en beneficio de los justiciables y no de los servidores de la misma. Gráficamente expresó la conveniencia de que se piense más en quienes están "de ventanilla para afuera que de ventanilla para adentro".

Racionalizar la Administración de Justicia

Sainz de Robles coincidió en la necesidad prioritaria de la racionalización del funcionamiento judicial. Respecto a las prioridades legislativas insistió en la importancia de la ley orgánica del Poder Judicial, para institucionalizar la independencia judicial. Consideró lógicos los recelos mutuos entre el Parlamento y la Justicia, pero aseguró que el Consejo General del Poder Judicial no pretende ser un poder dentro del Estado, y en todo caso reconocerá la necesidad de estar controlado por el Parlamento en lo que se refiere a los bienes públicos de que dispone.

La corrupción judicial y el delito fiscal

El portavoz comunista Fernando Pérez Rollo calificó de escalofriante la penuria presupuestaria padecidá por la Justicia. En cuanto a la mayor credibilidad de los jueces, aludió a algunas prácticas abusivas en la administración de Justicia que no pueden justificarse por la penuria económica de los jueces. Sainz de Robles contestó a esta cuestión, evitanto los circunloquios y denominando el fenómemo denunciado como la corrupción existente, que no puede justificarse en las insuficientes retribuciones, aunclue a veces estas sean su causa. profunda.

El diputado comunista también recordó que durante cinco años de vigencia de la figura del delito fiscal no se habían entablado ni un solo proceso, a pesar de los 400 expedientes remitidos al fiscal según el Ministerio de Hacienda. Sainz de Robles reconoció que las penas por este tipo de delitos tienen un valor de ejemplaridad, pero señaló que el 80% de las actas hubieron de ser devueltas por la existencia de posibles errores, que actualmente la administración está subsanando.

El diputado centrista Antonio Vázquez Guillén planteó también la actuación de la administración de Justicia en relación con los afectados por el síndrome tóxico y preguntó la opinión en torno a la institución del jurado.

Sainz de Robles contestó que el establecimiento del jurado está previsto en la Constitución, con independencia de los diferentes criterios que puedan mantener los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Añadió que, en todo caso, la creación de los jurados debe hacerse con suficiente rigor.