Curro Romero presta declaración en el juzgado

Curro Romero y su picador Diego Mazo prestaron declaración ayer en el juzgado de instrucción número 20 de Madrid, en relación con la denuncia presentada por el Gobierno Civil por los incidentes que se produjeron en la corrida del pasado 26 de mayo en la plaza de Las Ventas.El expediente incoado por el Gobierno Civil se refiere a desacato, amenazas, desobediencia y desorden público, según manifiesta a Efe el abogado del torero, Miguel Cid Cebrián. Curro Romero declaró ante el juez, entre otras cosas, que la corrida empezó mal porque los toros se caían, y que el cuarto de la tarde era manso y tenía mucho peligro. El torero describió así la causa del grave incidente: "En los dos primeros puyazos no se le picó suficientemente; en el tercero, el picador se empleó a fondo y la bronca del público arreció, quizá porque pensaba que quería matar al toro; éste retrocedía y terminaron en el centro de la plaza".

"La bronca era descomunal", siguió declarando Curro Romero, "y se comenzaron a lanzar almohadillas". Dice que ni él ni sus compafteros oyeron el toque de clarín para cambio de tercio, por cuya razón no quitó el toro del caballo, y que durante la faena de muleta le tiraron toda clase de objetos, de los cuales una almohadilla y un bote le llegaron a alcanzar. Añade que al acabar la corrida pasó por el despacho del presidente, a quien obedeció cuando le dijo que esperara un par de horas, hasta que se calmaran los ánimos de los numerosos espectadores que le esperaban.

En el pliego de descargos, el abogado mantiene que la única sanción que cabría imponer a Curro Romero es la prevista en el reglamento taurino, cuya cuantía máxima es de 25.000 pesetas. Y dice, según Efe, que tratan de imponerle un castigo mucho más alto (dos millones de pesetas) por razones que a él le parecen claramente políticas, con el fin de desviar la atención de la opinión pública para que no se fije en otras cuestiones de mayor gravedad.

Miguel Cid mantiene que estas sanciones de la ley de Orden Público ya no se pueden aplicar en ningún caso, pues está derogada por la Constitución.