Campaña difamatoria contra el abogado de las víctimas

Con extraordinarias medidas policiales de seguridad y en presencia de más de una treintena de periodistas, la mayoría de ellos enviados especiales de agencias y diarios de ámbito nacional, comenzaron ayer, a las once de la mañana, las sesiones del juicio por la muerte de los jóvenes Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas.Por otro lado, parece haber empezado una campaña de difamación a nivel de calle contra el abogado de la acusación particular Darío Fernández Alvarez. Ayer antes del juicio se repartieron unas copias con timbre del propio abogado en las que figura un dibujo denigratorio imitando un hombre del saco con el siguiente texto: "Así estafé 700.000 pesetas". Al parecer se refiere a la actuación que dicho abogado tuvo en el asunto de la cooperativa de viviendas de San Cristóbal, compuesta, como se sabe, por socios pertenecientes a la Policía Municipal, taxistas y guardias civiles.

Una hora antes de que el conserje diese la voz de audiencia pública se fue agolpando la gente en los alrededores del Palacio de Justicia, a la espera de poder ver la llegada de los procesados sobre los cuales recae la curiosidad ciudadana para ver si llegan vestidos de uniforme o de paisano, dadas las especiales características del caso, pues por primera vez unos guardias civiles comparecen para ser juzgados ante un tribunal de jurisdicción ordinaria por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones que establece la ley de Policía de 4 de diciembre de 1978.

Entre ese centenar de personas destacaban los familiares de las víctimas, Loll Cobo y Aurelio Liquete, hermana y cuñado de Luis Cobo, y Santiago Diego, cuñado de Luis Montero, quienes viajaron en avión desde Santander a Almería la noche del sábado, y también los padres y el hermano de Juan Mañas. La madre de Mañas dijo que, aunque estaba citada para el día 22, había querido asistir a este acto para que todo el mundo viese la limpieza del comportamiento de su hijo. "Yo no digo que todos son culpables", añadió la madre, "pero aquellos que lo hayan hecho deben pagar con lo que establece la ley. Que no se tapen con dinero ni con ningún otro engaño".