Mañana comienza la vista pública del 'caso Almería'
Tres jóvenes murieron hace un año en extrañas circunstancias mientras permanecían detenidos por la Guardia Civil. Dos oficiales y un número de la Benemérita comparecen como acusados.
El tribunal que juzga el caso deberá hacer frente a tres calificaciones distintas de los hechos: una, totalmente exculpatoria para los guardias civiles procesados; otra, acusatoria pero centrada en el homicidio, y una tercera, también acusatoria, agravada por la tipificación de los hechos como asesinato. En el banquillo de los acusados comparecerán el teniente coronel Carlos Castillo Quero, jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Almería cuando se produjeron los hechos; su teniente ayudante, Manuel Gómez Torres, y el guardia conductor, Manuel Fernández Llamas. Es la primera vez que guardias civiles comparecen para ser juzgados ante un tribunal de la jurisdicción ordinaria por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones que la ley de Policía de 4 de diciembre de 1978 atribuye a la Guardia Civil, que son defender el ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y, garantizar la seguridad ciudadana. La instrucción y enjuiciamiento de los delitos cometidos en el ejercicio de dichas funciones corresponden a las audiencias provinciales.Las víctimas de los hechos, Luis Montero García, de 33 años; Luis Cobos Mier, de veintinueve, y Juan Mañas Morales, de veinticuatro -los tres residentes en Santander, y el último natural de Pechina (Almería)-, se encontraban de vacaciones en la provincia almeriense para asistir a la primera comunión de un hermano menor de Juan Mañas, cuando fueron detenidos en Roquetas de Mar por efectivos de la Guardia Civil, que erróneamente les consideraron sospechosos de pertenecer a ETA. En las horas posteriores a su detención se produjeron sus muertes en extrañas circunstancias, cuyo esclarecimiento es el objetivo del proceso abierto a raíz de las mismas y del juicio que se inicia mañana.
Tres versiones
Los defensores de los guardias civiles procesados, letrados Juan José Pérez Gómez, Fulgencio Pérez Dobón y Francisco Tara Hernández, piden la libre absolución, tras mantener en su escrito de conclusiones provisionales que los tres jóvenes agredieron al conductor del vehículo en que eran trasladados a Madrid, perdiendo éste el control del coche, razón por la cual el teniente coronel ordenó "fuego, a las ruedas, que se escapan", resultando muertos por impacto de bala los tres detenidos. Posteriormente, según este relato, el coche se incendió al derrapar por un terraplén.
El ministerio fiscal mantiene que los procesados cometieron un delito de homicidio, pues no era necesario utilizar armas de fuego para detener nuevamente a los tres jóvenes.
Las penas solicitadas en conclusiones provisionales por el fiscal son las siguientes: catorce años, ocho meses y un día de reclusión menor por cada uno de los tres delitos de homicidio para el teniente coronel Carlos Castillo Quero, y nueve años de prisión mayor por cada homicidio para el teniente Manuel Gómez Torres y el guardia conductor, Manuel Fernández Llamas, a quienes se aplica la atenuante de obediencia debida. A los tres imputa el fiscal un delito de homicidio del artículo 407 del Código Penal, castigado en principio con la pena de reclusión menor, que va de doce años y un día a veinte años.
La acusación particular, por su parte, que defiende los intereses de los padres y familiares de las tres víctimas, mantiene que los hechos son constitutivos del delito de asesinato, con las agravantes de premeditación, alevosía y ensañamiento. Solicita para el teniente coronel Castillo Quero treinta años de reclusión mayor por la muerte de cada uno de los tres jóvenes. Iguales penas solicita para cada uno de los otros dos guardias civiles procesados.
En concepto de indemnizaciones el ministerio fiscal solicita tres millones de pesetas para cada una de las familias de las víctimas, mientras que el acusador particular eleva esta cifra a cinco millones de pesetas. En la vista del juicio también estará presente un abogado del Estado, en representación de la Administración pública, que se considera perjudicada por el daño patrimonial registrado en tres grilletes utilizados para la conducción de las víctimas y, consecuentemente, inutilizadas en el incendio del vehículo en el que viajaban los tres jóvenes.
