Una vía para superar el pleito insular

El estatuto de Canarias ha tropezado con innumerables problemas durante los últimos dos años de su negociación entre las fuerzas políticas, como consecuencia de conflictos históricos heredados. Desde el primer momento, sectores políticos y económicos enarbolaron la defensa de los cabildos por encima de las propias aspiraciones autonómicas. La idea de región y, por supuesto, la de nacionalidad (preferida no solo por los partidos nacionalistas, sino también por el PSOE y el PSE), ha chocado con la de isla y la de provincia. Los cabildos, que datan de hace cinco siglos y en su forma actual de 1912, han sido hasta ahora órganos de gobierno insular que han disfrutado de amplia autonomía política y financiera, antes que cualquier otra institución local del país.Los denominados cabildistas se han batido hasta última hora en favor de estos entes, en contra, incluso, del futuro gobierno autónomo, por considerar que este último robará competencias a aquellos. La polémica se ha visto zanjada sobre el papel en el texto autonómico, donde a los cabildos les han sido reconocidos sus poderes en cada territorio insular.

Si el concepto isla ha primado en este debate respecto al de región o archipiélago, desde el punto de vista de algunos sectores políticos y económicos más beligerantes la idea de provincia ha suscitado el mismo estado de contradicción para dichos sectores con la de comunidad autónoma. Desde 1927 Canarias está dividida en dos provincias. La de Santa Cruz de Tenerife agrupa a las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro; la de las Palmas de Gran Canaria incluye a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Primo de Rivera creyó, al romper en dos la unidad del archipiélago, que así cesaría el pleito insular, la lucha por la capitalidad del conjunto de las islas, que había ostentado hasta entonces Santa Cruz de Tenerife, con la abierta oposición de las Palmas de Gran Canaria. Durante estos 55 años las dos provincias han vivido en medio de serenas discrepancias, que no han resucitado el espíritu capitalino y hegemonista de ninguna de las dos. Cada provincia ha contada con una mancomunidad de cabildos. En las últimas fechas la conciencia de que dichas mancomunidades desaparecerían con la creación de un Gobierno autónomo ha hecho que algunos hayan querido hacer oir sus voces partidarias de la supervivencia de tales entidades provinciales.

Resuelta la lucha por la capitalidad

El Estatuto ha resuelto la vieja lucha por Ia capitalidad desechando la idea de que ésta tenga una sede única y optando por una definición compartida de la misma. Así Canarias tendrá desde ahora dos capitales, las ciudades cabeceras de cada provincia que cada cuatro años serán residencia del Gobierno autónomo. En este sentido, el Estatuto puede considerarse superador de un pleito histórico.

El motivo de principal preocupación de las organizaciones empresariales canarias ha sido la garantía de continuidad del régimen económice, fiscal (REF), en el que se plasman los derechos fiscales del archipiélago de más de un siglo de antigüedad. Este régimen ha side, cuidadosamente ratificado en el texto autonómico.

Por otra parte, el estatuto ha ofrecido la imagen de un amplio consenso entre UCD y PSOE. A pesar de las primeras diferencias, que anunciaron un parto difícil de la autonomía canaria, ambos partidos han suscrito un pacto y se hanvisto en la necesidad de hacer campaña casi conjunta a favor del Estatuto para ahogar en los últimos días las críticas de determinados sectores considerados antiautonomistas.