Los abogados de todos los condenados a más de tres años recurrirán la sentencia

Los defensores de todos los militares que han sido condenados en relación con los sucesos del 23-F por el Consejo Supremo de Justicia Militar a más de tres años de prisión -pena que entraña la expulsión del Ejército-, presentarán recursos de casación anta la Sala Segunda del Tribunal Supremo, alegando los supuestos de infracción de ley, quebrantamiento de forma y desestimación de eximentes. Algunos de estos letrados criticaron al Gobierno por sus manifestaciones en contra de la sentencia y, en algunos casos, por impulsar un recurso contra la misma ante el Tribunal Supremo, lo que constituye, en su opinión, una "intromisión" en las competencias del poder judicial.

Adolfo de Miguel, defensor de varios de los procesados, declaró a este periódico que tanto él como otros miembros de las defensas se sienten "atónitos por las manifestaciones de protesta extraprocesal que se están produciendo desde diversos medios políticos y especialmente de responsables gubernamentales". El recurso de casación que planteará Adolfo de Miguel contra la pena de seis años que el Consejo Supremo de Justicia Militar ha impuesto a uno de sus defendidos, el comandante de Infantería Ricardo Pardo Zancada, por delito consumado de rebelión militar, estará basado principalmente en un "posible quebrantamiento de forma en cuanto a las denegaciones de práctica de pruebas solicitadas, y de preguntas de la defensa".De Miguel resaltó también el hecho de que no hayan sido tenídas en cuenta las circunstancias para la apreciación de un estado de necesidad, ni de la eximente de obediencia debida. "Consideramos con todo respeto que la sentencia no se ajusta a derecho, motivo obvio éste por el que recurrimos", dijo el abogado, quien añadió que "no vamos a impresionarnos por las campañas extraprocesales que se emprendan contra la sentencia, ni creo que debamos criticarla, sino recurrirla, que es lo que vamos a hacer".

Al margen del recurso de casación, Adolfo de Miguel también considera causa de señalamiento de nulidad de pleno derecho, por anticonstitucional, el nombramiento por el Gobierno de un juez instructor especial para el proceso por el Gobierno, hecho que el letrado califica de "gravísimo" desde el punto de vista jurídico. Este abogado se refiere al general García Escudero, quien instruyó la causa del 23-F.

Preparación de recursos

Los defensores disponen ahora de un plazo de cinco días para preparar sus recursos y anunciar la presentación de los mismos, ya que de lo contrario la sentencia sería firme. A partir del miérccles próximo comenzará un segundo plazo, de quince días, para la presentación formal de dichos recursos, con lo que se iniciará el trámite legal para su admisión o no. De Miguel aseveró que los defensores de los condenados no tienen planeada ninguna "estrategia conjunta" para la presentación de los recursos, que son individuales, si bien no descartó posibles "cambios de impresiones" con otros letrados.

Por su parte, Angel López Montero, defensor del teniente coronel Antonio Tejero Molina, condenado a treinta años de prisión, presentará recurso de casación por opinar que han existido extremos procesales durante la instrucción que pueden dar lugar a nulidad de lo actuado, debido a que, en su opinión, "la instrucción no fue completa ni profunda" y se denegaron muchas pruebas importantes.

Quintana: "Críticas improcedentes"

El letrado Gerardo Quintana, defensor del general Torres Rojas, declaró: "Yo no soy quien para criticar la decisión del Tribunal, pero sí para lamentar que cuando las cosas no salen a gusto de algunos, resulta que ya no las consideran democráticas; curioso concepto de democracia el de estos señores que se permiten emitir críticas improcedentes a un organismo judicial, que en este caso es el máximo organismo de justicia militar, porque sus decisiones no les agradan". El general de división Luis Torres Rojas, su defendido, ha sido condenado a seis años por el delito consumado de conspiración para el de rebelión militar. Al igual que otros abogados, presentará recurso de casación.

José María Labernia, defensor del coronel de Artillería José Ignacio San Martín López, condenado a tres años y un día de prisión, tiene la intención de presentar el próximo día 9 un recurso contra dicha sentencia, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por considerar que los hechos probados contra su defendido no son constitutivos de delito, ya que no están tipificados en el Código de Justicia Militar, en virtud de lo cual solicitó la absolución. No obstante, Labernia considera que la condena impuesta a su cliente no ha sido demasiado dura.

Santiago Segura:"No hubo rebelión militar"

Por su parte, Santiago Segura Ferris, defensor del capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, condenado a tres años y tres meses de prisión, anuncia que seguirá intentando la absolución de sus defendidos, por entender que no hubo delito de rebelión militar porque no hubo disolución de las Cortes, no se atentó contra el Gobierno ni hubo disparos contra sus componentes. El defensor del. capitán Muñecas únicamente acepta la existencia de una detención ¡legal de dichas instituciones, pero no la intención de violentarlas o de variar su curso.

También presentará recurso contra dicha sentencia por considerar que se ha producido infracción de ley conforme a los números 1 y 2 del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos artículos se refieren, respectivamente, a la infracción de leyes de cáracter sustantivo y a la existencia de documentos auténticos de los que resulta la "evidente equivocación" del Juzgador, no desvir tuada por otras pruebas. También alegará quebrantamiento de forma, en virtud de la no aceptación o re solución por el tribunal de las pro testas, prueba y peticiones formuladas por la defensa.

El citado letrado, en calidad de defensor del teniente de la Guardia Civil Vicente Carricondo, ha anunciado que reiterará la eximente de obediencia debida para defender el fallo absolutorio de su defendido contra el presumible recurso del minísterio fiscal. José María Labernia juzga asimismo insólito que sea el Gobierno quien impulse la presentación de un recurso, lo cual sólo debería producirse, en su opinión, a iniciativa del propio ministerio fiscal por disentir de la condena.

Jaime Tent Soler, defensor del capitán de la Guardia Civil José Luis Abad Gutiérrez, condenado a tres años y un día, declara que presentará también recurso contra dicha sentencia alegando infracción de ley quebrantamiento de forma, aunque todavía no tiene perfilado el contenido de la misma. Tent considera excesiva dicha condena envirtud de que su defendido se encontró en la tesitura de obedecer unas órdenes dadas.

Por otra parte, los abogados de los capitanes Cid Fortea, Bobis González y Lázaro Corthay -que fueron condenados a dos años cada uno- han solicitado la prisión atenuada para sus defendidos, es decir, el cumplimiento de la pena en sus domicilios.