Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Sentencia por la rebelión militar del 23-F

Quince meses de proceso

Apertura del sumarioLa instrucción del sumario se inició el día 24 de febrero, coincidiendo con el arresto de los oficiales y jefes de la Guardia Civil que estaban relacionados con el asalto al Congreso, y del comandante Pardo Zancada y los capitanes de la divisón acorazada que se sumaron a la ocupación.

El primer juez instructor fue el coronel Díaz Aguilar, quien posteriormente ciñó su labor a investigar lo sucedido en la I Región Militar (Madrid), mientras que el general García Escudero, consejero togado del Consejo Supremo de Justicia Militar, instruía sobre lo ocurrido en el resto de España. Luego, y una vez arrestados todos los que serían objeto de procesamiento, García Escudero quedaría como único instructor.

La instrucción del sumario concluyó el 9 de julio, cuatro meses y medio después de su comienzo. Ese día., el juez elevó las diligencias practicadas, que estaban contenidas en unos 6.000 folios, al Consejo Supremo de Justicia Militar. El sumario y las conclusiones provisionales del fiscal fueron entregados a los defensores el 11 de agosto.

A partir de entonces, se abrió un plazo, que concluyó el 28 de septiembre, durante el cual los abogados elaboraron sus conclusíones y las fueron entregando ante el Consejo Supremo. Todos ellos solicitaron la absolución de sus patrocinados y negaron el relato de los hechos efectuado por el fiscal y que habían llevado a éste a pedir las máximas penas para tres de los procesados y otras para el resto consideradas muy duraspor los defensores.

Fase de plenario

A continuación se inició la fase de plenario, a lo largo de la cual se practicaron aquellas pruebas solicitad.as por el fiscal y los abogados y aceptadas por el Consejo Suprei-no de Justicia Militar.

En el plenario se tomó declaración a nuevos testigos, se recabaron otros testimonios de personas que ya habían declarado durante la instrucción y se efectuaron careos entre varios de los procesados que mantenían contradicciones entre sí. Esta fase concluyó el 27 de enero del presente año y seis días después, el 3 de febrero, el fiscal entregó su escríto de acusación, por el que modificaba ligeramente sus conclusiones provisionales, en virtud de lo instruido desde que concluyó la instrucción sumarial.

El juicio

El 11 de febrero, el Consejo Supremo de Justicia Militar fijó la celebración de la vista oral de la causa, que se inició el 19 del mismo mes en un almacén habilitado a tal efecto en el Servicio Geográfico del Ejército, moderno acuartelamiento ubicado en la zona de Campamento, a unos diez kilómetros del centro de Madrid.

Cuando dio comienzo el juicío, el proceso llevaba ya casi un año en marcha. Las diligencias sumariales y de plenario estaban recogidas en unos 15.000 folios; habían sido procesados 32 militares y un civil, y un total de veintiséis letrados, algunos de ellos militares, se hallaban personados en la causa.

La causa

La magnitud de la causa y la espectacularidad y tralcendencia de los hechos que a ella dieron lugar convocaron en Campamento a numerosos periodistas, de modo que el Ministerio de Defensa facilitó 120 acreditaciones para cubrir informativamente el juicio, si bien sólo sesenta personas podían permanecer al mismo tiempo en la zona reservada a la Prensa en la sala, y ninguna de eflas podía acudir con la credencial del mismo medio que otra.

Casi dos centenares de familiares y amigos de los procesados, así como más de cien representantes de unidades de todas las regiones militareg del país acudíeron, casi de forma ininterrumpida, a las sesiones.

Los grupos parlamentarios, el Colegio de Abogados de Madrid y los cuerpos jurídicos de los tres Ejércitos, tuvieron sus observadores en la sala.

El juicio tuvo cinco partes, diferenciadas entre sí: la lectura del apuntamiento y de los folios del sumario que solicitaron las partes; el interrogatorio a los procesados; la toma de declaración a los testigos; la exposición de las conclusiones definitivas del fiscal y de los defensores, y los alegatos de los procesados que quisieron hacer uso de su derecho a decir cuanto estimaran necesario en su descargo.

Lectura del sumario

La lectura del apuntamiento o resumen de la causa y de los foflos del sumario ocupó once sesiones: las comprendidas entre el 19 de febrero y el 8 de marzo.

Quien más declaraciones y documentos del sumario solicitó que fueran leídos fue el fiscal, con un total de ochenta piezas. Le siguieron Ramón Hermosilla, defensor del general Armada, y Angel López Montero Juárez, defensor del teniente coronel Tejero Molina.

Durante esta fase se produjo un incidente grave, al ser expulsado de la sala de vistas el periodista Pedro J. Ramírez, director de Diario 16, el 23 de febrero. Ese mismo día, el citado periódico publicó un reportaje titulado Así asaltamos el Parlamento, en el que se hacían determinadas imputaciones al capitán Alvarez Arenas Ardiína, quien el 23 de febrero mandaba la compañía de Policía Militar de la División Acorazada Brunete, y acompañó al comandante Pardo Zancada al Congreso de los Diputados, donde se unieron a la Guardia Civil ocupante, hecho éste que les costó a ambos el procesamiento de la causa.

La expulsión de Pedro J. Ramírez, quien no pudo regresar al juicio y a cuyo periódico se le retiraron las credenciales durante varias semanas, tuvo su origen -como se reconoció en una nota informativa del Ministerio de Defensa- en la negativa de los procesados a comparecer ante el Tribunal mientras el periodista estuviera presente en la sala.

Interrogatorio de procesados

El interrogatorio se inició a mediodía del 8 de marzo, con la declaración del teniente general Milans del Bosch, militar de mayor graduación de entre los procesados, por el fiscal. Esta fase duró hasta el 1 de abril, día en que se celebró la sesión 25 y se tomó testimonio al único civil procesado, Juan García Carres.

El interrogatorio más largo fue el del general Armada, que se prolongó por espacio de ocho horas; el del teniente general Milans del Bosch duró poco menos. El más breve fue el del capitán de la Guardia Civil Francisco Ignacio Román, que no duró irnás de veinte minutos.

Tras los ínterrogatorios del general Armada y del coronel Ibáñez Inglés, fueron solicitados sendos careos: uno entre el general Armada y el teniente general Milans del Bosch, y otro entre el primero de ellos y el coronel Ibáhez, dado que permanecían las contradicciones de unos y otros respecto a los hechos. El Tribunal los denegó por estimar que tales pruebas debían haber sido pedidas con anterioridad a la fijación de la vista y fallo.

Esa negativa dio lugar a una protesta masiva de abogados, que se repetiría a lo largo del juicio por los más variados motivos.

Interrogatorio de los testigos

El fiscal y losdefensores interrogaron a lo largo del juicio a 45 testigos militares y a dos viviles. Entre los militares figuraban tres tenientes generales, catorce generales, seis coroneles, trece tenientes coroneles, siete comandantes y dos capitales. Los civiles eran el periodista Juan Pla y el diputado socialista Enrique Múgica. Esta fase ocupó las sesiones entre la 26 a la 34, que tuvieron lugar entre el 2 y el 20 de abril.

Durante este período, el capitán Francisco Ignacio Román fue puesto en libertad provisional, y se produjo un grave incidente al abandonar cuatro procesados la sala, desobedeciendo la orden en contrario del presidente del Tribunal, en el momento en que el testigo teniente general Saenz de Santamaría, entonces capitán general de Zaragoza, comparó a los ocupantes del Congreso con unos secuestradores y a los diputados con unos rehenes.

Conclusiones definitivas

Una vez concluyó el interrogatorio de los testigos comenzó la cuarta fase del juicio, la de exposición de las conclusiones definitivas de las partes, que se prolongó a lo largo de trece sesiones, desde el 27 de abril al 18 de mayo. Quienes más tiempo emplearon en sus exposiciones fueron los abogados del teniente coronel Tejero y del general Armada; el fiscal empleó una sola jornada. Todos los defensores solicitaron la libre absolución de sus patrocinados.

Este período no fue presidido por el teniente general Alvarez Rodríguez, titular del Consejo Supremo de Justicia Militar, sino por el teniente general Gómez de Salazar, ya que el primero de ellos sufrió un agravamiento de una úlcera de estómago y tuvo Que ser hospitalizado el 24 de abril.

Uno de los procesados, el teniente Vecinos Núñez, renunció a su abogado, Alfredo Nieto Funcía, el día antes al que en principio estaba fijado para que éste leyera su informe al letrado. Ello se produjo por discrepancias sobre el contenido del informe. Asumió la defensa de este teniente el a su vez teniente de Aviación Hernández Grino.

Los alegatos

La última fase del juicio fue la de los alegatos, que son las exposiciones que los procesados tienen derecho a hacer de cuanto consideren necesario en su descargo. La mayor parte de los encartados hicieron uso de este derecho y el más extenso fue el coronel San Martín, quien habló quince minutos, por contraposición al teniente Pedro Izquierdo, quien consumió apenas diez segundos en su alegato.

A las 12.15 horas de la tarde del 24 de mayo, la causa quedó vista para sentencia. A partir de mañana, martes, el Consejo Supremo de Justicia Militar dispone de ocho días hábiles para, reunido en sala de justicia, emítir su veredicto.

Traslado de procesados

El 2 de Junio, dieciocho de los procesados fueron trasladados a la prisión militar de Alcalá de Henares y el capitán de navío Camilo Menéndez al acuartelamiento de la Agrupación de Infantería de Marina, de Madrid. Quedaron en el Servicio Geográfico del Ejército el general Armada, el comandante Cortina, los capitanes Gómez Iglesias y Batista y todos los tenientes de la Guardia Civil procesados. El único civil encartado, Juan García Carrés, continuó en la clínica Covesa, donde desde hace vanos meses atrás se le atendía de su enfermedad.

Ese mismo día el Tribunal Constitucional amparó al periodista Pedro J. Ramírez y dejó sin efecto la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar por la que se le retiró la credencial.

Por fin, después de nueve días de deliberación, el Consejo comunicó en la tarde de ayer la sentencia a los procesados y a la opinión pública.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de junio de 1982

Más información

  • El proceso seguido por los sucesos que culminaron con el asalto al Congreso por fuerzas de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Tejero, se ha prolongado por espacio de mas de quince meses: desde el 24 de febrero de 1981, día en que concluyó la ocupación del Palacio de las Cortes, hasta hoy, en que el Consejo Supremo de Justicia Militar ha comunicado la sentencia. No obstante, el proceso puede continuar a partir de ahora, ya que es previsible que el fiscal o los defensores, o ambas partes, recurran la sentencia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De producirse el recurso, y en virtud de las manifestaciones hechas por distintas personalidades del mundo del Derecho, la sentencia podría no ser firme antes de 1983.