El 'dinero negro' de las tragaperras
En menos de un año, el negocio de las llamadas máquinas recreativas y de azar ha aumentado sus beneficios hasta límites incalculables
El gran negocio de las tragaperras comenzó a mediados de 1981. En esa fecha sólo había instaladas en España alrededor de unas 200.000 máquinas, y en menos de seis meses -a primeros de este año- la cifra se duplicó. Las grandes mafias, los astutos y algunas otras personas que no tenían dinero ni para vivir observaron que el negocio no podía ser más rentable: una absoluta falta de control de la Administración y poco dinero para invertir, del que se obtenían en pocos meses altísimos beneficios.La Comisión, Nacional de Juegos no supo valorar el volumen que iba a tomar el negocio de las tragaperras y quedó absolutamente desbordada. Para controlar todos los negocios referentes al juego en España sólo existen doscientos inspectores de policía.
A partir de ahí comienza toda una historia de extorsiones, fraudes, chantajes, mafias, matones de tercera, delincuentes de guante blanco, posibles corrupciones a altos niveles, etcétera. Una de las primeras irregularidades es el hecho de que el asesor jurídico de FACOMARE (Asociación Española de Fabricantes y Comercializadores de Máquinas Recreativas y de Azar) sea un alto cargo de la Administración muy próximo a la presidencia del Gobierno.
El fraude se inicia a partir de la misma fabricación de las máquinas. Estos aparatos vienen a costar al fabricante alrededor de unas 60.000 pesetas y son vendidos al operador -comercializador o explotador- por unas 200.000 pesetas. Pero esta venta la realizan muchos de ellos fraudulentamente, según han manifestado a este periódico algunos operadores y fuentes del Ministerio del Interior. El método que todavía utilizan es el siguiente: al vender, por ejemplo, dos máquinas por valor de 400.000 pesetas, en la factura correspondiente a las mismas solamente figura un precio de 250.000 pesetas y el resto obligan a pagarlo por medio de un cheque al portador. Como al comprador le interesa el negocio a pesar de todo, el fabricante ya obtiene un dinero negro -150.000 pesetas- que no controla el Fisco y por supuesto no paga impuestos.
Más de 400.000 máquinas en España
Actualmente se encuentran funcionando en España más de 400.000 tragaperras -máquinas del tipo denominadas B, cuyo premio no debía ser mayor de quinientas pesetas-, de las cuales, según datos del Ministerio del Interior, unas 250.000 son ilegales. Por cada máquina, su explotador debía pagar a Hacienda, antes de salir el nuevo decreto, 6.000 pesetas -ahora son 40.000 pesetas-, pero el total de la recaudación sobre este impuesto ascendió a sólo 27 millones de pesetas el año pasado, lo que ha supuesto, según las mismas fuentes, un fraude al Fisco que se aproxima a los 2.400 millones de pesetas. La cifra recaudada por Hacienda indica que no sólo no pagaban los que mantenían las máquinas ilegalmente, sino tampoco la mayoría de los que tenían sus papeles en orden.
El decreto por el que se regían este tipo de máquinas ordenaba que el 65%, como mínimo, del dinero jugado en ella se debía devolver en premios y el 35% se debía repartir entre el operador y el propietario del establecimiento. Aunque las cifras varían ligeramente, se ha estimado que la renta media de beneficios de cada máquina al mes -el 35% del dinero jugado- oscilaba entre las 130.000 y las 180.000 pesetas. Esta cifra es indicativa del volumen de dinero que se movía en este sector y especialmente del dinero negro que, dado el número de aparatos ilegales, no era controlado por el Fisco.
Dado el volumen de beneficios que se obtenían con las tragaperras, a partir de agosto de 1981 se produce el boom del negocio. Las fabricantes comienzan a producir masivamente aparatos. Según datos del Ministerio del Interior, en los últimos tres meses se fabricaron alrededor de 200.000 máquinas. Los operadores comienzan a buscar el dinero para comprar máquinas y los más astutos montan un aparato distribuidor de las mismas por los barrios de las grandes ciudades. Ahí comienzan a crearse las pequeñas mafias, que comienzan a "trabajarse" los 200.000 bares que actualmente están abiertos en España.
El presidente de FACOMARE, Eduardo Morales, manifestaba a EL PAIS que el asunto se desbordó "porque la Administración no supo evaluar el efecto que iba a producirse al autorizar las máquinas B y ahora, cuando estas empresas han llegado a situarsecomo una de las primeras fuentes de ingresos de el país y han llegado a situarse en los primeros puestos de la fabricación internacional de tragaperras, después de Estados Unidos y Japón, también ha cometido el error de acabar con nosotros de un plumazo, sin evaluar las consecuencias que ello lleva consigo". Actualmente en España se contabilizan 214 empresas fabricantes de este tipo de máquinas y alrededor de unos 6.000 operadores.
Los grandes hombres de negocios se tapan en este asunto mediante sus hombres de paja, a quienes pagan para que sus nombres no aparezcan en los registros ni en documentos que puedan revelar su implicación en el caso. Los mafiosos de tercera toman las grandes ciudades como Madrid y se reparten por barrios la explotación de los aparatos. Fuentes solventes de la Brigada de Juegos de Madrid han señalado a este periódico que las 60.000 máquinas que funcionan en la capital de España estaban, en su mayoría, absolutamente controladas por estas mafias, las
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cuales ya habían intentado, y logrado en algunos casos, colocar aparatos en peluquerías, en supermercados, en la vía pública y hasta en casas de masajes. El control de los aparatos se había perdido y el negocio se había desbordado de una forma inimaginable.El chantaje era constante. Los pequeños mafiosos regalaban a los propietarios de los establecimientos televisores en color o dinero en efectivo para que éstos accedieran a colocar sus aparatos en el bar. Las amenazas para emplazar las máquinas entre los propios operadores eran, también, continuas, mientras los gobiernos civiles -competentes sobre el asunto en sus respectivas provincias- desconocían lo ocurrido o no querían desentrañar la tela de araña que ya estaba tejida.
Reclamos musicales
Según el Ministerio del Interior, las máquinas podían trucarse y manipularse con absoluta facilidad. Podía reducirse mediante el simple cambio del microprocesador el tanto por ciento de premios y beneficios a gusto del operador. No existía ningún problema, y por si todo esto fuera poco, los reclamos musicales que utilizaban los tragaperras no han pagado los derechos de autor.
Una forma de trucaje que todos los adictos a los monstruos mecánicos conocían era la acumulación de premios. Se sabía que no podía darse más de quinientas pesetas de premio por jugada, pero cuando esto ocurría, con introducir cuatro monedas más se obtenían las 2.500 pesetas -quinientas por cada moneda-. Era una forma de evitar que en una jugada y de golpe se obtuvieran más de las quinientas pesetas legales.
Asimismo, algunas máquinas del tipo C -con premios desorbitados de hasta 100.000 pesetas, ya que son trucadas con facilidad, prohibidas, excepto en los casinos-, se habían instalado en los bares de las grandes ciudades y, especialmente, según el Ministerio del Interior, en todo el País Vasco, donde todavía funcionan muchas de ellas.
Una de las curiosidades surgidas en torno a este negocio consistía en ordeñar la máquina. Los propietarios de algunos bares, que ya conocían el funcionamiento del aparato, esperaban el momento adecuado para limpiar la máquina de los premios mayores y, por supuesto, obtenían sus buenas cantidades de dinero, además de lo que semanal y mensualmente obtenían con su explotación.
A. O., un mediano operador de las tragaperras, que pasó del paro a pedir un préstamo para iniciarse en este negocio y llegó a explotar 125 aparatos, declaró a EL PAIS que el nuevo decreto, que prohíbe la ubicación del monstruo en los bares y otros establecimientos que no sean casinos o salones recreativos, favorecía a los grandes fabricantes, "que son los auténticos beneficiarios del negocio, tienen montadas unas sociedades filiales, explotan sus propias máquinas, dominan el mercado, y tienen buenas relaciones en la Administración.
