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Tribuna
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La intransigencia británica

Ante lo que algunos observadores califican como "el último capricho colonial deI siglo XX" la flota británica ha iniciado la penúltima etapa de una guerra colonial a la que el Gobierno conservador de la señora Thatcher busca darle el carácter de cruzada restauradora de la ley y el orden. Sus argumentos, en última instancia, se limitan a señalar a Argentina como el país beligerante que produjo la fractura del orden existente en las Malvinas antes del 2 de abril.Sus intereses, en cambio, apuntan a cuestiones más prácticas y onerosas, como lo son las explotaciones petrolíferas en juego, las ricas reservas de krill, o la importancia geopolítica del Atlántico sur en un futuro inmediato. Por último, el orgullo nacional de quien fue y dejó de serlo se siente herido ante el desplante y firmeza de un país que, occidental por geografía y convicción, se niega a seguir siendo socio menor y comparsa en lo que por ley, historia y geografía le pertenece como parte de su territorio nacional.

No importan así, en la guerra santa, los argumento de todo tipo que esgrima la parte contraria, como son las reiteradas resoluciones de la ONU (502 incluida) que instan a la descolonización de las islas o que la jurisprudencia del alto organismo mundial nunca considere agresor al territorio colonizado, sino al colonizador.

Conviene también olvidarse que el desembarco de los soldados argentinos no causó una sola muerte en el acto de recuperación y que hasta el 2 de abril los kelpers eran considerados legalmente ciudadanos de segunda categoría con restricciones de todo tipo en la corona de Su Majestad británica. Menos aún conviene hablar de diecisiete años de gestiones con Gobiernos de todo tipo en Argentina, donde la callada era la mejor de las respuestas.

Se insiste sí en el carácter dictatorial de la Junta Militar argentina, olvidándose que fue el Gobierno del Reino Unido uno de sus principales proveedores de armas, que sus préstamos a ese Gobierno alcanzan la suma de 9.000 millones de dólares ... unos 900.000 millones de pesetas... y que las reclamaciones por un pronto retomo a la vida democrática en Argentina nunca se hicieron oír desde Londres.

También se olvida la señora Thatcher de que son los argentinos en su conjunto, sin exclusiones de ningún tipo, los que han avalado el acto de recuperación de las fuerzas armadas, prestando su adhesión y apoyo a lo que se considera una gesta nacional. Hágase leer, señora, las declaraciones de la Multipartidaria -que aglutina al 80% de la oposición democrática- o las de la Confederación General del Trabajo, o las de los colegios profesionales y asociaciones, y verá hasta qué punto es cierto aquello de "acto desesperado de una dictadura militar tercermundista".

Pero si la homogeneidad argentina en el tema no le satisface, mire a lo largo y a lo ancho de nuestro continente latinoamericano y verá actitudes similares. ¿O cree que los Gobiernos democráticos de Perú, Venezuela, México y otros dieron su voto favorable en la OEA para consolidar a un Gobierno militar? Si, aún así, le sigue preocupando el carácter del régimen militar argentino, tenga la seguridad de que, superado este difícil trance, seremos los propios argentinos, sin paternalismo del Este ni del Oeste, los que sabremos abrir el cauce de las libertades democráticas en nuestro suelo.

Somos pacíficos

Los argentinos queremos la paz y, por idiosincrasia, somos pacíficos. Hasta un profesional de las armas, como el general-presidente Galtieri, ha dado muestras en estos últimos 45 días de una capacidad de diálogo, flexibilidad y tolerancia que muchos añorábamos y anhelábamos en nuestro suelo. Pero esa paz, que para ser sólida y perdurable, debe tener un alto contenido de justicia, pasa invariablemente por el diálogo y la negociación, para lo cual no sirven los ultimátum, las amenazas o los desembarcos. Y esa justicia pasa por el reconocimiento de los intereses de los habitantes de las islas.

Pasa también por las compensaciones de tipo económico que reivindiquen aquellos que se sientan afectados por el cambio de status. Por el respeto a sus costumbres y religión. Pero también pasa por el reconocimiento público de los derechos argentinos sobre la soberanía de las islas australes y la legitimidad de sus reclamaciones. Público y no privado como se hace en los corrillos diplomáticos de las Naciones Unidas, con miras a mostrar una cara contemporizadora y amplia.

Los muchos soldados caídos exigen cordura y diálogo. Los que la Prensa británica llama despectivamente argies (argentinos) han aceptado tres variadas mediaciones, han esperado 149 años y en los últimos quince días, han rechazado siete intentos de invasión. Así las cosas, el conjunto de los argentinos sigue queriendo negociar una paz digna, justa y honorable.

Eduardo L. Andriotti es abogado y portavoz en España del Partido Intransigente argentino.

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