El Congreso autoriza al Gobierno para realizar un programa de inversiones militares para los próximos ocho años

El Pleno del Congreso inició ayer el debate del proyecto de ley sobre dotaciones presupuestarias para inversiones y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, por un importe superior a los dos billones de pesetas para los próximos ocho años. La izquierda se opuso, sin éxito, a que la ley autorice al Gobierno para la realización del programa de inversiones sin intervención de las Cortes, y reclamó un debate en profundidad sobre las líneas generales de la política de defensa y armamento. El Gobierno y UCD entendieron que tal trámite se había cumplido con las sesiones informativas de la Comisión de Defensa.

El artículo primero del proyecto de ley autoriza al Gobierno para la realización de un nuevo programa conjunto de inversiones, reposición de material, equipo y armamento y sostenimiento de las Fuerzas Armadas desde 1983 a 1990. Fue aprobado por 165 votos a favor, 98 en contra y 16 abstenciones.La enmienda del ex comunista Ramón Tamames, que solicitaba la sustitución del término realización por el de elaborar y el sometimiento al futuro Consejo Económico y Social previsto en la Constitución de dicho programa fue rechazada por 20 votos a favor, 244 en contra y 17 abstenciones. La enmienda socialista, por la que se proponía que el Gobierno presente a las Cortes "para su debate y aprobación las líneas generales de la política de defensa y de los programas de inversiones, reposición de material, equipo y armamento y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, con las correspondientes inversiones a corto, medio y largo plazo" fue también rechazada por 125 votos a favor, 148 en contra y 6 abstenciones.

Con una votación prácticamente igual fue rechazada la enmienda comunista según la cual el Gobierno debería remitir a las Cortes para su aprobación los programas de inversiones de los tres ejércitos y el de los gastos derivados de la incorporación de España a la OTAN.

Presentó el proyecto de ley a la cámara el Ministro de Defensa, Alberto Oliart, quien manifestó la necesidad de alejarse de utópicas posturas pacifistas. Aseguró que el Gobierno había tenido en cuenta las posibilidades económicas de nuestro país para los programas de inversiones militares planteados, por debajo de los de otros países europeos. Añadió que las prioridades que se atenderán con estos programas serán el sostenimiento de la capacidad actual de los ejércitos, el aumento de la reserva de guerra y la renovación de las unidades en mal estado, así como la sustitución de su armamento o equipo.

El PSOE pide más información

En la defensa de la enmienda socialista, el diputado Félix Pons manifestó su acuerdo con la modernización de las Fuerzas Armadas, pero expresó la necesidad de que se engarcen las amenazas reales con los objetivos militares a cubrir y los medios disponibles para ello. Denunció que el Parlamento no conoce suficientemente los programas de defensa del Gobierno y señaló que cuando se incrementa la inversión para la defensa es preciso que el pueblo español conozca las necesidades y las razones de la cuantiosa inversión a realizar.

El centrista Guillermo Medina, presidente de la Comisión de Defensa, aseguró que la política de defensa corresponde al Gobierno, con independencia del debate sobre las líneas generales de la misma, realizado en profundidad durante las sesiones celebradas por las comisiones de defensa y presupuestos.

Ramón Tamames negó que existiera un programa y aseguró que lo que se otorga mediante la ley a discusión al Gobierno "no es un cheque en blanco, sino un talonario completo para que el Gobierno rellene los cheques sin tener en cuenta los intereses generales de la nación".

El centristaJosé Manuel García Margallo contestó que habían sido tenidos en cuenta escrupulosamente los principios presupuestarios de programación, publicidad y control riguroso de los gastos.

El comunista Simón Sánchez Montero expresó el acuerdo de su grupo con la dotación a las Fuerzas Armadas de los medios adecuados, siempre que eso no impida "que las Cortes cumplan la función de control y fiscalización que les corresponde, práctica, por otra parte, habitual en los parlamentos de los países dernocráticos empezando por Estados Unidos".