Un defensor invoca como precedentes del 'pacto del capó' las históricas rendiciones de Bailén y Breda

La sesión de ayer de la vista del juicio por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en la que intervinieron los abogados defensores de tres tenientes de la Guardia Civil, tuvo un denominador común, junto a la petición de un abogado, de que se aplicaran los precedentes de Bailén y Breda al "pacto del capó": los letrados hicieron hincapié en la injusticia que, a su entender, supone que hayan sido procesados y estén siendo juzgados los tenientes de la Guardia Civil y, sin embargo, no se haya inculpado a los tenientes de la División Acorazada.

Julio Ortiz, defensor del teniente Pedro Izquierdo, llegó a decir: "No tardará mucho en cambiarse el artículo de la, Constitución sobre la igualdad ante la ley, que quedará así: 'Todos los españoles son iguales ante la ley, excepto los miembros de la Guardia Civil'". Esta intervención fue calificada de impertinente por el presidente del Tribunal.No comparecieron a la sesión de ayer los procesados teniente coronel Tejero y capitanes Cid Fortea, Dusmet y Alvarez Arenas y el único civil juzgado, Juan García Carrés.

Al iniciarse la sesión intervino el abogado Julio Ortiz, defensor del teniente de la Guardia Civil Pedro Izquierdo, para quien el fiscal solicita tres años y un día de prisión y separación del cuerpo. El defensor alegó que su patrocinado creyó que el 23 de febrero hacía un servicio querido por el Rey y que actuó bajo, obediencia debida.

El defensor se refirió al llamado "pacto del capó", el que se firmó para que salieran los guardias civiles del Congreso y en el que se eximía de responsabilidad de tenientes para abajo, y lo calificó de "timo del capó", ya que no se cumplió en todos sus extremos, y se preguntó qué beneficio sacaba el general Armada con decir que los tenientes quedaban exentos de responsabilidad.

El letrado relacionó la falta de honor con la no aplicación de ese pacto y señaló que si un profesor de la Academia tuviera que dar ahora una lección sobre el honor militar, difícilmente podría hacerlo sin sonrojarse. El presidente del Tribunal le llamó de nuevo la atención y le amenazó con retirarle el uso de la palabra si persistía en su actitud. El letrado dio por concluía su intervención.

El abogado Guillermo Salva Paradela, defensor del teniente de la Guardia Civil César Alvarez Fernández, para quien el fiscal solicita cuatro años de prisión, insistió en que a su patrocinado había que aplicarle la eximente de obediencia debida. "Los motivos patrióticos de mi defendido", apuntó, "no los alego como atenuante, sino como la última razón de todo militar que se precie".

El defensor dijo que a los tenientes que participaron en los sucesos M 23 de febrero se les pidió que prestaran un servicio de protección al Rey, para que no se repitiera lo de Guernica (alusión al viaje del Rey a Euskadi, durante el cual fue interrumpido por parlamentarios vascos y miembros de Herri Batasuna en la Casa de Juntas de Guernica).

"El teniente Alvarez tiene cualidades que a la patria no le interesa desaprovechar. El día 23 de febrero, mi patrocinado se mostró correcto, solícito y cortés, prudente sin debilidad y político sin bajeza", dijo su defensor, quien añadió que "contra los caballeros de tricornio se ha levantado una campaña de calumnias que no tiene precedentes".

El teniente de Aviación Antonio Hernández Griñó, defensor del teniente de la Guardia Civil Vicente Ramos Rueda,"para quien el fiscal pide tres años y un día de prisión, explicó que su patrocinado "acepta y ha aceptado en todo momento la responsabilidad de los sucesos ocurridos los días 23 y 24 de febrero de 1981 ". E insistió: "Por obediencia y disciplina, mi defendido volvería a repetir las órdenes que le diera su mando", por lo que aludió a la obediencia debida.

"Ha habido muchas constituciones en la historia de España", dijo Hernández Griñó, pero algunas de ellas han quedado en meros libros, en mera letra impresa. Hay algo mucho más importante que los libros, que es la patria".

El abogado empezó a decir que en el momento en que ocurrieron los hechos del 23 de febrero las autonomías estaban destrozando a la patria, pero el presidente del Tribunal le dijo que no procedía esa explicación. Un miembro de entre el público, vestido con un traje azul, gritó entonces: "¿Cómo que no procede?", pero el teniente Hernández Griñó pidió disculpas al Tribunal y continuó con su lectura.

"En relación con el documento de rendición de las fuerzas ocupantes del Congreso", dijo también el abogado, "prefiero recordar Breda y Bailén y pido que se aplique lo mismo que en esos precedentes"..

El defensor solicitó la absolución de su patrocinado, "porque si no en el Ejército no habría disciplina y no se obedecerían las órdenes"..

Pasadas las 17.10 horas, el presidente cedió la palabra al letrado Manuel Novalvos, defensor del teniente Boza Carranco, quien dijo que prefería hacer su informe de forma continuada, por lo que el teniente general Gómez de Salazar suspendió la sesión hasta hoy.