El cine español se debate entre la expansión y la bancarrota

Cuatro décadas de inercia creadas por el aparato dirigista de la dictadura, consiguieron que, aunque convertido en un espectro con muletas, el cine español mantuviera cierta continuidad en la producción y comercialización de películas en el mercado español interior, uno de los principales de Europa. Con la instauración de la democracia, el castillo de naipes se vino lógicamente abajo, pero paradójicamente, cuando todo hacía presagiar un momento dorado para la consolidación e incluso la expansión del cine español, éste se vino abajo. De la noche a la mañana, el dirigismo franquista fue sustituido por una suicida legislación neoliberal, que dejó al cine español desguarnecido frente a la agresividad de la oferta extranjera.La legislación franquista sostenía la producción cinematográfica sobre dos muletas: no había libertad de importación de películas extranjeras y éstas habían de adquirirse a través del filtro de una cuota de distribución del 4 por 1, que obligaba a las distribuidoras a la compra y comercialización de un filme español por cada, cuatro extranjeros: una fórmula hermética, que reflejaba mal los auténticos volúmenes de oferta y demanda, y que no era más que un artificio de supervivencia propio de la lógica de la dictadura, pero fuera de lugar en las reglas de juego de la democracia.

El decreto del 77

La caduca legislación dirigista fue sustituida por un decreto de 11 de noviembre de 1977 que, ciertamente, acabó con el corsé proteccionista, pero olvidó la debilitación endémica que dicho corsé había producido en los sistemas, vigentes durante décadas, de la producción y la comecialización del cine español. Es como si a una criatura aislada artificialmente dentro de un cerco higiénico, que la mantuvo siempre fuera del alcance de infecciones, lo que impidió que desarrollara, anticuerpos defensivos, la pusieran de la noche a la mañana a la intemperie, a merced de las agresiones de una atmósfera contaminada.

Cuando el decreto del 77 sancionó la libre importación de películas, la supresión de la cuota de distribución y el establecimiento de una cuota de pantalla del 2 por 1 -exhibición de un día de cine español por cada dos extranjeros- firmó la sentencia de muerte del cine español. El cine español no estaba en 1977, ni tampoco ahora, en condiciones de afrontar, ni la libre importación de filmes extranjeros, ni de abastecer a las pantallas españolas con cuatro meses de proyección de películas españolas por ocho de extranjeras cada año. A una competencia imposible de soportar se compensó con un beneficio imposible de disfrutar.

El resultado fue fulminante. Si 1977 la proporción entre el ingreso en taquilla de filmes españoles y extranjeros fue la mayor conocida en muchos años -el 29,76 %, lo que, por otra parte, no es una cifra idónea, si se tiene en cuenta que la proporción habitual, por ejemplo, en Francia supera el 40-, dos años después, en 1979, cuando el efecto del decreto de 1977 se hizo sentir, la proporción había caído en picado a favor del cine extranjero.

Concretamente, en este año se bajó a un 16,28 %. Y si la productividad del cine español cayó casi en la mitard, el número de películas descendió igualmente de manera alarmante. En 1977 se hicieron 83 filmes españoles; en 1978, 72; y en 1979, 56. La curva es elocuente y más si se la compara con el signo ascendente de la curva de coproducciones: 19 en 1977, 30 en 1978 y 33 en 1979. Al mismo tiempo que perdía el 50 % de su rentabilidad, al cine español se le escapaba su de por sí escasa autosuficiencia financiera.

La ley del 80

La causa era simple. La vieja cuota de distribución del 4 por 1 creaba, mientras existió, una fuente de financiación ya casi institucionalizada, el llamado adelanto de distribución, por el que las casas distribuidoras contribuían como fuente de financiación de películas españolas a cambio de permisos de importación de filmes extranjeros. Ni que decir tiene que, al liberalizarse la importación de éstos, las distribuidoras cortaron en seco sus adelantos. De esta manera se cegó la principal fuente de financiación de filmes españoles, sin establecerse otra alternativa de recambio. En sólo unos meses, la industria del cine español se descapitalizó. Un productor lo explica así de gráficamente: "Al cine español lo pusieron manos arriba, con la cara contra la pared y le pidieron la bolsa o la vida, pero resulta que no tenía bolsa, así que peligraba su vida".

La abrumadora evidencia del fracaso de la ingenua legislación neoliberal del 77, obligó a su cancelación urgente. En enero de 1980 se promulgó una nueva ley y, a tenor de su más equilibrada factura, parece que por fin se inició con ella un movimiento destinado a poner pie a tierra y crear normas jurídicas en consonancia con las realidades, y no al revés. En esta ley se volvió nuevamente a controlar y limitar la importación mediante el establecimiento de un sistema mixto de una cuota de distribución del 5 por 1 y una cuota de pantalla del 3 por 1. Los efectos reactivadores de la ley del 80 fueron tan rápidos como los paralizadores del decreto del 77.

Los productores consideran equitativa, hoy por hoy, la proporción del 5 por 1 en la cuota de distribución establecida por la nueva ley. Con alarmante frecuencia, esta distribución era tan calculadamente mala en el sistema interior, que los ejemplos sangraban. Un caso entre infinidad de ellos: la notable película de José Luis Borau Hay que matar a B. fue estrenada en Madrid en verano y durante la celebración de un campeonato mundial de fútbol, fecha mortal para la comercialidad del filme. Pues bien, en el actual sistema del 5 por 1 introducido por la ley del 80, a la concesión de cinco licencias de importación de películas extranjeras por cada una española se añade un mecanismo corrector que obliga a la casa compradora a una distribución idónea de la película española. De ahí que el distribuidor que adelanta un crédito para la producción de un filme español quede automáticamente interesado en la calidad de ese filme, ya que está obligado a explotarlo adecuadamente. Por ello, casos como el de Hay que matar a B., que eran la regla, pueden ahora convertirse en la excepción.

Otro tanto ocurre con la cuota de pantalla, fijada por la nueva ley en el 3 por 1, cifra más realista que la del 2 por 1 del decreto del 77, ya que conlleva, al igual que la cuota de distribución, otro mecanismo de corrección y garantía para la exhibición adecuada de los filmes españoles. Este mecanismo consiste en una evaluación cuatrimestral de cada película exhibida, cuya exhibición no podrá prolongarse en continuidad por encima de este plazo. Esta evaluación cuatrimestral, que los exhibidores impugnan con cierto fundamento, a causa de que impide la explotación en continuidad de un filme de éxito por más de cuatro meses, tiene por otro lado la venta a de que a la larga influirá en la modificación de los actuales sistemas de exhibición de filmes en España, completamente anacrónicos, ya que aún sigue la vieja y caduca costumbre de estrenar, en uno, o como mucho dos cines, lo que alarga innecesariamente el período de explotación inicial. El exhibidor, presionado por ese límite de cuatro meses, se verá obligado a adoptar los sistemas de explotación intensiva -estreno inicial en muchos cines- adoptados en todo Occidente.

Tal es, a grandes rasgos, la, relativamente favorable para la consolidación y expansión del cine español, situación legal creada por la ley del 80. En términos generales, y salvo el malestar que ha creado en el sector de la exhibición, se considera que el nuevo sistema es aceptable. Sin embargo, salvaguardada su supervivencia, la crisis endémica del cine español no sólo no parece que vaya a ser cancelada con la nueva ley, sino que se han presentado, tras su puesta en vigor, síntomas de agudización de esta crisis. En medios de la producción de películas se considera que esta ley será, a no tardar, inútil si no es complementada, y con urgencia, por una operación quirúrgica destinada al saneamiento, no ya legal sino práctico, de los mecanismos de financiación y comercialización de filmes en España.

Este es, precisamente, el sentido del moderado pesimismo de los profesionales del cine a que hicimos referencia. No basta con la ley, pues hace falta desarrollar, a partir de ella, una serie de medidas sagaces y de altos vuelos que configuren una política cinematográfica global, hoy por hoy inexistente en el Ministerio de Cultura, que permita racionalizar las relaciones entre los diversos eslabones de creación y comercialización de filmes y, por fin, que los medios y largos plazos sean cronología habitual en esta actividad, hasta ahora sin otro horizonte que la pura y simple supervivencia.

Carrera de cojos

El primer síntoma de insuficiencia se percibe en la división que se ha incubado en el gremio de los productores. Parece obvio que los más interesados en unificar sus posturas y actitudes frente a la Administración, en busca de esa imprescindible política cinematográfica global, son los productores. No obstante, éstos se encuentran actualmente divididos alrededor de seis asociaciones diferentes -cuatro en Madrid y dos en Barcelona- que amenazan con dispersar esfuerzos y debilitar la fuerza de su voz ante los interlocutores políticos, que son quienes tienen en su mano la posibilidad de hacer del camino abierto por la ley del 80 un camino transitable.

La más básica operación de saneamiento, y en esto concuerdan todos cuantos profesionales del cine hemos consultado, es la creación de canales fiables y permanentes de financiación del cine español. El sistema del adelanto de distribución, incluso con el giro positivo que le ha imprimido la nueva ley, equivale, en palabras gráficas de un productor, a "dar la salida a una carrera de cojos".

En efecto, dicho adelanto, centrado como está en una sola película, atomiza la actividad productora, la fragmenta, le hace ir de película en palícula, a salto de mata, sin posibilidad para el productor de elaborar un plan continuado y orgánico de producción. Pese a su utilidad, que le convertiría en un buen complemento de otros sistemas de financiación más fluidos y estables, el adelanto de distribución, o la simple adquisición de un filme sin adelanto alguno, es hoy un pasaporte para que la ley, muy española, del tinglado se convierta en norma. Y esto es, más o menos, lo que está ocurriendo.

Por su parte, el reciente sistema de créditos a medio plazo para el cine del Banco de Crédito Industrial -que en 1981 alcanzó un volumen de 953 millones de pesetas, contra 541 en 1980, lo que supone una subida considerable pero insuficiente- topa con esa discontinuidad e inorganicidad de la producción. En las circunstancias actuales, al no contar el productor con las garantías suficientes de una adecuada rentabilidad para sus películas, la solicitud de un crédito de envergadura es una aventura que muy pocos se atreven a correr a cuerpo limpio, y las garantías que ofrecen, una a una, las películas españolas no son suficiente aval. A esto se añade la insuficiente dotación del Fondo de Protección, estabilizado en 1.200 millones durante años, mientras los costos se disparaban hacia arriba, así como los retrasos del Ministerio de Cultura en poner a disposición de los productores las subvenciones derivadas de este Fondo.

De ahí que, para que el crédito industrial diese plenos frutos, se necesitarían otros avales más firmes. El único aval de efectos automáticos para que un productor pueda afrontar un crédito de esta especie, sin jugarse su supervivencia como tal, es la seguridad de que su filme va a obtener un rendimiento mínimo, y esto, hoy por hoy, ni el adelanto de distribución, ni los mecanismos morosos del Fondo de Protección al cine español, ni la apuesta por un premio oficial a la calidad - de hecho menor que los viejos premios al interés especial- están en condiciones de garantizarlo.

Televisión y financiación

De ahí, de la probada insuficiencia de los canales tradicionales de financiación, la trascendencia que los productores españoles dan al que consideran más seguro y deseable sistema de financiación en las actuales circunstancias: la intervención directa de la televisión en la financiación de películas, que hoy tiene una aplicación prácticamente generalizada en todos los países de nuestra área, pero que en España no ha cristalizado en acuerdos estables, sino excepcionales y atípicos, entre TVE y casas productoras. Para ello habría que normalizar y tipificar estos acuerdos, que son el marco que ha permitido el espectacular resurgimiento de las cinematografías sueca, italiana y alemana, así como el que detuvo en seco la crisis del cine francés en los últimos años.

En la actual relación costos-ingresos del cine español, la agilización de la producción española, en eventuales colaboraciones financieras con TVE, sería prácticamente segura, en la medida que TVE adquiriría, a bajo precio los derechos de emisión y venta a otras televisiones de largometrajes de calidad. Se calcula, por ejemplo, que los 55 minutos de un capítulo de la serie televisiva La máscara le cuestan a TVE alrededor de 25 millones, mientras que con una cantidad sensiblemente menor adquiriría en exclusiva los derechos de emisión y venta a televisiones extranjeras de filmes de hora y media o más, que quedarían bajo titularidad de la productora privada durante un período de año y medio a dos años, pasado el cual podrían exhibirse en TVE.

Por otra parte, la intervención de TVE en la financiación de filmes, al tener éstos garantía de explotación mínima adecuada, serviría de aval automático de las casas productoras ante los créditos industriales y, obviamente, al dejar de depender exclusivamente, película a película, de los adelantos de distribución, se facilitaría el establecimiento de auténticos planes de producción a medio plazo por parte de las casas productoras, desterrando de una vez el actual sistema de producción fragmentada, del tinglado a salto de mata.

Control de taquilla

Hace un par de años, en una emisión televisada sobre cine español, ,el director general de Cinematografía reconoció en viva voz que la defraudación habitual del control de taquilla alcanzaba en España cifras del orden del 20 % del total de recaudaciones de los cines. Ese 20 % es, en realidad, un número astronómico, que demuestra que, aunque ya tiene más de quince años de existencia legal, el control de taquilla sigue sin funcionar adecuadamente. Y así seguirá mientras la Administración no tome medidas drásticas para automatizar el taquillaje, establecer un sistema eficaz de inspecciones y acabar de una vez con el sistema de contratos a tanto alzado, una incontrolable fuente de fraude.

La repercusión de este brutal escamoteo de dinero sobre las fuentes de financiación del cine español -ese axioma que dice que el dinero del cine debe volver al cine- es incalculable y de consecuencias nefastas, porque no abarca tan sólo a los ingresos netos de taquilla, sino al porcentaje del Fondo de Protección que va a parar a las productoras, ya que ese porcentaje se establece sobre las recaudaciones legales y éstas, al ser incompletas, rebajan -como mínimo en un 20 %- las subvenciones correspondientes.

Calidad y exportación

Un saneamiento y una reordenación adecuada del mercado interior puede y debe consolidar la producción cinematográfica española, pero su expansión, si realmente se busca, -y hay datos para pensar lo contrario, sobre todo si se repasa el inabarcable memorial de agravios de la industria del cine con Cinespaña, organismo teóricamente destinado a exportar filmes españoles, y según medios profesionales una barrera infranqueable para que esta exportación tenga lugar e índices dignos- hay que asentarla sobre dos polos indiscutibles: política de estímulo para el cine de calidad y adopción por la Administración de una correlativa serie de medidas destinadas a sustituir a Cinespaña por un organismo de nuevo cuño, ágil y ambicioso.

El cine español es exportable. Una reciente semana de cine español en Poitiers lo demostró. Un informe posterior del Quotidien de París, fechado a mediados del pasado abril, analizó el fenómeno de Poitiers y sus conclusiones fueron así de nítidas: "El cine español existe y posee incluso un temperamento particular, -ese sello, añadimos nosotros, de identidad indispensable para la exportación organizada y sistemática- , que se desembaraza de tabúes con cinismo, ternura y humor. El cine español bulle de impaciencia dentro de sus fronteras, preguntándose cuándo sonará la hora de su consagración parisiense."

A la llamada de este informe francés contestan unas lacónicas y demoledoras cifras: 700 millones de pesetas alcanzó la exportación del cine español en 1981, es decir 233 millones menos que en 1980. De otra manera, mientras especialistas franceses no se explican cómo el cine español no se expande fuera, los especialistas españoles se explican perfectamente que, dado el mecanismo exportador vigente es España, esa exportación disminuya hasta cifras ridículas.