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La LOAPA, mayor obstáculo de la nueva ley sobre cámaras agrarias

Los problemas de competencias entre la Administración Central y las comunidades autónomas, derivados de la puesta en marcha de la LOAPA y el desacuerdo de algunos ministros con el texto del anteproyecto de ley de cámaras agrarias, presentado por el ministro de Agricultura, José Luis Alvarez, fueron las principales causas de su no aprobación en el pasado Consejo de Ministros. Además del Ministerio de Agricultura, los departamentos más directamente implicados en este tema son la Vicepresidencia para Asuntos Políticos y Administración Territorial.Los puntos más conflictivos de la nueva legislación de cámaras agrarias serán las definiciones de agricultores y ganaderos con el fin de realizar los censos, las relaciones entre la Administración Central y la de las comunidades autónomas, la financiación de estas entidades y los funcionarios. En estos puntos hay grandes diferencias entre el anteproyecto de José Luis Alvarez y las opiniones del PSOE.

El anteproyecto de ley que presentó el ministro de Agricultura el pasado viernes, constaba de doce artículos y una disposición transitoria. También tienen el carácter de órganos de consulta y colaboración con la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, de prestación de servicios a sus miembros y de representación y defensa de los intereses generales agrarios, sin perjuicio de los derechos y funciones que correspondan a las organizaciones profesionales agrarias.

La base de las cámaras agrarias estará formada por la integración necesaria de las personas físicas o jurídicas que sean titulares de explotación agraria, cuyo objeto básico o su medio fundamental de vida sea la agricultura y desarrollen su actividad con habitualidad y caracter profesional. De acuerdo con el anteproyecto quue todavía no ha hecho suyo el. Gobierno, las cámaras agrarias están sometidas a la tutela de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, en su caso, y el personal que tenga la condición de funcionario mantendrá su actual régimen, aunque se faculta a estas entidades para contratar personal propio.

El proyecto del PSOE

En el artículo quinto se establece que habrá una cámara agraria local en cada municipio, cuyo ámbito se extenderá a todo el término. En cada provincia existirá una cámara provincial.Juan Colino, diputado socialista por Valladolid y responsable de temas agrarios de su partido, ha manifestado que el Gobierno ha optado por un modelo que mezcla en las cámaras agrarias la representación de los agricultores y de la Administración. El proyecto que ha elaborado el PSOE consta de quince artículos y coincide con el presentado por José Luis Alvarez en otorgarles el carácter de corporaciones de derecho público.

También señalan que serán órganos de consulta de las Administraciones Públicas y que asumirán la representación pública de los criterios generales agrarios, sin que en ningún caso puedan limitar la libertad sindical ni el derecho de organización de empresarios y trabajadores agrícolas. Tampoco deberán interferir en las funciones de reivindicación, representación y negociación propias de estas organizaciones.

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