La Asamblea Regional de Cantabria demanda el control de la Caja Rural de Santander

La Asamblea regional de Cantabria aprobó, en la mañana de ayer, por mayoría absoluta la proposición no de ley presentada por el diputado del Partido de Acción Democrática (PAD), Ciriaco Díaz Porras, a la que se unieron las enmiendas propuestas por el grupo socialista por la que se solicita del Gobierno central la transferencia de competencias en materia de control de la Caja Rural de Santander a la institución autonómica.

Igualmente, se insta a la Administración para que gestione ante el Banco de España la inhabilitación del presidente y director de la citada entidad -cesados en sus cargos el pasado mes de marzo-, la readmisión de los trabajadores despedidos, así como la sustitución de la intervención por parte del Consorcio Nacional de Cajas Rurales, que administra provisionalmente la entidad, por funcionarios del Banco de España.El esperado debate en torno a la situación de la Caja Rural de Santander que se celebró ayer en la Asamblea regional de Cantabria, discurrió, en todo momento, y de acuerdo con lo pactado entre los grupos políticos representados en la Cámara regional, por cauces de la más exquisita cortesía parlamentaria. En ninguna intervención se vertieron acusaciones concretas contra las personas supuestamente vinculadas a las irregularidades de la entidad, una de las cuales, el diputado centrista Justo de las Cuevas, se encontraba presente en tanto que miembro de la Asamblea.

No obstante, el portavoz del grupo de UCD, Alberto Cuartas, el único que se opuso a la aprobación de la proposición no de ley, salió en defensa, sin citarlo expresamente, del líder de su partido, utilizando para ello las manifestaciones realizadas la pasada semana en el debate en el congreso por el vicepresidente para Asuntos Económicos y ministro de Economía y Comercio, Juan Antonio García Díez, en respuesta a la interpelación presentada por el socialista cántabro Jaime Blanco.

De las Cuevas, que pretendió en varias ocasiones á lo largo de los debates tomar la palabra, no fue autorizado a ello por el presidente de la Asamblea, que hizo valer el reglamento provisional de la Cámara y los acuerdos adoptados por la mesa y la junta de portavoces, a los que sólo se opuso el representante de UCD. Este señaló que la Asamblea no tenía competencia para tratar el tema y que se trataba de una injerencia en los asuntos internos de una entidad privada.

El resto de los grupos políticos -socialdemócrata, regionalista, mixto y socialista-, al igual que el portavoz del Gobierno regional, rechazaron esta supuesta incapacidad legal, por entender que el Estatuto establece competencias en materia de inspección cooperativa, las cuales serán transferidas el próximo 1 de julio y que, por tanto, éstas afectan a la Caja Rural de Santander al tratarse de una entidad cooperativa de crédito. El portavoz gubernamental, José Ramón Sáiz, consejero adjunto a la Presidencia, señaló que "cuando no se controlan las instituciones se quiere negar las competencias de éstas", respondiendo al portavoz centrista.

El diputádo socialdemócrata Ciriaco Díaz Porras, autor de la proposición no de ley, intervino a lo largo de tres cuartos de hora explicando la historia de la caja rural y las, a su entender, irregularidades cometidas que, puntualizó, "son bastantes más que las recogidas en el informe del Banco de España". Blanco, en representación del grupo socialista acusó al Gobierno central de falta de voluntad política para acabar con la corrupción en la Administración en la gestión pública, de la que, dijo, "existen claros indicios, no sólo en la Caja Rural de Santander". Rebatió también el argumento centrista de que este tipo de debates provoca el rechazo del electorado ante los políticos, "en cualquier caso", precisó, "les hará sentir asco por algunos políticos".

El zorro y las gallinas

Por parte del grupo mixto, formado por los ocho diputados de UCD expulsados del partido el pasado marzo, Ambrosio Calzada denunció la actitud del Banco de España, que no había dado respuesta a la petición del Gobierno regional de los documentos y expediente que dieron lugar a las sanciones impuestas a los consejeros y director general de la Caja Rural de Santander. Este extremo fue criticado también por el Gobierno regional, que tampoco pudo obtener, según manifestó su portavoz, datos fiables en torno a la situación económica de la caja y que, extraoficialmente, se considera como particularmente grave. La proposición no de ley, que fue aprobada con veinte votos a favor y doce en contra, solicita al Gobierno que gestione ante el Banco de España la inhabilitación del presidente del consejo rector y la del director general de la caja, Amós Fernández y Tomás Mier, respectivamente, tal como en su día propuso el letrado instructor del expediente y que, por razones no suficientemente aclaradas, fue sustituido por el Ministerio de Economía por el cese en sus cargos. Asimismo, se solicita la readmisión de los trabajadores despedidos por la anterior dirección, el cese de la intervención del Consorcio Nacional de Cajas Rurales -el diputado Jainie Blanco señalaría en este sentido que la actual situación es comparable con "aquello del zorro al que se encarga de cuidar las gallinas"- y su sustitución por funcionarios del Banco de España.