La izquierda anuncia que votará en contra del decreto ley, proyectado para 'paliar' la retirada de la LAU

El ministro de Educación y Ciencia, Federico Mayor Zaragoza, reconoció ayer, ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, las presiones corporativas y extraparlamentarias recibidas por el Gobierno, especialmente procedentes de algunos estamentos universitarios, que fueron determinantes para que el Gobierno decidiera retirar la ley de Autonomía Universitaria (LAU). Federico Mayor justificó las medidas recientemente acordadas por el Consejo de Ministros, y pidió el apoyo para un próximo decreto ley con medidas más concretas, a fin de "paliar la decepción y el desencanto" de los universitarios.

Todos los grupos de oposición criticaron la retirada de la LAU y consideraron vagas e inútiles las medidas citadas. Socialistas y comunistas anunciaron su voto en contra de la convalidación del decreto ley anunciado.El asombro que la semana pasada produjo en el hemiciclo la respuesta de Federico Mayor a la pregunta socialista de por qué no había dimitido tras la retirada de la LAU ("a veces, la mejor gallardía consiste en quedarse, no en marcharse"), fue superado ayer en la Comisión de Educación y Cultura cuando el ministro incluyó entre las razones para la retirada de la LAU la avalancha de opiniones contrarias a esta ley y las discrepancias manifestadas por destacados catedráticos contra el texto pactado con los socialistas. Los diputados mostraron su estupor cuando, además, el ministro de Educación y Ciencia recabó el apoyo parlamentario para las medidas aprobadas y el próximo decreto ley.

Federico Mayor hizo historia de la tramitación de la LAU y recordó la oposición de varios grupos al dictamen aprobado por la comisión, al que mantuvieron enmiendas a la totalidad para la discusión en el pleno del Congreso. Recordó también las consultas realizadas a los estamentos universitarios y al propio Grupo Parlamentario Centrista, en cuyo seno surgieron disidencias que dieron origen a una propuesta de negociación, que fue rechazada por los socialistas.

Ante este panorama que, según el ministro de Educación y Ciencia, dibujó con toda objetividad ante el Gobierno el 16 de abril, el Consejo de Ministros decidió retirar la LAU y adoptar una serie de medidas de acción inmediata para aliviar los problemas más acuciantes de la Universidad hasta tanto se apruebe una ley que regule en profundidad la vida universitaria.

Aseguró que no era correcto calificar tales medidas corno "una LAU desguazada", sino que, por el contrario, permanece el compromiso de elaborar una LAU en el futuro. Respecto a las medidas a adoptar negó veracidad a las publicadas ayer por un periódico de la mañana, el diario Ya, y dio cuenta de que el proyecto de nueva disposición incluirá una dotación de 2.300 millones de pesetas para el último trimestre de 1982 y otra de 6.400 millones de pesetas para el año próximo, así como la integración de cuerpos docentes y la dotación de nuevas plazas y la creación de la figura del profesor asociado.

La izquierda acusa de irresponsabilidad

El diputado socialista Alfonso Lazo calificó de inútil el esfuerzo del ministro por justificar la retirada de una ley que sólo unas semanas antes había considerado como la mejor posible. Asimismo, negó verosimilitud al deseo de presentar a los socialistas como intransigentes respecto a la modificación de un acuerdo sellado y firmado, tras haber sido echados por tierra dos acuerdos anteriores.Lazo aseguró que la retirada de la LAU está relacionada con el deseo gubernamental de trasladar a la enseñanza superior la privatización paulatina que se viene produciendo en la enseñanza general básica. Denunció las presiones realizadas por quienes deseaban mantener una situación casi feudal. En cuanto a las medidas adoptadas, las calificó de nebulosas e incapaces para solucionar la situación de caos universitario. "Es como si se da a alguien una puñalada con intención de matarle y a continuación se pide un médico de urgencia", dijo.

El ministro justificó las consultas a estamentos universitarios en la necesidad de que el Parlamento se acerque a quienes viven diariamente los problemas y negó que la retirada de la LAU responda a una filosofía de privatización de la enseñanza.

La diputada comunista Eulalia Vintró valoró la actitud defendida por Federico Mayor como de "escandalosa irresponsabilidad del Gobierno". Negó que el Gobierno se hubiera aproximado a los sectores universitarios, a excepción de los privilegiados, y aseguró que detrás de la retirada de la LAU existe una operación para la derechización de UCD. Denunció presiones de la jerarquía de la Iglesia y de sectores descalificados por su trayectoria universitaria. En cuanto a las medidas, las calificó de "tomadura de pelo", ya que ni el consejo de rectores ha logrado enterarse en qué consisten.

Federico Mayor negó las imputaciones comunistas y se mostró irónico al señalar que la retirada de la LAU se encuentra en la línea de oposición global al proyecto de ley patrocinada por los comunistas. Añadió que había establecido contacto con representaciones de distinto signo, y en todo caso con los rectores, como los más calificados para conocer los problemas de la universidad, aunque en ningún momento habían exigido modificaciones en la LAU.

Por parte centrista, Nona Inés Vilariño expresó el respeto hacia la decisión del Gobierno y la actitud del ministro, consecuencia de una larga y fructífera discusión interna del grupo, en el que se produjeron tensiones, como en otros grupos parlamentarios. Justificó el deseo de UCD de lograr un amplio respaldo parlamentario y social para la LAU. Expresó el deseo ferviente de que salga adelante la ley de Financiación de la Enseñanza. Descalificó a quienes abandonaron el partido por el que resultaron elegidos y los consideró los menos legitimados para oponerse a la actitud gubernamental. Inmediatamente solicitaron la palabra para replicar los ex centristas Manuel Díaz-Pinés, hoy integrado en Coalición Democrática; Luis Berenguer, del Partido de Acción Democrática (PAD), y José García Pérez, del Grupo Andalucista. Criticaron todos la actitud del Gobierno.

Las únicas posiciones próximas al planteamiento gubernamental fueron las de la diputada María Rubies, por la Minoría Catalana, e Iñigo Aguirre, por el PNV. Ambos defendieron una política de transferencias a las comunidades autónomas, ya en marcha. La diputada catalana vinculó la recepción de tales transferencias para la Universidad catalana al apoyo de su grupo a las medidas, urgentes del Gobierno.