Trabajadores españoles en Francia

EL 30 de abril terminó el plazo abierto por el Gobierno -mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional-, para la regulación de situaciones de. los obreros extranjeros que trabajan en Francia: puede preverse a partir de ahora una cierta dureza en la policía especializada que conducirá a las expulsiones de los ilegales, muchos de los cuales pueden ser españoles. Es un derecho del Gobierno francés; pero la tolerancia anterior creaba una cierta ambigüedad, no siempre honesta, y la corrección socialista a esa ambigüedad no está tampoco enteramente concorde con sus principios programáticos de libertad de trabajo y libre circulación de trabajadores: revestida de un aspecto teórico de protección al trabajador nacional y extranjero, y precedida de unas declaraciones del secretario de Estado para la inmigración, François Autain, en el sentido de la necesidad de proteger a los extranjeros contra un cierto renacimiento del racismo y unas formas encubiertas de esclavitud y explotación, va a crear, en realidad, situaciones de apuro y desgarro en muchos obreros españoles -y de otras nacionalidades-, cuya implantación en Francia es irregular no por su culpa, sino, por la conveniencia y el interés de sus patronos y la complicidad por lo menos cómplice de las autoridades. Hay un cierto olor a hipocresía en esta medida y en el deseo de cohonestar unos principios socialistas con un nacionalismo demasiado estrecho y con la conciencia de que muchos de los que a partir de ayer son ilegales verán aumentada su explotación.Las condiciones de documentación, certificados de residencia de hecho, de trabajo contratado o de expectativas de trabajo impuestas por el Gobierno dieron lugar a un tráfico en el mercado negro de estos documentos: una gran parte de los 100.000 extrajeros que han sido legalizados han tenido que comprar a precios astronómicos, o mediante pactos de trabajo barato con falsificación de nóminas, el papel que habría de convalidar la autoridad. El trabajo negro o trabajo clandestino se viene ejerciendo en numerosos países de Europa, y uno de ellos Francia, como una forma de aliviar al patronato de obligaciones contractuales y de cargas sociales. Afecta, desde luego, a trabajadores nacionales -sobre todo a jóvenes en busca de su primer trabajo-; pero éstos están mejor defendidos y amparados por los sindicatos, los laboralistas, el conocimiento mayor de las leyes y, en fin, porque en ningún caso puede pender sobre ellos la amenaza atroz de la deportación. El obrero extranjero ha acudido a Francia como exiliado- económico, laboral, de su país o de las zonas de su país donde es mayor el paro. Cerradas o limitadas las cuotas de admisión de emigrantes, han sido llevados por traficantes especializados en este mercado de trabajadores, a veces por dinero contante, pero muchas veces también por la entrega semanal de un porcentaje de sus salarios; estos traficantes incluso han convenido con ellos la exportación hacia el país de origen del dinero necesario para mantener a sus familiares, operación también ilícita, en la que han convenido cambios de moneda inicuos. Los patronos han aceptado estas condiciones, los sindicatos han fingido no ver y la policía de extranjeros lo ha ido permitiendo, de acuerdo con unas instrucciones no escritas de sus superiores. Los que han conseguido obtener su documentación a última hora lo han tenido que pagar caro. Otros muchos no lo han logrado. Van, por tanto, a ser protegidos por el nuevo Gobierno francés por el sistema más rápido: se les expulsa para que nadie les explote. Se les devuelve por esta vía expeditiva al paro obrero de sus países. Para que no vuelvan se está pensando en proponer el restablecimiento de visados -en lugar de la libre circulación con mero pasaporte o tarjeta de identidad-; se supone que va a comenzar este sistema de visados con los países de la América Latina. En gran parte, los inmigrantes latinoamericanos son exiliados políticos que subsisten con trabajos miserables y clandestinos o que se inscriben como estudiantes. Una parte de la hipocresía de esta medida consiste en que, mientras se abre Francia a los exiliados y se profundiza en la aplicación del asilo político, los mismos acogidos pueden verse perseguidos como trabajadores clandestinos.

La votación de créditos para alfabetización y para viviendas sociales para obreros inmigrantes compensa escasamente la nueva situación, en la que una siempre difícil de restringir corrupción y una especulación para con el trabajador pueden hacer, simplemente, que disminuya el precio de la hora trabajada para personas que se verán, junto con sus familiares, continuamente bajo la presión psicológica y el miedo a ser descubiertas y expulsadas.

No sabemos qué medidas o gestiones habrá hecho el Gobierno español para evitar que a sus emigrantes a Francia les alcancen estas medidas. Se supone que existirán esas gestiones, y sería conveniente que se publicaran y se acentuaran en caso de necesidad.