15 años de lucha en la tierra del minifundio

Quince años hace que iniciaron los campesinos gallegos su oposición al pago de la cuota, empresarial de la Seguridad Social agraria, por considerarlo un impuesto abusivo, injusto y sin prestación alguna para ellos. Lo que en un principio fueron tímidas oposiciones al pago, acalladas por la política española de la década de los sesenta, se ha convertido, con el paso del tiempo, en una oposición general no sólo por los agricultores, sino también por una importante parte de la sociedad gallega que la apoya.

El propio Gobierno ha reconocido la necesidad de cambiar el sistema de cotización, que es tanto como reconocer su eliminación, en un real decreto del 4 de mayo de 1979, y el Tribunal Supremo sentenció, en varias ocasiones, a favor de quienes podían quedar exentos de cotizar la cuota empresarial por no emplear a trabajadores ajenos a la explotación.La oposición al pago de esta cuota, que se inicia en Orense y Lugo en 1967, comienza a tomar fuerza entre los años 1974 y 1976, para generalizarse en conflicto un año más tarde con la incorporación del sindicato nacionalista del campo Comisiós Labregas (CCLL), que ha dirigido la práctica totalidad de sus actividades a este tema.

Las acciones hasta entonces resultaban aisladas, como fué el caso de Dorinda Rodríguez Facal, vecina del municipio coruñés de Carballo, quien ya en 1970 se negó públicamente a pagar dicha cuota, lo que le valió el reconocimiento de sus vecinos, sirviendo de ejemplo su acción a algunas localidades próximas, como la villa lucense de Tricastela donde también se negaron al pago.

El 26 de noviembre de 1977 se celebra en Lugo una asamblea a la que asisten más de 25.000 agricultores, cifra que no llegó a reunir en la capital lucense ningún líder político, aun en plena campaña electoral. Es en esta asamblea cuando se decide sacar los tractores a las carreteras, iniciándose de forma seria y contundente el conflicto que se poolonga hasta hoy.

Las acciones de protesta y las medidas de presión realizadas han sido muchas e importantes. Desde concentraciones a manifestaciones, pasando por encierros en organismos oficiales y la cancelación de cuentas en entidades bancarias y de ahorro. Todo ello tuvo como respuesta otra serie de acciones que van desde el impago de subsidios o becas hasta la retirada de créditos y el intento de bloquear las cuentas en los bancos de aquellos agricultores que no satisfacen el importe de las cuotas.

Cuestión de dignidad

La negativa de los agricultores a pagar es cada vez más firme. Y en opinión de los responsables de la campaña se debe, además de considerarlo un impuesto injusto, a la crisis económica que afecta al campo gallego, a que desde 1955, la renta agraria prácticamente no varió en Galicia, y a la falta de medios para hacer frente al pago, en ocasiones, aunque la cuota media anual sea de unas 15.000 pesetas por explotación. La facilidad que otorga, en principio, el no desprenderse del dinero y, sobre todo el que no pagar se ha convertido ya en una cuestión de dignidad.

El rechazo es tal que en Lugo, la provincia en la que se centra el conflicto, se estima, aún en ausencia de cifras oficiales, que falta por recaudar algo menos del 50% del total del importe de este impuesto, aunque no faltan quienes por temor a ver embargados sus bienes hayan hecho efectivo el importe estando en su contra. Este es el caso de un agricultor del municipio de Páramo (Lugo), que, tras serle marcadas dos vacas para su embargo, su mujer satisfizo la cantidad exigida a espaldas del marido.

Pero, por lo general, la oposición es fuerte y los campesinos esgrimen motivos contundentes para mostrar su negativa al pago. El trabajador del campo en Galicia no puede ser considerado como un empresario, dicen, entre otras razones, porque el régimen de trabajo es de tipo familiar, al ser todos o casi todos los miembros de la familia los que trabajan en su explotación.

Trabajadores, no empresarios

A esto hay que añadir el hecho, reiteradamente puesto de manifiesto por los representantes de estos agricultores, de que la típica explotación familiar gallega no puede ser científicamente valorada y denominada como una empresa, tal y como hoy se entiende, al ser un 97% del total de la población activa agraria propietarios y trabajadores de sus tierras a la vez.

Por otra parte, la disconformidad viene dada también por la forma de establecer la cuota, basándose en el catastro, que, realizado en 1959, arrastra innumerables errores por el modo en que se fijó. Las valoraciones se obtuvieron multiplicando el salario de una jornada teórica por el número que se le asigna a cada explotación, teniendo en cuenta además los productos que se recogen, los tipos de cultivo y la existencia o no de ganado.

Y no sólo esto. Se dan casos tan curiosos como los que tienen controladas para el pago tierras que se encuentran, desde hace años, inundadas por las aguas de los embalses de Portomarín y Portodemouros. En repetidas ocasiones el sindicato CC LL ha recurrido ante los organismos competentes, a la vez que el tema era tratado por la práctica totalidad de los ayuntamientos, pronunciándose algunos en su contra. Pero las dificultades surgen, según un portavoz del sindicato, porque todas las competencias están repartidas. Ahora mismo, el Ministerio de Trabajo es el que recibe el importe de las cuotas, pero la recaudación la realiza Hacienda, quien, a su vez, tiene cedido el servicio recaudatorio a las diputaciones provinciales.

Con todo ello, las peticiones de negociación no obtienen respuesta, aunque en ocasiones vayan apoyadas por las firmas de 2.500 campesinos, quienes a diario se enfrentan con el dilema de pagar la cuota o resistir aún a costa de ver como se intenta embargar sus tractores o sus fincas.

El violento enfrentamiento ocurrido el jueves en Lugo entre policías y campesinos, con un balance de setenta contusionados, diez de ellos heridos de importancia, y veintitrés detenidos, ha servido para excitar notablemente los ánimos y hacer reflexionar a los convocantes de actos similares sobre la conveniencia de llevar a cabo nuevas acciones. Ellos mismos reconocen que "hay una gran excitación y no sabemos si podríamos controlar la situación".

La única solución está, según estas fuentes, en la inmediata retirada de esta cuota empresarial que no va con el campesino gallego.

Mientras se espera dentro de un ambiente de tensa calma el anuncio de nuevas subastas por embargo. La primera de ellas se prodcirá el próximo día 12.

Los detenidos, en libertad

En la noche del viernes quedaron en libertad, tras haber prestado declaración, los detenidos en los enfrentamientos ocurridos el jueves en Lugo.

Cuatro de ellos, responsables del sindicato CC LL, tuvieron que depositar una fianza de 50.000 pesetas cada uno. Entre los que quedaron en libertad sin fianza se encuentra el propietario de la finca objeto de subasta, que originó la concentración y más tarde los incidentes, cuyo hijo pagó la deuda antes de que fuese embargada definitivamente.

Por otra parte, hay que señalar que los diputados en el Parlamento de Galicia, Camilo Nogueira (Esquerda Galega) y Anxel Guerreiro (PCG), han presentado sendas preguntas a la Xunta de Galicia sobre la cuota empresarial y su supresión. Ayer continuaban ingresados dos de los heridos en los enfrentamientos: Ginés Conde, de 52 años, con lesiones en una mano, y José María Muina.