Varios abogados insisten en que sus defendidos creían obrar bajo ordenes del Rey

Gerardo Quintana, defensor del general Luis Torres Rojas y del teniente de la Guardia Civil Jesús Núñez Ruano, intervino después del defensor de Armada, Ramón Hermosilla, y sostuvo que sus clientes no son responsabilidades de delito alguno, el primero porque se limitó a cooperar en lo que creía firmemente que era un encargo del Rey, y el segundo porque no hizo más que cumplir órdenes acerca de un servicio de orden público cuya naturaleza no le había sido explicada.

En la sesión de la tarde, Adolfo de Miguel alegó en favor de Camilo Menéndez y Pardio Zancada la situación de España, "que perecía", y la creencia de que obedecían al Rey.Quintana comenzó su intervención a la una de la tarde, agradeciendo al tribunal el amparo sentido por todos en la Sala, "ya que en la calle nos hemos encontrado con un tribunal popular, como es la Prensa, que nos ha insultado, calumniado e injuriado". El presidente, le interrumpió para decirle que eso era ajeno a la cuestión. El letrado pidió disculpas y comenzó la defensa de Torres Rojas, para la que, en síntesis, dijo:

Hay dos momentos claves en su actuación: la reunión de la calle General Cabrera el 18 de enero y su estancia en la División Acorazada. Cuando se celebró la reunión citada, el terrorismo estaba intentando conculcar la unidad de la Patria, la situación era caótica y generaba malestar en las Fuerzas Armadas y en los españoles en general. En ese momento, Torres Rojas es invitado por un general de prestigio, como es Milans, a esa reunión, en la que Milans dice que los Reyes piden ayuda para realizar un gesto que permita restablecer el orden perdido y recuperar el cumplimiento del mandato constitucional. Torres Rojas no podía dudar de las palabras de Milans.

En cuanto a su estancia en la División Acorazada, no es creíble que Torres Rojas fuera a tomar el mando -continuó su abogado-, porque, en ese caso, Parda Zancada no hubiese hecho regresar a Juste de su viaje a Zaragoza. Además, la creencia general es que existe el respaldo real, y Torres Rojas no había vuelto a saber del asunto hasta que el mismo día 23 por la mañana Pardo le dice que va a suceder un hecho grave. El general acudió de uniforme a la Acorazada, "porque tiene a gala vestirlo y lo utiliza de forma habitual", y fue el propio Juste quien le invitó a la reunión de mandos que se celebra a la llegada del jefe de la división.

El mando de ésta siempre fue ejercido por el general Juste, sin que Torres Rojas interfiriese, y cuando éste recibió la orden de regresar a La Coruña, la cumplió, igual que Juste ordenó el acuartelamiento de las unidades, aunque uno se encuentra procesado y el otro no. En base a todo ello, el procesado debe ser absuelto, o al menos debe aplicársele la eximente de obediciencia, debida, ya sea real o putativa.

Núñez Ruano no amenazó a Aramburu

Sobre el teniente Núñez Ruano, acusado de formar parte de la fuerza que acudió al Congreso al mando de Tejero, el letrado dijo en síntesis que este procesado recibió a las cinco de la tarde del 23 de fe brero la orden de realizar un servicio, y no se le dijo en qué consistía. "Como se ha dicho reiteradamente, el 95% de la fuerza que fue al Congreso, lo hizo engañada".

Núñez Ruano no amenazó al general Aramburu, sino otro teniente al que no se ha podido identificar con certeza, ya que las identificaciones se hicieron con fotografías, a veces realizadas diez años antes, y que no responden a la auténtica Fisonomía actual de los fotografiados. Este procesado no hizo, pues, más que cumplir el reglamento de la Guardia Civil y las órdenes. Por otra parte, del testimonio del teniente coronel Fuentes se deduce claramente que el pacto de capitulación excluía de responsabilidad a los tenientes.

Intervino después el general Calzada Atienza, defensor militar de Torres Rojas. Calzada comenzó haciendo balance de los atentados terroristas ocurridos en España durante 1979 y 1980, y afirmó que desde la implantación del actual sistema político se habían incrementado, los atentados. Tras ello calificó de absurdas las medidas de amnistía y consideró un fracaso la lucha contraterrorista.

El presidente le interrumpió y le advirtió que se cifiera a los hechos de la causa, pero el general Calzada continuó leyendo los folios que llevaba. Aseguró que se estaba registrando un fuerte incre mento del separatismo, una manipulación de la enseñanza en las comunidades autónomas y un uso abusivo de los idiomas regionales. En este punto, el presidente le advirtió, "por última vez", que en caso de no ceñirse a los hechos de la causa le retiraría la venia.

El general Calzada pidió entonces un descanso para reconsiderar su defensa, por lo que el presidente,-pasadas las 14.10 horas, levantó la sesión hasta las cuatro. Reanudada la vista a esta hora, el general Calzada expresó su protesta por la advertencia recibida del presidente al final de la mañana, ya que entendía que su patrocinado quedaba en indefensión, y agregó que presentaría su informe por escrito al tribunal. Varios abogados se unieron a la protesta.

Camilo Menéndez y Pardo Zancada

A continuación tomó la palabra el abogado Adolfo de Miguel, defensor del capitán de navío Camilo Menéndez, del comandante Ricardo Pardo Zancada y del civil Juan García Carrés. El letrado hizo una larga exposición sobre la situación española a principios de 1981. En síntesis, dijo que España estaba en trance de descomposición por culpa de los separatismos, y que las Fuerzas Armadas y de Orden Público estaban haciendo un gran tributo de sangre en atentados, mientras se sucedían los ultrajes a la bandera. Al mismo tiempo, la pobreza abundaba, debido al paro. "España estaba, en definiti-va, pereciendo", afirmó.

En ese marco, los militares que se sientan en el banquillo no trataron más que de remediar los males de una España que "les dolía", porque siendo hombres de honor, entendieron que lo pertinente no era llorar, sino tratar los problemas. Quienes entraron en el Congreso, como Pardo Zancada, salieron del edificio cuando tuvieron la certeza de que, contrariamente a lo que les habían asegurado, el Rey no respaldaba la operación. Tanto Tejero como los demás estaban convencidos de que ese era el deseo de Su Majestad. En consecuencia, De Miguel pidió que se aplique a sus defendidos la eximente de obediencia debida al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, así como la de estado de necesidad, por lo dicho al comienzo.

El letrado precisó que no quería decir que el Rey respaldara y menos conociera la operación, pero sí que es cierto que los procesados así lo creyeron, porque así se les aseguró. Su patriotismo les llevó a moverse como lo hicieron, antes de discernir si era legal o no. Ve Miguel dijo que es el mismo caso del general Juste, que sin embargo no está procesado, quien primero ordenó la movilización de las unidades, y sólo se volvió atrás cuando comprobó que el Rey no respaldaba la acción. Además, Camilo Menéndez, mientras estuvo en el Congreso, no ostentó mando alguno, siendo el de mayor graduación, y se limitó a hacer labores humanitarias.

A las 17.45, dada la hora y que iba a leer sus conclusiones sobre García Carrés, el letrado propuso la suspensión de la vista, a lo que el presidente accedió. El juicio se renudará el lunes.