Los resultados negativos de Renfe pueden alcanzar los 95.000 millones de pesetas en 1982

Renfe ha podido registrar, en 1981, unos resultados negativos por valor de 80.000 millones de pesetas, según los datos provisionales aportados por la empresa a la Administración, en una propuesta de contrato-programa con el Estado. Según esta propuesta de contrato-programa, que especifíca cuantiosas ayudas y numerosas acciones en favor de la empresa nacional de ferrocarriles, este año los resultados negativos de Renfe podrían superar los 95.000 millones de pesetas.

"El contrato-programa", según se afirma en el preámbulo del mismo, "tiene como uno de sus objetivos principales crear las condiciones necesarias para restablecer el equilibrio financiero de la cuenta de resultados, mediante las normalizaciones y compensaciones impuestas por sus características de servicio público".Según este contrato-programa, que deberá ser estudiado y negociado entre empresa y Administración, Renfe se compromete a dar una oferta mínima de servicio que se cuantifica, tanto en cantidad como en calidad, a un determinado coste y bajo unas supuestas hipótesis macroeconómicas, también cuantificadas. El Estado, en contrapartida, se compromete a aportar los recursos necesarios, tanto de explotacion como de inversiones, así como a adoptar aquella serie de medidas, de carácter legal, económico y financiero, necesarias para que la red pueda cumplir los objetivos propuestos.

Clarificación de cuentas

En la actualidad, el ferrocarril -según el anteproyecto de contrato-programa- es el único modo de transporte que está cargando en su cuenta de explotación la totalidad de los costes que produce. Se incluyen en éstos la amortización de todas las instalaciones fijas, el gasto de su conservación y los costes financieros de los créditos tomados como consecuencia de la insuficiencia de aportacíón del Estado para la financiación de inversiones.Por otra parte, siempre según el anteproyecto, el ferrocarril está sometido a una serie de obligaciones de servicio público, entendiendo por tales aquéllas que no asumiría, o en todo caso no las asumiría en la misma escala y condiciones, si tuviera únicamente en cuenta su propio interés comercíal.

En este punto, el documento presentado por Renfe recuerda las recomendaciones del Libro Blanco del Transporte: "Las empresas ferrovíarias establecerán contabilidades analíticas que permitan determinar el margen de explotación de las líneas y servicios y propondrán al Gobierno las cargas de servicio público a que están sometidas para su correcta compensación. Los gastos de financiacion, amortización y conservación de las infraestructuras fijas del ferrocarril se computarán en una cuenta especial".

Transferir números rojos al Estado

Con estas recomendaciones, los resultados presentados por Renfe, aún siendo muy negativos, mejorarian sensiblemente. No obstante, de cara al contribuyente, la aplicación de estos desgloses, entre lo imputable a la empresa y lo imputable al Estado, podría favorecer la confusión y el desconocimiento sobre lo que al país le cuesta realmente -no importa como se contabilice- el ferrocarril.De acuerdo con esta tesis de desglosar partidas de la cuenta total de resultados, Renfe propone en el ariteproyecto de contrato-programa que el Estado se haga cargo (compense a la compañía) de los siguientes gastos:

- Infraestructura. El concepto de compensación de gastos de infraestructura comprende el mantenimiento, amortización y financiación de la misma.

- Pasos a nivel. El Estado abonará a Renfe la totalidad del coste de la guardería de los pasos a nivel, "ya que el transporte por carretera no soporta esta carga y el ferrocarril está financiando el 50% de la misma".

- Cargas de servicio público. "En determinados tráficos ferroviarios, los ingresos resultan claramente inferiores a los costes, por lo que, con criterios puramente empresariales, sería necesario proceder a la supresión o sustitución de determinados servicios". Cuando por razones de servicio público haya que mantenerlos "se establecerá una subvención en función de la diferencia entre la tarifa a aplicar y la tarifa realmente aplicada".

- Cercanías. El Gobierno debe promulgar la normativa necesaria para implantar la subvención del servicio de cercanías. Renfe sugiere que se establezca "una subvención unitaria al viajero-kilómetro que se actualice en función del crecimiento de precios y salarios".

- -Otros servicios deficitarios. El Estado deberá subvencionar todos los servicios deficitarios de viajeros y mercancías de Renfe. Para el primero de los casos propone una subvención por viajero kilómetro transportado, y para el segundo, por tonelada-kilómetro transportada.

- Gastos no imputables. Renfe pretende que el Estado haga frente, dentro de este renglón, a las cuotas de la Mutualidad de Transportes y Comunicaciones; a las cargas financieras derivadas de operaciones de crédito especiales; y a las pérdidas que supone para Renfe la explotación de los Transportes Interurbanos de Tenerife.

Progresivo deterioro de los resultados

Renfe reconoce, en este apartado, el progresivo deterioro que viene experimentando su cuenta de resultados. Según el anteproyecto de contrato-programa, fechado a finales de septiembre pasado, los resultados previsibles para 1981 alcanzan una cifra negativa de 79.848 millones. El total de ingresos previstos es de 94.329 millones y el total de gastos 150.610 millones, lo que supone un saldo negativo de 56.281 millones. Saldo al que habría que añadir otras 23.500 millones por amortizaciones e intereses.Renfe asegura, no obstante, que a pesetas constantes de 1979, los resultados de los tres últimos ejercicios han resultado muy semejantes. "Existen, por otra parte, causas exógenas a la propia red que han contribuido al deterioro de la cuenta de resultados, como pueden ser la no subida de tarifas en las fechas previstas, disposiciones en materia laboral, costes financieros y precios de la energía, entre otros".

A la vista de la previsión de cierre del ejercicio 1981 "y de la evolución previsible de tráficos, tarifas, y precios, se ha elaborado el presupuesto de 1982, que arroja un resultado final de 89.000 millones de pesetas en pesetas de 1982 y de 91.765 millones de pesetas en pesetas de 1981".

El anteproyecto de contratoprograma añade que "en un principio, el cierre previsible de 1982 alcanzaba la cifra de 95.576 millones de pesetas. Como consecuencia de la puesta en funcionamiento del Plan de Actuación Intensiva, elaborado a lo largo de 1981 en cada área de la red, se espera llevar a cabo una serie de medidas correctoras en 1982, bien de aumento de ingresos o disminución de gastos, que valorados en su conjunto suponen una reducción del déficit de unos 6.576 millones de pesetas".

Medidas a adoptar por el Gobierno

El documento de Renfe requiere al Gobierno para que adopte una serie de medidas en política de transporte, política tarifaria y de ámbito administrativo.En política de transporte pide una "igualación de condiciones de competencia". En concreto, las medidas del Gobierno deben ir encaminadas a evitar nuevos servicios en competencia directa con el ferrocarril, a un mayor control de "las cargas máximas autorizadas a los vehículos de carretera" y de los camioneros piratas, a una mayor exigencia de seguridad (menor antigüedad) del transporte por carretera y a estimular la creación de servicios combinados de ferrocarril y carretera, especialmente los de carácter intermodal.

En política tarifaria, aparte de una subida del 10% para Renfe en 1982, "son necesarios unos incrementos de los precios de la aviación y de la carretera superiores a lo propuesto para el ferrocarril".

En el terreno de las medidas administrativas, Renfe pide exención arancelaria para determinadas importaciones de material y declaración de urgencia a efectos de ocupación de los terrenos necesarios para la ejecución de obras.

A continuación, el anteproyecto de contrato-programa se refiere a las inversiones para 1982 (88.530 millones de pesetas), que casi en un 50% se realizarán con financiacion exterior. Más adelante se analiza la actual estructura de financiación de Renfe, que "está impactando muy desfavorablemente la cuenta de resultados" y se afirma que los gastos financieros previstos para 1982 alcanzan la cifra de 35.554 millones de pesetas. El documento propone algunas medidas concretas para mejorar esta situación y añade una serie de compromisos de mejora en la prestación de los servicios.