El abogado Hermosilla insiste en la inexistencia de pruebas concluyentes sobre que Armada fuera el motor de la conspiración
La sesión de ayer de la vista contra los 33 procesados por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero se inició con la lectura de las conclusiones del defensor del general Armada, Ramón Hermosilla, quien, después de declararse demócrata y manifestar su intención de no hacer de su intervención un mitin político, trató de desmontar los argumentos del fiscal, que considera implicado en la rebelión militar a su patrocinado desde el 10 de enero de 1981. Hermosilla, por contra, mantiene que su defendido aparece en el desarrollo de los hechos en la tarde-noche del 23-F, y pide pruebas que sean capaces de demostrar su culpabilidad.
Las primeras palabras del abogado fueron para expresar su convicción "como jurista y como demócrata" de que los magistrados sabrán proceder a partir de lo dicho y oído en la vista y aislarse de las informaciones, suposiciones y cábalas hechas por personas ajenas a la justicia, así corno de las conclusiones provisionales del fiscal y la síntesis de los hechos del instructor, que se publicaron antes del juicio, en las que: su defendido salía perjudicado."El nombre del general Armada", añadió Hermosilla a este respecto, "se utilizó para procurar la adhesión a los sucesos del 23 de febrero de 1981 de militares que estuvieron dudosos a la hora de jugar ese papel. La presencia de Armada entre los procesados y la pretensión de que figure también entre los condenados responde, a juicio de la defensa, a un deseo de justificar moralmente lo que sucedió; de justificarlo por haber podido parecer que mi patrocinado era vicario de órdenes superiores".
Dijo también Hermosilla que desde el 23-F se ha orquestado toda una campaña contra su patrocinado, con el objetivo, primero, de implicarle en los hechos; luego, señalarle como motor de la conspiración, y por último, sembrar la duda sobre su actuación. Manifestó Hermosilla que la acusación contra su defendido se ha montado en base a suposiciones, en torno a versiones de una simple charla de café. "Por ello", dijo, "yo pido pruebas, señores del consejo, pruebas. Y quiero dejar constancia, aunque procesalmente sea inútil, de mi protesta moral por el procesamiento del general Armada sin que hubiera los testimonios suficientes para apreciar en su conducta indicios delictivos. A partir de ello, esta defensa quiere recordar que si para procesar son suficientes los indicios delictivos, para condenar es preciso probar la actividad antijurídica del procesado".
El abogado Hermosilla señaló que en la actitud de su defendido con respecto a los hechos hay dos fases: la que comprende hasta las once de la noche del 23 de febrero, y la que va desde esa hora hasta su arresto, y que ni en tina ni otra fase fue delictiva. "En la primera", precisó, "era ajeno a todo lo que pasaba, y en la segunda se limitó a buscar una salida a la situación. Por ello, esta defensa, desde ahora, debe pedir una sentencia absolutoria".
A partir de la conclusión del fiscal de que Armada aparece involucrado en los hechos a partir del 10 de enero de 1981, cuando ya meses antes Milans y Tejero tenían configurada la operación, el abogado Hermosilla afirmó que de ello se desprendía que a su defendido no puede considerársele como inductor de la misma. Rechazó la apreciación del fiscal, según la cual a partir de la fecha citada, en que se entrevistó en Valencia con Milans, el general Armada se habría comprometido en la operación y tomaría su mando en Madrid. A este respecto, recordó al tribunal que Armada era gobernador militar de Lérida y que no fue destinado a Madrid hasta días antes de los hechos, por lo que difícilmente podría dirigirla desde la capital de España.
En esta línea de argumentación, se preguntó cómo era posible que si su defendido era el jefe de la operación en Madrid, no hubiera asistido a la reunión de la calle del General Cabrera, que era fundamental para el posterior desarrollo de la misma. Se pregunta también Hermosilla cómo se entiende que si su defendido era el jefe en Madrid, Pardo Zancada, en vez de conocer por él lo que iba a pasar y lo que se esperaba de la División Acorazada Brunete, se dirigiera a Valencia para recibir esa información.
En su intento por desmontar los argumentos del fiscal, el abogado Hermosilla indicó que el mismo afirma que su defendido se comprometió en la operación tras las dos charlas mantenidas antes y después del almuerzo que celebró en Valencia el 10 de enero de 1981 con Milans y las respectivas esposas. Hermosilla objetó que Armada llegó a capitanía a las dos de la tarde y marchó dos horas después, y consideró que en ese corto espacio de tiempo, del que hay que detraer el empleado en el almuerzo con sus esposas, no pudieron, porlógica, repasar la situación política, económica y social, y preparar la operación.
"En esas reuniones", dijo Hermosilla, "se habló de la situación política, en efecto pero, el general Armada no conspiró con Milans, porque si nos atenemos a lo declarado por el propio Milans, en las reuniones se habló del descontento de Su Majestad por la gestión de Suárez, de las inquietudes en el seno del Ejército, y de la existencia de grupos violentos. Y de ahí a que mi patrocinado se incorporara a la conspiración va un abismo". En este sentido, dijo que el fiscal no ha aportado ninguna prueba concluyente.
A las doce de la mañana el presidente del tribunal levantó la sesión por espacio de veinte minutos.
Reanudada la sesión, el abogado Hermosilla insistió en la fragilidad de las pruebas que pretenden complicar a su defendido en la rebelión militar a partir de la entrevista que el 10 de enero mantuvo en Valencia con Milans. Dijo que, en base a las declaraciones del propio Milans, hay que concluir que éste dijo a su patrocinado que podría llevarse a cabo una acción violenta y, por tanto, no había nada concreto. Añadió que Milans se refirió a "posibles acciones violentas" en abstracto, "y, por cierto", precisó, "dijo que las llevarían a cabo otros". Es por ello por lo que Hermosilla consideró que nada permite asegurar que Milans propuso a Armada unirse a la operación y que su patrocinado aceptara.
En cuanto a la reunión de la calle del General Cabrera, recordó Hermosilla que Milans declaró que los grupos violentos que allí se dieron cita aceptaron que el general Armada llevara a cabo su proyecto político, para lo cual ellos tendrían que detener las acciones que tenían preparadas. "¿Cómo es que esas personas aceptaron?", se preguntó Hermosilla. "¿Acaso conocían tanto al general Armada? ¿Acaso se habían reunido con él y éste les había propuesto, comentado, insinuado o sugerido algo?. No."
No bastan suposiciones
Recordó luego que Milans declaró que actuó porque entendió que Armada era portador de órdenes superiores, y no confirmó este extremo porque su patrocinado le merecía total confianza, el abogado se preguntó cómo es posible que un capitán general saque las tropas a la calle porque le parece que un inferior es portador de órdenes superiores. Dijo Hermosilla que en la milicia no se actúa por suposiciones, sino por órdenes, y, en este sentido, el propio Milans había declarado que Armada no le dio instrucciones, ni las hubiera aceptado de un inferior.
Se preguntó también Hermosilla cómo Milans, si efectivamente creyó que Armada era portador de instrucciones superiores, no confirmó con el Rey este extremo y, en este sentido, por qué no pidió audiencia en la Zarzuela en las dos ocasiones en que vino a Madrid. entre el 10 de enero y el 23 de febrero. Tampoco se explicaba ayer Hermosilla cómo es posible que si, Armada era el jefe de la operación, en Madrid, no se hubiera visto, ni, hubiera mostrado interés en verse., con Milans en las dos ocasiones en que éste estuvo en Madrid.
"Esta defensa deduce", matizó el abogado, "que había un deseo de involucrar al general Armada en los hechos, por cuanto pudiera ser portador de la voluntad de alguien, al que nunca se consulta.
A las dos menos cuarto de la tarde, el presidente del tribunal, a petición del abogado Hermosilla, levantó la sesión hasta las cuatro.
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